La primera Mesa Regional de Inversión identificó iniciativas con potencial para generar más de 2.800 empleos. Economía comprometió gestionar sus principales trabas antes de terminar 2026, aunque su incorporación al mecanismo no equivale a permisos aprobados.
El Ministerio de Economía puso en marcha en Talcahuano la primera Mesa Regional de Inversión del país, instancia que comenzará a monitorear 19 proyectos energéticos, mineros, inmobiliarios y de infraestructura previstos para la Región del Biobío, con inversiones que en conjunto alcanzan US$1.945 millones y un potencial superior a 2.800 puestos de trabajo.
La mesa sesionó por primera vez el 25 de septiembre y forma parte de la implementación territorial de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, junto con el trabajo de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), organismo encargado de coordinar y monitorear el nuevo sistema de permisos sectoriales.
Durante la sesión se revisaron los principales obstáculos administrativos que enfrentan los proyectos y el Ministerio de Economía comprometió gestionar la agilización de la totalidad de las iniciativas identificadas antes de finalizar 2026.
Ese compromiso apunta a seguimiento, coordinación entre organismos y gestión de los denominados cuellos de botella. No significa que los 19 proyectos tengan sus autorizaciones pendientes aprobadas, que vayan a comenzar obras inmediatamente ni que los US$1.945 millones se encuentren completamente ejecutados.
Energía, minería e infraestructura concentran el catastro
El portafolio inicial reúne inversiones provenientes de cuatro grandes áreas: energía, minería, infraestructura e inmobiliario.
El catastro fue elaborado con participación de la OASI y permitió identificar iniciativas que atraviesan diferentes etapas de tramitación y enfrentan obstáculos relacionados con permisos o coordinación de organismos sectoriales.
La información difundida por el Ministerio de Economía no detalló individualmente en el anuncio los montos, fechas de construcción o estado regulatorio de cada una de las 19 iniciativas.
Por ello, la cifra de US$1.945 millones debe entenderse como el valor agregado del conjunto de proyectos incorporados a esta primera instancia de seguimiento y no como inversión que ya haya sido materializada durante 2026.
La misma distinción se aplica a los más de 2.800 empleos: corresponden al potencial de generación de puestos de trabajo asociado al portafolio, sujeto a que los proyectos avancen y sean ejecutados.
El objetivo: detectar dónde se detienen los proyectos
La metodología anunciada contempla revisar periódicamente el avance de cada iniciativa, identificar la institución responsable de los trámites pendientes y establecer compromisos para abordar los obstáculos administrativos detectados.
La mesa será presidida regionalmente por la Seremi de Economía y tendrá continuidad mediante nuevas sesiones.
En su lanzamiento participaron el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas; el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler; el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez; el seremi de Economía, Christian Cifuentes, además de titulares de iniciativas incorporadas al seguimiento.
El Gobierno Regional comprometió además la conformación de un equipo para trabajar junto al Ministerio de Economía en el monitoreo de los proyectos.
El mecanismo busca establecer una lógica similar a una oficina de gestión de proyectos, con revisión de avances, responsables y compromisos pendientes.
Una región con desempleo sobre el promedio nacional
La elección del Biobío para iniciar el programa ocurre en un contexto laboral complejo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación regional alcanzó 10,6% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, superior al 9,5% registrado a nivel nacional durante el mismo período.
La generación de empleo aparece así como uno de los principales argumentos detrás de la aceleración de proyectos de inversión en la región.
El efecto laboral efectivo, sin embargo, dependerá de cuáles iniciativas superen sus etapas regulatorias, obtengan financiamiento, alcancen una decisión de inversión y finalmente sean construidas.
La existencia de un proyecto dentro del catastro no garantiza por sí misma que todos los empleos estimados se materialicen.
Cómo funciona la nueva institucionalidad de permisos
Las Mesas Regionales forman parte de un cambio más amplio en el sistema de autorizaciones sectoriales chileno.
La Ley N°21.770, Marco de Autorizaciones Sectoriales, creó una estructura destinada a estandarizar procedimientos, establecer plazos, aumentar la trazabilidad de los expedientes y mejorar la coordinación entre los distintos organismos que entregan permisos.
Dentro de ese esquema se creó la OASI, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2026 como un órgano dependiente de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
Entre sus funciones se encuentran monitorear la tramitación de autorizaciones, coordinar instituciones y administrar herramientas destinadas a centralizar la información de los procedimientos.
La ley también incorporó la plataforma digital SUPER, mecanismos de tramitación paralela y fórmulas alternativas para determinados permisos de menor riesgo.
El diseño apunta a reducir tiempos administrativos, pero mantiene las competencias de los organismos sectoriales que deben evaluar cada autorización.
Seguimiento no equivale a rebajar exigencias
La incorporación de una iniciativa a la Mesa Regional de Inversión no modifica automáticamente las exigencias ambientales, técnicas, sanitarias, mineras, urbanísticas o de infraestructura que correspondan.
Cada proyecto debe continuar obteniendo los permisos aplicables según su naturaleza.
Esto significa que un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por ejemplo, seguirá dependiendo de su respectiva evaluación y de una eventual Resolución de Calificación Ambiental favorable cuando corresponda.
Lo mismo ocurre con permisos sectoriales entregados por organismos especializados.
El propósito de la mesa es identificar retrasos, mejorar la coordinación administrativa y hacer seguimiento de los expedientes, no sustituir las decisiones técnicas que corresponden a las autoridades competentes.
Modelo se extenderá a las 16 regiones
Biobío será la primera región en operar bajo este formato, pero el Ministerio de Economía pretende extender el mecanismo al resto del país durante los próximos meses.
El objetivo oficial es que todas las regiones hayan realizado una sesión de su respectiva Mesa Regional de Inversión antes de diciembre de 2026.
Cada instancia podrá además incorporar nuevas iniciativas que no estén contempladas en los catastros iniciales, por lo que los portafolios regionales podrán modificarse a medida que aparezcan nuevos proyectos o necesidades de coordinación.
En Biobío, el primer desafío ya quedó cuantificado: 19 proyectos, US$1.945 millones de inversión potencial y más de 2.800 empleos asociados.
El siguiente paso será determinar cuánto de ese portafolio consigue resolver sus obstáculos administrativos durante los próximos meses y qué iniciativas pueden avanzar posteriormente hacia ejecución. El compromiso anunciado apunta a gestionar los cuellos de botella antes del cierre de 2026, no a garantizar que todos los proyectos se encuentren construidos o plenamente operativos para esa fecha.
