La CNTC y la CNDC continuarán las conversaciones con el Ejecutivo para buscar una fórmula que permita trasladar las variaciones del combustible a las tarifas del transporte de carga. Los gremios también plantearon reparos por los efectos tributarios asociados al MEPCO.
Los principales gremios de camioneros descartaron, por ahora, una paralización nacional ante el riesgo de nuevas alzas del diésel y optaron por mantener las negociaciones con el Gobierno. La decisión fue comunicada tras una reunión sostenida este miércoles 30 de septiembre con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, en medio de la preocupación del sector por el aumento de los costos del combustible y su efecto sobre las empresas de transporte.
La reunión dio continuidad a las conversaciones que la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) habían iniciado con autoridades económicas durante los últimos días. El objetivo central es establecer un mecanismo que permita modificar las tarifas de los servicios de transporte cuando cambie de manera relevante el precio del diésel.
Sergio Pérez, presidente de la CNTC, explicó que el Ejecutivo y los gremios están trabajando en una herramienta que permita trasladar las variaciones del principal insumo del transporte por carretera a los valores cobrados por los servicios.
La propuesta busca evitar que los transportistas, especialmente pequeñas y medianas empresas, absorban completamente las alzas de combustible cuando los contratos de transporte mantienen tarifas previamente pactadas.
Gremios descartan un ultimátum y mantienen las conversaciones
La nueva reunión redujo, al menos temporalmente, la posibilidad de una movilización que había comenzado a instalarse durante los últimos días.
El lunes 28 de septiembre, representantes de la CNTC y la CNDC se reunieron con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, y plantearon una serie de medidas para enfrentar una eventual escalada en los precios. Entre ellas figuraba la creación mediante ley de un mecanismo de fuel surcharge, destinado a trasladar automáticamente las variaciones del diésel a los contratos de transporte.
Los dirigentes también solicitaron modificaciones relacionadas con el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y plantearon reparos por los efectos del impuesto específico sobre determinadas empresas del sector.
Pérez aseguró este miércoles que los camioneros no están planteando un ultimátum al Ejecutivo, aunque sostuvo que consideran necesaria una respuesta rápida debido al alcance que podría tener una nueva escalada de los combustibles sobre la actividad económica.
Juan Araya, presidente de la CNDC, confirmó a su vez que los gremios no proyectan actualmente una paralización y que las conversaciones continuarán durante la próxima semana.
Según el dirigente, el objetivo es conseguir un instrumento que permita a los transportistas reajustar sus tarifas cuando el combustible registre variaciones significativas. Araya sostuvo además que el transporte por carretera moviliza la mayor parte de la carga nacional, argumento con el que el gremio busca dimensionar el eventual efecto de un aumento sostenido de los costos sobre la cadena logística.
El problema del impuesto específico y el MEPCO
Uno de los puntos técnicos planteados por los camioneros se relaciona con la interacción entre el impuesto específico al diésel y el MEPCO.
Pérez sostuvo que, bajo determinadas condiciones, el componente variable utilizado para estabilizar los precios puede llevar el impuesto específico a valores negativos, situación que —de acuerdo con el gremio— genera efectos tributarios que no necesariamente pueden ser recuperados o incorporados posteriormente a las tarifas cobradas por los transportistas.
El dirigente cifró actualmente esa diferencia en cerca de $100 por litro para algunos operadores. La cifra corresponde al planteamiento realizado por el gremio y forma parte de las materias que están siendo discutidas con el Ejecutivo.
El problema no es completamente nuevo. El Ministerio de Hacienda ya había reconocido en modificaciones anteriores a la legislación que el componente variable del MEPCO podía llevar el impuesto específico del diésel a terreno negativo y generar efectos financieros sobre empresas de transporte de carga con derecho a recuperar parcialmente ese tributo.
El precio internacional mantiene la presión
La discusión ocurre mientras las referencias internacionales utilizadas para calcular el costo de importación del combustible han subido durante septiembre.
Los datos de ENAP muestran que el precio de paridad del diésel aumentó desde US$1.221,69 por metro cúbico el 10 de septiembre a US$1.380,26 el 24 de septiembre, una variación cercana al 13% en dos semanas.
Sin embargo, ese aumento de la referencia internacional no implica automáticamente una variación equivalente en el precio pagado por los consumidores chilenos.
El informe de ENAP correspondiente al período comprendido entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre estimó una variación de $0 por litro para el diésel, considerando, entre otros elementos, las reglas de funcionamiento del MEPCO. La empresa estatal también recalca que no fija los precios finales de venta al público, ya que estos son determinados por las compañías distribuidoras.
La preocupación del transporte apunta principalmente a lo que pueda ocurrir durante las próximas semanas si las presiones internacionales persisten y terminan siendo incorporadas progresivamente al mercado interno.
A ese escenario se sumó la posibilidad de que Estados Unidos limite sus exportaciones de diésel. Chile importa una parte relevante de este combustible desde ese mercado, por lo que eventuales restricciones podrían obligar a buscar proveedores alternativos y elevar los costos logísticos de abastecimiento.
La próxima reunión será clave para definir el mecanismo
Por ahora, el conflicto permanece abierto, pero sin convocatoria a paralización.
El subsecretario Koehler continuará actuando como interlocutor entre los gremios y las distintas carteras económicas mientras se analiza una fórmula que permita vincular con mayor claridad las tarifas del transporte de carga con las variaciones del combustible.
La próxima reunión está prevista para la semana siguiente. Allí deberá avanzar la discusión sobre el mecanismo de reajuste, los efectos tributarios asociados al MEPCO y las alternativas para contener el impacto de futuras alzas.
La decisión de los camioneros de mantener las conversaciones evita, por el momento, una interrupción del transporte de carga, pero no elimina el problema de fondo: cómo distribuir entre transportistas, clientes y consumidores el mayor costo que podría generar un nuevo ciclo de alzas del diésel.
