La certeza jurídica en inversión se instala como uno de los ejes más disruptivos de la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. En el centro de esta propuesta, el ministro de Economía, Daniel Mas, confirmó un cambio estructural en la relación entre el Estado y los inversionistas: si un proyecto cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y posteriormente es rechazado en instancias judiciales, los gastos incurridos deberán ser reembolsados por el Estado. La medida busca corregir una de las principales fricciones del sistema de evaluación ambiental en Chile, donde proyectos técnicamente aprobados enfrentan largos procesos de impugnación que elevan costos, retrasan decisiones y, en muchos casos, terminan por paralizar inversiones estratégicas, particularmente en sectores como minería y energía.
El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia orientada a reactivar la economía y duplicar las tasas de crecimiento, pasando del actual rango cercano al 2% a niveles del 4%. Para ello, el Ejecutivo apuesta a destrabar proyectos de gran escala, donde la incertidumbre regulatoria ha sido identificada como uno de los principales inhibidores de inversión en la última década.
Seguro estatal para proyectos aprobados
Según detalló Mas, el mecanismo operará como una especie de “seguro” para los titulares de proyectos. En términos concretos, si una iniciativa obtiene su RCA —tras el proceso de evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental— y luego es invalidada o rechazada por tribunales, el Estado deberá asumir los costos ya ejecutados.
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Este esquema apunta a resolver un problema recurrente en el sistema:
Proyectos aprobados enfrentan judicialización prolongada.
Se generan sobrecostos financieros por retrasos.
Aumenta la incertidumbre para inversionistas locales y extranjeros.
Se desincentiva la ejecución de iniciativas ya visadas técnicamente.
“Los gastos se devuelven y lo asume el Estado. Es un cambio bien relevante en cuanto a certezas”, afirmó el ministro, subrayando que la medida busca evitar la postergación innecesaria de inversiones.
Invariabilidad tributaria y foco en grandes proyectos
El fortalecimiento de la certeza jurídica no se limita al ámbito ambiental. La reforma incorpora también un régimen de invariabilidad tributaria por hasta 25 años para proyectos de inversión superiores a US$50 millones, rescatando elementos del histórico DL 600.
El objetivo es claro: ofrecer reglas estables en el tiempo para decisiones de largo plazo, especialmente en industrias intensivas en capital como la minería. Según explicó Mas, este tipo de instrumentos permitió en el pasado niveles de inversión extranjera cercanos al 11% del PIB, cifra que hoy bordea el 3%.
En paralelo, la propuesta incluye la rebaja del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, medida que —de acuerdo con el gobierno— impactaría a cerca de 150 mil empresas y beneficiaría indirectamente a unos cinco millones de trabajadores.
Crédito al empleo y reactivación de corto plazo
Otro componente relevante es el crédito tributario al empleo, enfocado en pequeñas y medianas empresas. Este instrumento contempla una devolución equivalente al 15% del sueldo bruto para trabajadores que perciban el salario mínimo, lo que se traduce en una inyección de liquidez estimada en US$1.400 millones anuales.
El diseño busca generar efectos inmediatos:
Reducir el costo de contratación formal.
Incentivar la incorporación de trabajadores informales.
Mejorar la liquidez de las pymes.
Impacto en minería y sectores estratégicos
En el caso de la minería, donde los proyectos suelen involucrar inversiones multimillonarias y plazos extensos, la combinación de certeza jurídica, invariabilidad tributaria y reducción de cargas impositivas podría modificar significativamente el panorama de inversión.
La posibilidad de contar con un respaldo estatal ante eventuales cambios judiciales posteriores a la aprobación ambiental introduce un nuevo estándar en la gestión de riesgos, alineado con la necesidad de acelerar iniciativas en un contexto de creciente demanda global por minerales críticos.
Con estos ajustes, el gobierno busca reposicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión, aunque el debate legislativo definirá el alcance final de una de las reformas más ambiciosas de los últimos años.
