La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el 21 de octubre de 2026, por 11 votos a favor y ninguno en contra, un informe que apunta a los ejecutivos de Codelco por las irregularidades en las cifras de producción de cobre correspondientes a 2025. La instancia consideró especialmente grave el impacto de estos hechos sobre la credibilidad de la minera estatal y planteó que el daño causado a su reputación debe ser reparado.
Las conclusiones parlamentarias también cuestionan la efectividad de los controles internos y las facultades de fiscalización de los organismos encargados de supervisar a la principal empresa minera del Estado.
El informe contempla 13 puntos y propone modificaciones para reforzar la transparencia, delimitar las responsabilidades de los ejecutivos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Sin embargo, su aprobación no constituye una sentencia judicial ni determina por sí misma responsabilidades penales. Esas materias continúan sujetas a las investigaciones de los organismos competentes.
Las 26.875 toneladas que originaron la investigación
El caso comenzó a tomar forma después de que Codelco recibiera, el 3 de marzo de 2026, una denuncia a través de sus canales institucionales relacionada con posibles irregularidades en el registro de producción del año anterior.
La revisión interna concluyó el 20 de mayo y confirmó desviaciones en la aplicación de las normas que determinan cuándo un material puede contabilizarse como producción terminada.
Las inconsistencias afectaron a dos importantes divisiones de la empresa:
- Chuquicamata: 20.000 toneladas métricas de cobre fino contenidas en óxidos.
- Ministro Hales: 6.875 toneladas métricas de cobre fino contenidas en arsenito de calcio.
En conjunto, las 26.875 toneladas representaban aproximadamente el 2% de la producción propia que Codelco había informado para 2025.
El problema no consistió necesariamente en la inexistencia física de todo ese material. La auditoría estableció que los productos todavía requerían procesamiento adicional y no cumplían las condiciones internas para ser reconocidos como producción terminada.
Por lo tanto, debieron permanecer registrados como materiales en proceso.
La distinción es relevante porque las cifras de producción terminada se utilizan para evaluar el desempeño operacional y calcular determinados incentivos económicos asociados al cumplimiento de metas.
Codelco también estableció que las inconsistencias no hacían necesario modificar sus estados financieros auditados al cierre de 2025, aunque sí correspondía corregir la información productiva divulgada.
Diputados responsabilizan a quienes autorizaron las cifras
Uno de los aspectos centrales de las conclusiones parlamentarias es la diferenciación entre las responsabilidades de los trabajadores y las decisiones adoptadas por los ejecutivos.
El presidente de la comisión, diputado Cristián Tapia, sostuvo que la responsabilidad debe concentrarse en quienes autorizaron y firmaron los registros cuestionados, y no atribuirse indiscriminadamente a los trabajadores de las divisiones involucradas.
La discusión adquiere especial relevancia por los bonos asociados al cumplimiento de metas productivas.
La investigación interna de Codelco había identificado responsabilidades administrativas relacionadas con siete ejecutivos y un exejecutivo de Casa Matriz, Chuquicamata y Ministro Hales.
Como consecuencia, la estatal dispuso la desvinculación de un ejecutivo, amonestaciones a otros profesionales involucrados y la revisión de los incentivos variables calculados sobre las cifras cuestionadas.
También instruyó gestionar los mecanismos de recuperación de los pagos que correspondiera recalcular, respetando la normativa vigente.
Durante el trabajo parlamentario, Tapia cuestionó además la entrega de antecedentes por parte de determinadas áreas de la empresa, asegurando que la comisión enfrentó dificultades para acceder a toda la información solicitada.
Estas observaciones forman parte de la evaluación política de los parlamentarios y deben distinguirse de las responsabilidades individuales que puedan establecer los procesos administrativos o judiciales.
Proponen ampliar las responsabilidades y fortalecer la fiscalización
El informe no se limita a identificar las deficiencias detectadas durante 2025.
Entre sus recomendaciones figura reforzar las obligaciones de transparencia y los mecanismos de control aplicados a las cifras de producción de Codelco.
También se plantea que las responsabilidades de los ejecutivos no se extingan inmediatamente después de abandonar sus cargos, proponiendo extender su alcance hasta un año después de dejar el directorio.
Se trata de una recomendación parlamentaria, no de una modificación legal que ya se encuentre vigente.
Otro de los puntos que concentra los cuestionamientos es el papel de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), organismo que tiene atribuciones de fiscalización sobre Codelco y la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Los integrantes de la comisión cuestionaron la capacidad del organismo para detectar oportunamente las irregularidades y plantearon revisar la coexistencia de sus funciones de asesoría y fiscalización.
La diputada Valentina Cáceres criticó el cumplimiento de las tareas fiscalizadoras de Cochilco, mientras que otros integrantes de la instancia propusieron auditorías más exhaustivas y modificaciones legales que permitan fortalecer su supervisión.
El debate apunta a determinar si los mecanismos actuales permiten comprobar de manera independiente que los registros de producción, inventarios y resultados operacionales reflejen correctamente la actividad de la empresa.
Contraloría prepara un informe que podría establecer nuevas responsabilidades
La Contraloría General de la República desarrolla una investigación paralela sobre las inconsistencias productivas.
Su titular, Dorothy Pérez, participó el 20 de octubre en la comisión parlamentaria y detalló aspectos del proceso fiscalizador que el organismo ha realizado en Codelco.
La contralora explicó que la revisión contempla el análisis de antecedentes técnicos, controles y decisiones relacionadas con el registro de la producción.
También precisó que Cochilco mantiene el papel de fiscalizador directo de la empresa, sin perjuicio de las atribuciones que permiten intervenir a la Contraloría cuando existen antecedentes que comprometen el patrimonio público.
El organismo espera concluir su informe durante diciembre de 2026, una vez completadas las etapas de revisión y análisis de los descargos correspondientes.
Ese documento será relevante para establecer qué decisiones, omisiones o incumplimientos pudieron contribuir a las irregularidades investigadas.
Hasta su emisión, no corresponde dar por determinadas responsabilidades adicionales ni cuantificar perjuicios económicos que todavía están siendo examinados.
Aparecen nuevas inconsistencias en otras operaciones de Codelco
Mientras la comisión parlamentaria cerraba su trabajo, Codelco abrió un segundo frente de investigación.
El 6 de octubre, la estatal reconoció nuevos antecedentes sobre posibles duplicaciones en la contabilización de cobre entre las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.
La situación se relaciona con material que habría sido registrado como producción por más de una división, lo que podría haber incrementado artificialmente las cifras consolidadas.
A diferencia de las 26.875 toneladas detectadas en el primer caso, la magnitud de estas posibles duplicaciones todavía no ha sido establecida.
Codelco encargó a EY una auditoría independiente para examinar los nuevos antecedentes, mientras KPMG continúa con una revisión más amplia de los registros productivos de 2024 y 2025.
La empresa también entregó los antecedentes al Ministerio Público para que sean considerados dentro de las investigaciones correspondientes.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, aseguró ante la comisión parlamentaria que la compañía buscará esclarecer las responsabilidades individuales y las deficiencias de control que permitieron las inconsistencias.
Asimismo, indicó que, si se acredita un perjuicio patrimonial, se utilizarán los mecanismos disponibles para perseguir su restitución.
Qué falta para cerrar el caso
La aprobación del informe parlamentario representa el término de una etapa de fiscalización, pero no el cierre de las investigaciones.
Las conclusiones deben seguir su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras continúan las auditorías independientes, las actuaciones de Contraloría y la investigación del Ministerio Público.
Quedan pendientes asuntos centrales: establecer el alcance completo de las inconsistencias de 2024 y 2025, determinar eventuales daños económicos, resolver la recuperación de incentivos pagados sobre cifras incorrectas e identificar las responsabilidades que correspondan.
También está por definirse si las recomendaciones legislativas y administrativas se traducirán en cambios efectivos en la fiscalización de la minera estatal.
Por ahora, el hecho confirmado es que Codelco reconoció errores en sus registros de producción y adoptó medidas disciplinarias. La comisión parlamentaria elevó los cuestionamientos hacia los ejecutivos y los mecanismos de supervisión.
La siguiente etapa será determinar hasta dónde llegan las responsabilidades y si los nuevos antecedentes amplían la magnitud de las irregularidades conocidas.
REDIMIN Responde
¿Qué irregularidades se detectaron en las cifras de producción de Codelco para 2025?
Se detectaron inconsistencias en el registro de 26.875 toneladas métricas de cobre fino, que representaban aproximadamente el 2% de la producción propia informada por Codelco para 2025. Estas inconsistencias afectaron a las divisiones de Chuquicamata y Ministro Hales, y se debieron a que los productos todavía requerían procesamiento adicional y no cumplían las condiciones para ser reconocidos como producción terminada.
¿Qué medidas se propusieron para reforzar la transparencia en Codelco?
El informe de la Comisión Especial Investigadora propone reforzar las obligaciones de transparencia y los mecanismos de control aplicados a las cifras de producción de Codelco. También se sugiere que las responsabilidades de los ejecutivos se extiendan hasta un año después de dejar sus cargos, aunque esta es una recomendación parlamentaria y no una modificación legal vigente.
¿Qué acciones tomó Codelco tras identificar las irregularidades en la producción?
Codelco dispuso la desvinculación de un ejecutivo, amonestaciones a otros profesionales involucrados y la revisión de los incentivos variables calculados sobre las cifras cuestionadas. Además, instruyó gestionar los mecanismos de recuperación de los pagos que correspondiera recalcular, respetando la normativa vigente.
¿Qué papel juega Cochilco en la fiscalización de Codelco?
Cochilco tiene atribuciones de fiscalización sobre Codelco y la Empresa Nacional de Minería (Enami). Sin embargo, la comisión parlamentaria cuestionó su capacidad para detectar oportunamente las irregularidades y propuso auditorías más exhaustivas y modificaciones legales para fortalecer su supervisión.
¿Qué nuevas inconsistencias se investigan en Codelco?
Codelco reconoció nuevos antecedentes sobre posibles duplicaciones en la contabilización de cobre entre las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025. La empresa encargó a EY una auditoría independiente para examinar estos nuevos antecedentes, mientras KPMG continúa con una revisión más amplia de los registros productivos de esos años.
