La continuidad de Los Pelambres y nuevas desaladoras destacan en la cartera. Gremios reclaman mayor agilidad, mientras Economía destaca el avance de las aprobaciones.
La Región de Coquimbo registra, al 23 de septiembre de 2026, 13 proyectos en evaluación ambiental por más de US$3.396 millones. De ese total, más de US$2.500 millones corresponden a iniciativas con plazos suspendidos. La cartera incluye inversiones para prolongar operaciones mineras y ampliar el suministro de agua.
Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), cuestionó la lentitud de las autorizaciones y la judicialización. Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial regional, pidió agilizar los proyectos sin eludir las exigencias ambientales.
La discusión ocurre en una región que registró una tasa de desocupación de 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ese contexto laboral explica parte de la presión por concretar nuevas inversiones.
Qué hay detrás de los plazos suspendidos
El seremi de Economía, Martín Argaluza, explicó que parte de las suspensiones corresponde a titulares que preparan respuestas a observaciones. También destacó que durante 2026 se aprobaron diez iniciativas por US$810,5 millones, frente a ocho por unos US$560 millones en todo 2025: un incremento cercano al 45% en el monto con calificación favorable.
El procedimiento ambiental contempla estas pausas. Cuando la autoridad solicita aclaraciones, rectificaciones o antecedentes adicionales, se suspende el cómputo del plazo de evaluación mientras el responsable del proyecto prepara su respuesta, denominada adenda. La tramitación continúa una vez presentada o cuando vence el plazo establecido para entregarla.
Por eso, la condición de suspendido, por sí sola, no permite concluir que exista un rechazo ni atribuir toda la espera a una demora de los organismos públicos. Para determinar las causas y responsabilidades es necesario revisar las actuaciones de cada expediente.
Los Pelambres y Delta buscan extender sus operaciones
El proyecto de Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres considera US$2.000 millones y permanece en calificación ambiental. Admitido a evaluación en diciembre de 2024, busca prolongar las operaciones más allá de 2035, con un horizonte estimado hasta 2051.
La propuesta contempla incorporar alrededor de 1.200 millones de toneladas de reservas adicionales y ampliar la capacidad del tranque El Mauro. Su objetivo declarado es mantener la producción promedio anual de cobre fino, compensando la caída de la ley del mineral mediante modificaciones en la extracción y el procesamiento. También considera aumentar el suministro de agua desalinizada y cesar las extracciones de aguas superficiales para fines productivos después de 2035.
En Ovalle, el proyecto de Continuidad y Optimización Operacional del Complejo Productivo Sur, conocido como explanta Delta, propone extender por veinte años adicionales las operaciones autorizadas. Para ello contempla ampliar los depósitos de residuos mineros e incorporar una planta de filtrado de relaves.
Su evaluación también muestra cuáles son las materias pendientes. El 8 de septiembre, el Consejo Regional aprobó un informe técnico que reconoce compatibilidad territorial con observaciones, pero exige acreditar el cumplimiento de las condiciones aplicables a las áreas de riesgo. Además, solicitó profundizar la relación del proyecto con la estrategia regional e incorporar un análisis del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Ese pronunciamiento forma parte de la evaluación y no equivale a una autorización ambiental definitiva.
Desaladoras: adjudicar una concesión y autorizar las obras son etapas distintas
La planta desaladora proyectada en la Ensenada de Panul, en Coquimbo, permite observar otra diferencia entre los avances administrativos y la ejecución de una inversión.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión a Sacyr mediante un decreto publicado el 11 de abril de 2026. La iniciativa considera una inversión estimada de US$318 millones y una capacidad inicial de 800 litros por segundo, con una capacidad total prevista de 1.200 litros por segundo.
La adjudicación definió quién desarrollará el proyecto. Sin embargo, el MOP estableció que la construcción requiere obtener la Resolución de Calificación Ambiental, además de cumplir otros requisitos. Para esa etapa, la cartera estima unos 1.000 empleos promedio mensual, una proyección asociada a la ejecución futura de las obras.
En La Serena, otra iniciativa de desalación contempla una inversión estimada de US$370 millones en Punta Porotos, unos 18 kilómetros al norte de la ciudad. Su diseño propone comenzar con 500 litros por segundo y aumentar gradualmente hasta 2.000 litros por segundo desde el undécimo año de operación. El proyecto incluye obras marítimas, conducción de agua e infraestructura eléctrica, todas sometidas a evaluación.
San Cayetano: una evaluación que volvió atrás por orden judicial
El proyecto minero San Cayetano, de la Sociedad Comercial Importadora y Exportadora Dicave Limitada, enfrenta una trayectoria diferente. En abril de 2026, el Primer Tribunal Ambiental dejó sin efecto su rechazo y ordenó retrotraer la evaluación.
El tribunal determinó que la empresa no había contado con una oportunidad suficiente para responder cuestionamientos técnicos derivados de observaciones ciudadanas sobre polvo, ruido y vibraciones antes de recibir una calificación desfavorable. Por ello, ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental emitir un nuevo requerimiento de antecedentes.
En julio, el SEA dispuso devolver el procedimiento a la etapa correspondiente al 28 de marzo de 2022. El efecto de esa decisión es reabrir la revisión del proyecto: la autoridad debe completar las actuaciones ordenadas y evaluar las respuestas antes de adoptar una nueva calificación ambiental.
