El biministro de Economía y Minería expuso ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara los alcances del primer proyecto minero del Gobierno, que busca simplificar el régimen de patentes, ampliar beneficios y reducir trabas para productores de baja escala.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió en el Congreso las medidas incluidas en el proyecto de ley que modifica el régimen de patentes mineras, una iniciativa que el Ejecutivo presenta como parte de su agenda para fortalecer la pequeña minería y dar mayor certeza a productores que enfrentan altos costos, trámites complejos y baja capacidad de inversión.
La autoridad abordó el tema en una sesión especial de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde explicó los cambios que el Gobierno busca introducir al sistema vigente. Según informó el Ministerio de Minería, el objetivo es simplificar el acceso a patentes rebajadas, eliminar requisitos considerados restrictivos y reducir la carga asociada a concesiones que no han podido entrar en actividad productiva.
La discusión ocurre en un momento sensible para la minería de menor escala. La pequeña minería depende de márgenes estrechos, acceso limitado a financiamiento, disponibilidad de plantas de procesamiento, permisos sectoriales y condiciones de compra de minerales. En ese escenario, el costo de mantener concesiones puede transformarse en una barrera para productores que exploran, preparan labores o intentan reactivar faenas.
Qué propone el proyecto de patentes mineras
El eje central de la iniciativa es modificar el régimen de patentes establecido en el Código de Minería. El Gobierno plantea que el esquema actual contiene requisitos que, en la práctica, dificultan que pequeños productores accedan a rebajas o mantengan concesiones mientras avanzan hacia una operación efectiva.
Entre los cambios informados por el Ejecutivo se consideran tres puntos relevantes. Primero, facilitar el acceso a la patente rebajada, eliminando exigencias vinculadas a parentesco, tipos societarios y límite de 500 hectáreas. Segundo, suprimir el aumento progresivo de ciertas patentes para quienes no han podido desarrollar actividad. Tercero, ampliar los beneficiarios, de modo que no solo el concesionario pueda postular, sino también arrendatarios u otros actores que exploten legítimamente una mina.
La medida apunta a corregir un problema conocido en la minería de baja escala: muchos productores no son titulares directos de la concesión, sino que operan mediante arriendos, asociaciones u otros acuerdos con propietarios. Bajo esa realidad, limitar los beneficios solo al concesionario deja fuera a faenas que sí desarrollan actividad minera o que buscan reactivarse.
Mas ya había presentado los lineamientos generales del proyecto a comienzos de junio, cuando el Ministerio de Minería informó que la iniciativa incorporaría una nueva causal de rebaja asociada a actividades de exploración minera. Ese punto es relevante porque la exploración no siempre genera ingresos inmediatos, pero sí demanda inversión, trabajo técnico y mantención de pertenencias.
El argumento del Ejecutivo
En su defensa ante los parlamentarios, el biministro sostuvo que el proyecto busca reducir incertidumbre y facilitar que la propiedad minera se traduzca en actividad productiva. La lógica del Gobierno es que el régimen de patentes debe desincentivar la especulación, pero sin castigar a productores de menor escala que enfrentan demoras técnicas, financieras o regulatorias para poner en marcha sus operaciones.
“Necesitamos más proyectos y necesitamos más inversión”, señaló Mas, según la información difundida por la cartera. La frase resume el énfasis político de la propuesta: mover concesiones hacia exploración, explotación y empleo, en lugar de mantenerlas inmovilizadas por costos o exigencias difíciles de cumplir.
La discusión también se conecta con una preocupación recurrente en el sector: la necesidad de separar a quienes retienen propiedad minera con fines especulativos de quienes efectivamente buscan producir. Para la pequeña minería, esa distinción es clave, porque un diseño demasiado exigente puede afectar a productores que no especulan, sino que operan con menor escala, menor acceso a capital y ciclos de trabajo más irregulares.
Por qué importa para la pequeña minería
La pequeña minería cumple un rol económico y territorial distinto al de la gran minería. Su impacto se concentra en comunas mineras, proveedores locales, plantas de beneficio, transporte, servicios, empleo familiar y encadenamientos productivos en regiones como Atacama, Coquimbo, Antofagasta y Valparaíso.
De acuerdo con antecedentes expuestos en el Senado durante sesiones sobre pequeña minería y ENAMI, la Empresa Nacional de Minería cuenta con 990 productores empadronados, de los cuales el 93% extrae cobre y oro, según informó el Senado. Esa cifra muestra el tamaño del universo directamente vinculado a la política pública de fomento y compra de minerales.
ENAMI es un actor crítico en esa cadena. La estatal compra, procesa y comercializa producción de pequeños y medianos mineros, permitiendo que productores que no tienen planta propia accedan al mercado formal. En su presentación corporativa de marzo de 2026, la empresa remarca ese rol de articulación entre productores de baja escala y la cadena industrial del cobre y otros minerales.
Por eso, cualquier cambio al régimen de patentes tiene efectos más amplios que el pago anual de una concesión. Puede incidir en la continuidad de faenas, la formalización, la exploración de nuevos recursos, la planificación minera y la posibilidad de que productores pequeños mantengan actividad en ciclos de precios o costos adversos.
Datos clave
Autoridad: Daniel Mas, biministro de Economía y Minería.
Instancia: Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
Proyecto: modificación al régimen de patentes mineras.
Foco: pequeña minería y productores de baja escala.
Medidas principales: acceso más simple a patente rebajada, eliminación de requisitos de parentesco, tipos societarios y límite de 500 hectáreas; eliminación de patente progresiva en ciertos casos; ampliación de beneficiarios.
Actor relacionado: ENAMI, por su rol de fomento, compra y procesamiento para pequeños y medianos productores.
El vínculo con permisos, productividad y exploración
La reforma de patentes no resuelve por sí sola los problemas estructurales de la pequeña minería. El sector sigue enfrentando desafíos en seguridad, financiamiento, disponibilidad de plantas, formalización, información geológica, cumplimiento ambiental y acceso a tecnología. Sin embargo, sí apunta a una variable sensible: el costo regulatorio de sostener una concesión minera mientras se intenta convertirla en producción.
En abril, el Senado recibió al ministro Daniel Mas, al subsecretario de Minería, Álvaro González, a ENAMI y a asociaciones de pequeños mineros de Atacama y Coquimbo para abordar la política de fomento a la pequeña minería. Esa agenda mostró que el debate no se limita a patentes, sino que involucra la continuidad operacional de ENAMI, el financiamiento de programas de fomento y la modernización de instrumentos públicos.
En paralelo, el Ministerio abrió el concurso PAMMA Equipa y Desarrolla 2026, destinado a pequeños productores mineros. Este tipo de instrumentos busca apoyar equipamiento y capacidades productivas, pero su impacto depende de que las faenas tengan condiciones legales, técnicas y económicas para operar.
Qué observará la industria
La tramitación legislativa será observada por productores, asociaciones mineras regionales, ENAMI y titulares de concesiones, porque definirá el alcance real de los beneficios. Un punto clave será cómo se acreditará la explotación legítima por parte de arrendatarios u operadores que no son dueños de la concesión, y qué requisitos se exigirán para acceder a rebajas sin abrir espacios a uso especulativo.
También será relevante si el proyecto logra equilibrar dos objetivos que no siempre son fáciles de compatibilizar: evitar la acumulación improductiva de pertenencias y, al mismo tiempo, no sobrecargar a la pequeña minería con exigencias diseñadas para actores de mayor tamaño.
Para la industria, el debate marcará el tono de la agenda minera del Gobierno en materia de concesiones, fomento y productividad. Si el Congreso aprueba cambios efectivos, la señal para los productores de menor escala será clara: el sistema de patentes comenzaría a reconocer mejor la realidad operacional de la pequeña minería, donde muchas faenas avanzan con capital limitado, plazos largos y alta dependencia del soporte público y regional.
