La modificación al Reglamento del SEIA elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables. Cinco proyectos nuevos y dos modificaciones vinculadas a centros de datos mantienen consultas de pertinencia ante la autoridad ambiental.
La expansión de los data centers en Chile está abriendo un nuevo frente regulatorio. Siete iniciativas vinculadas a centros de datos mantienen consultas de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para determinar si deben someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en un escenario marcado por un cambio reglamentario que multiplicó por más de doce veces el umbral de almacenamiento de sustancias inflamables que activa una de las causales de ingreso.
El umbral pasó de 80 a 1.000 toneladas
El cambio proviene del Decreto Supremo N.º 17 de 2025 del Ministerio del Medio Ambiente, firmado el 17 de julio de ese año y publicado en el Diario Oficial el 21 de enero de 2026, fecha en que entró en vigencia.
La modificación reemplazó el umbral que obligaba a considerar el ingreso al SEIA por una capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables igual o superior a 80 toneladas, elevándolo a 1.000 toneladas. El Ministerio del Medio Ambiente justificó el ajuste como parte de una actualización de distintas tipologías de ingreso, buscando armonizar el reglamento ambiental con normas sectoriales y concentrar la evaluación en proyectos susceptibles de generar impactos ambientales relevantes.
El aumento resulta particularmente significativo para los data centers: instalaciones capaces de almacenar varios cientos de toneladas de diésel pueden quedar bajo este umbral específico.
Eso no significa, sin embargo, que automáticamente queden exentas del SEIA. Los proyectos todavía deben revisar si configuran otras causales de ingreso vinculadas, por ejemplo, a infraestructura eléctrica, generación de energía, localización o modificaciones de proyectos previamente aprobados.
Los siete proyectos bajo consulta
Entre las iniciativas actualmente vinculadas a este proceso aparece Data Center Alto Jahuel Campus Sur, que GR Huiña SpA proyecta construir en Buin. La consulta fue presentada el 29 de mayo de 2026 y continúa en análisis. Los antecedentes describen un centro de datos acompañado por infraestructura eléctrica, climatización, sistemas contra incendios, una línea eléctrica soterrada y una subestación reductora. El expediente registra una inversión estimada de US$20 millones.
En Valparaíso, Data Center La Pólvora, impulsado por DCI La Pólvora SpA, ingresó su consulta el 30 de julio. La documentación revisada para la iniciativa considera una capacidad de almacenamiento de combustible de 990 toneladas, apenas diez toneladas por debajo del nuevo umbral reglamentario.
A ellos se suma el Centro de Almacenamiento de Datos Puente Alto, presentado el 31 de agosto por Inmobiliaria STPA SpA. Los antecedentes consignan alrededor de 756 toneladas de combustible. La iniciativa aparece como un proyecto nuevo y permanece en análisis ante el SEA.
El proyecto más reciente del grupo es Data Center Polpaico Campus Norte, que GR Culle SpA pretende desarrollar en Tiltil. La consulta fue presentada el 17 de septiembre de 2026 y el titular declara una capacidad de almacenamiento de combustible inferior a 1.000 toneladas. Al 21 de septiembre, el procedimiento continuaba abierto.
Cerrillos vuelve al centro de la discusión
Otro caso corresponde a Data Center Cerrillos, impulsado por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. La nueva consulta fue ingresada el 29 de julio como proyecto nuevo, con una inversión declarada de US$200 millones y cerca de 32.700 metros cuadrados construidos dentro de un predio de aproximadamente 23 hectáreas.
La iniciativa contempla edificios para servidores, grupos electrógenos, sistemas de enfriamiento, una subestación y conexiones eléctricas subterráneas. Los antecedentes revisados sitúan su almacenamiento de combustible en torno a 695,5 toneladas, también por debajo del nuevo umbral.
Cerrillos arrastra además una historia ambiental anterior. Un proyecto del mismo titular obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable en 2020, pero en febrero de 2024 el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente esa aprobación y ordenó retrotraer el procedimiento para incorporar los efectos del cambio climático en la evaluación del componente hídrico, tras detectar falta de antecedentes suficientes respecto de potenciales impactos sobre el acuífero Santiago Central.
La discusión sobre el agua llevó posteriormente a reformular el sistema de refrigeración originalmente previsto, sustituyendo tecnologías intensivas en consumo hídrico por sistemas de enfriamiento mediante aire.
ODATA y Scala buscan modificar proyectos existentes
Las otras dos consultas corresponden a cambios sobre iniciativas que ya cuentan con antecedentes ambientales previos.
En San Bernardo, Lo Espejo Data Center SpA mantiene desde noviembre de 2025 una consulta por modificaciones al proyecto ODATA San Bernardo. El expediente la clasifica como una modificación con RCA y permanece en análisis. Entre los cambios se encuentra infraestructura destinada a aumentar la capacidad eléctrica de la subestación ODATA, mientras los antecedentes asociados al proyecto registran alrededor de 731 toneladas de diésel.
En Huechuraba, en tanto, continúa abierta una consulta denominada “Cambios al Proyecto Ampliación Data Center Campus Scala Huechuraba”, presentada en julio de 2025 como modificación de una iniciativa con RCA. La ampliación original de Scala había ingresado mediante Declaración de Impacto Ambiental en 2024 y recibió aprobación ambiental en marzo de 2025, con una inversión declarada de US$145,2 millones.
Una consulta no equivale a una autorización ambiental
La consulta de pertinencia es un procedimiento voluntario mediante el cual un titular solicita al SEA un pronunciamiento sobre si un proyecto o modificación debe ingresar obligatoriamente al sistema. Su resolución no constituye una autorización ambiental ni reemplaza una evaluación de impacto ambiental.
El propio SEA establece que el pronunciamiento se basa en los antecedentes entregados por el proponente y tampoco limita las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, que puede posteriormente requerir el ingreso obligatorio de una iniciativa al SEIA si determina que corresponde.
Además, desde febrero de 2026 está vigente un criterio específico del SEA para proyectos de data centers, que aborda sus principales componentes, infraestructura energética, sistemas de refrigeración, almacenamiento de sustancias peligrosas y otras condiciones que pueden determinar su ingreso al sistema.
El escenario combina así dos procesos paralelos: Chile intenta ampliar su capacidad de infraestructura digital para responder al crecimiento del almacenamiento en la nube y la inteligencia artificial, mientras el marco ambiental comienza a adaptarse a instalaciones que demandan grandes cantidades de electricidad, terrenos con infraestructura especializada y sistemas de respaldo energético.
La resolución de las siete consultas será relevante para establecer cómo el nuevo umbral de sustancias inflamables comienza a aplicarse en la práctica a una industria cuya expansión ya está modificando la demanda energética y territorial de la Región Metropolitana y otras zonas del país.
