César Márquez, desvinculado tras la auditoría que detectó desviaciones en el registro de cerca de 26.875 toneladas de cobre, solicitó su reincorporación o el pago de indemnizaciones. La acción judicial menciona a los exlíderes de la corporación Rubén Alvarado y Máximo Pacheco.
El conflicto por las cifras de producción de Codelco en 2025 escaló desde la auditoría interna hasta los tribunales laborales. El exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de la estatal, César Márquez, presentó una demanda contra la corporación en la que cuestiona su despido, acusa presiones de la alta administración para superar el resultado productivo de 2024 y exige pagos que en conjunto superan los $1.440 millones.
La acción fue ingresada el 6 de julio ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Márquez, quien trabajó durante dos décadas en Codelco, había sido desvinculado el 20 de mayo, después de que una revisión interna determinara responsabilidades asociadas al reconocimiento de materiales que todavía requerían procesamiento adicional.
El exejecutivo solicita como primera opción ser reincorporado en el mismo cargo, manteniendo su remuneración y recuperando los pagos correspondientes al período en que ha permanecido fuera de la empresa. De manera subsidiaria, pide indemnizaciones por años de servicio, vacaciones pendientes, incentivos ejecutivos, diferencias en bonos y daño moral.
La primera audiencia preparatoria quedó programada para el 26 de mayo de 2027, por lo que el litigio abrirá un proceso judicial prolongado en torno a uno de los episodios más delicados de control interno que ha enfrentado la cuprífera estatal durante los últimos años.
La controversia por 26.875 toneladas de cobre
El origen de la disputa está en la producción propia reportada por Codelco para 2025. La empresa cerró inicialmente el ejercicio con 1.334.445 toneladas métricas finas, cifra que representaba un crecimiento de 0,5% frente al año anterior y permitía mostrar una recuperación aproximada de 6.000 toneladas.
Sin embargo, una auditoría instruida por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética detectó desviaciones en el reconocimiento de 20.000 toneladas contenidas en óxidos de cobre de la División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas presentes en arsenito de calcio de la División Ministro Hales.
La revisión concluyó que esos materiales requerían etapas posteriores de procesamiento y que no cumplían completamente las condiciones internas para ser registrados como productos terminados. Bajo ese criterio, debían permanecer contabilizados como productos o subproductos en proceso.
La corrección reducía la producción divisional atribuible a 2025 a aproximadamente 1.307.570 toneladas, por debajo del volumen presentado originalmente al mercado y a las autoridades. La diferencia equivale a cerca del 2% de la producción propia anual de la corporación.
Codelco determinó que el episodio no obligaba a modificar sus estados financieros auditados, pero sí exigía aclarar la cifra de producción, revisar los incentivos variables relacionados con el indicador y fortalecer las normas internas utilizadas para reconocer material procesado.
La investigación también derivó en la desvinculación de Márquez, amonestaciones contra otros profesionales y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público para que se examine una eventual dimensión penal.
La defensa apunta a la antigua administración
En su demanda, el exgerente rechaza haber actuado de manera individual o fuera del conocimiento de sus superiores. Su posición es que las decisiones sobre el tratamiento de los óxidos y el arsenito de calcio eran conocidas por distintas áreas corporativas y respondían a instrucciones orientadas a elevar el resultado productivo de cierre de año.
La acción judicial menciona directamente al entonces presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, y al expresidente del directorio, Máximo Pacheco. Márquez sostiene que durante los últimos días de 2025 existía una presión intensa para que la producción superara el volumen alcanzado en 2024.
Uno de los episodios descritos habría ocurrido el 31 de diciembre, cuando Alvarado habría exigido adoptar las medidas necesarias para cumplir la meta productiva. Esa versión forma parte de los argumentos de la parte demandante y deberá ser acreditada durante el juicio.
El documento también describe una iniciativa denominada internamente “operación rastrillo”, orientada a identificar y poner en valor materiales que contuvieran cobre dentro de las distintas divisiones. La defensa del exgerente plantea que la inclusión de los óxidos de Chuquicamata y de los polvos con arsenito de calcio no habría sido una decisión autónoma de su área, sino una medida conocida por niveles superiores de la organización.
Márquez cuestiona además los criterios técnicos utilizados en la auditoría. Afirma que la investigación habría evaluado parte de los registros con versiones antiguas de instructivos financieros y normas corporativas, en lugar de aplicar los documentos actualizados que se encontraban vigentes durante 2025.
Este punto será relevante en el juicio porque la controversia no se limita a determinar quién autorizó los registros. También deberá establecerse qué normativa era aplicable, cómo debía clasificarse cada material y cuáles eran las responsabilidades efectivas de las distintas áreas que participaban en el reporte consolidado.
Una indemnización que supera los $1.440 millones
La remuneración bruta mensual de Márquez al momento de su desvinculación alcanzaba aproximadamente $24,2 millones. Su demanda calcula una indemnización por años de servicio cercana a $267,1 millones y un pago de $89 millones por casi 75 días hábiles de feriado legal pendiente.
A esos montos agrega cerca de $132,4 millones correspondientes a un incentivo anual para ejecutivos, otros $145,7 millones asociados a un beneficio de permanencia equivalente a seis remuneraciones base y una diferencia de $6,7 millones vinculada al bono corporativo de 2025.
El componente más elevado de la demanda es una indemnización de $800 millones por daño moral. El exejecutivo sostiene que fue expuesto públicamente como principal responsable de la controversia, pese a que las decisiones involucraban procesos corporativos y la participación de diferentes niveles jerárquicos.
En total, la pretensión económica llega a $1.440.916.814, en caso de que el tribunal no ordene su reincorporación.
El desafío de fortalecer el control productivo
El litigio incorpora una nueva dimensión al debate sobre la gestión de Codelco. La empresa enfrenta una cartera de inversiones estructurales de gran magnitud, presión por recuperar producción, mayores costos operacionales y exigencias crecientes para mejorar la rentabilidad de sus activos.
En ese contexto, la clasificación de materiales y el reporte de toneladas no son asuntos únicamente contables. Las cifras de producción influyen en los incentivos de los ejecutivos, en las proyecciones financieras, en los aportes al Estado y en la evaluación pública de la administración.
La producción de 2025 había sido presentada como una señal de estabilización después de varios años de retroceso. La estatal reportó además un Ebitda de US$6.670 millones, 23% superior al ejercicio anterior, junto con aportes al Fisco por US$1.778 millones. La posterior revisión de las toneladas no modificó esos estados financieros, pero sí debilitó uno de los principales indicadores utilizados para evaluar el desempeño operacional.
La demanda obligará ahora a examinar el funcionamiento interno de la corporación durante el cierre de 2025, incluyendo la cadena de autorizaciones, los sistemas de control, las instrucciones impartidas y la vinculación entre metas productivas e incentivos.
Más allá del resultado laboral, el caso representa una prueba para la gobernanza de Codelco. La mayor empresa del Estado deberá demostrar que sus cifras de producción se construyen sobre criterios técnicos uniformes, mecanismos de trazabilidad y responsabilidades claramente delimitadas, especialmente cuando enfrenta la tarea de recuperar volúmenes sin deteriorar la disciplina operacional ni la calidad de la información corporativa.
