La iniciativa mantiene los nueve integrantes de la mesa, pero suprime los dos cupos vinculados a trabajadores y supervisores y eleva de tres a cinco los directores de designación presidencial directa. La Federación de Trabajadores del Cobre declaró un “estado de alerta nacional”.
La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) rechazó el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados que propone eliminar los dos cupos de representación laboral en el directorio de Codelco, una modificación que cambiaría la composición del máximo órgano de gobierno de la minera estatal sin alterar su actual número de nueve integrantes.
La organización sindical cuestionó la iniciativa y llamó al Congreso y a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados a rechazarla. La FTC calificó la propuesta como un proyecto “privatizador” y anunció que los trabajadores del cobre se encuentran en “estado de alerta nacional”. Esa caracterización corresponde a la posición de la federación y no forma parte del contenido formal de la moción.
Qué cambia en el directorio de Codelco
El gobierno corporativo vigente de Codelco contempla un directorio compuesto por nueve integrantes. Tres son designados directamente por la Presidencia de la República; cuatro son escogidos por el mandatario a partir de propuestas provenientes del Consejo de Alta Dirección Pública; y otros dos corresponden a representantes de los trabajadores.
Uno de estos últimos es seleccionado por el Presidente desde una quina presentada por la Federación de Trabajadores del Cobre. El segundo surge de una quina propuesta conjuntamente por la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) y la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc).
La moción parlamentaria mantiene los nueve puestos, pero elimina ambos mecanismos de representación laboral y eleva de tres a cinco el número de directores que serían nombrados directamente por el Presidente de la República. Los cuatro cargos vinculados al sistema de Alta Dirección Pública continuarían bajo el esquema actual.
En la práctica, el cambio terminaría con la facultad que hoy tienen las organizaciones de trabajadores y supervisores para presentar candidatos al directorio.
Los argumentos de los diputados impulsores
La iniciativa es encabezada por el diputado Daniel Valenzuela, independiente vinculado a RN, y cuenta entre sus firmantes con Marco Antonio Sulantay (UDI), Paulina Muñoz (PNL), Tomás Kast (Evópoli), Javier Olivares y Patricio Briones (PDG), Pier Karlezi, Erich Grohs y Álvaro Jofré (PNL), además de Ignacio Urcullú (Republicanos).
Los autores sostienen que el objetivo es separar las responsabilidades laborales de las funciones propias de administración de una empresa. La moción plantea que la presencia de representantes provenientes de organizaciones sindicales puede generar una superposición de roles entre la representación de los trabajadores y el deber que tienen los directores de actuar en función de los intereses de Codelco y de su propietario, el Estado.
Valenzuela señaló al presentar la propuesta que el cambio busca que los cinco cupos correspondientes a designación directa sean nombrados por el Presidente y, al mismo tiempo, liberar a los trabajadores de responsabilidades asociadas a las decisiones estratégicas de la compañía. Los impulsores han precisado que la iniciativa no modifica el Código del Trabajo, la negociación colectiva, las remuneraciones, los beneficios ni las normas sobre libertad sindical.
La respuesta de la FTC
La Federación rechazó esa interpretación y afirmó que la presencia laboral dentro del directorio constituye un mecanismo de participación y fiscalización en una empresa de propiedad estatal.
La organización sostuvo que eliminar esos puestos reduciría la capacidad de los trabajadores para intervenir en decisiones estratégicas de la corporación y acusó a los promotores de la iniciativa de intentar “silenciar la disidencia interna” de la mesa. También vinculó el proyecto con el debate político abierto durante los últimos meses sobre la propiedad y el futuro de Codelco.
Las afirmaciones de la FTC respecto de una eventual privatización corresponden a su interpretación política de la iniciativa. El proyecto conocido hasta ahora no propone vender Codelco ni modificar directamente su propiedad estatal: su cambio concreto se concentra en la composición y mecanismo de nombramiento del directorio.
La disputa, por lo tanto, se centra en dos modelos diferentes de gobierno corporativo. Los autores de la moción plantean una separación entre representación sindical y administración empresarial, mientras la FTC sostiene que la participación de trabajadores permite incorporar conocimiento operacional y una mirada independiente dentro de las decisiones de la corporación.
Dos representantes ocupan actualmente los cupos laborales
Los puestos que quedarían eliminados están actualmente ocupados por Daniel Díaz Olguín y Ricardo Calderón Galaz.
Díaz fue designado en mayo de 2026 como representante proveniente de la quina presentada por la FTC. Su período se extiende hasta el 26 de mayo de 2030. Calderón, en tanto, ocupa el segundo cupo de representación de los trabajadores y mantiene un período vigente hasta abril de 2029.
La designación de Díaz muestra cómo funciona actualmente el mecanismo: la FTC realizó un proceso interno y entregó en abril una nómina de cinco candidatos al Presidente de la República, quien posteriormente escogió al integrante del directorio.
Debate sobre el gobierno corporativo
La controversia ocurre en medio de una discusión más amplia sobre la estructura de administración de Codelco. La propia FTC ha planteado durante 2026 la necesidad de introducir modificaciones al gobierno corporativo, aunque desde una perspectiva distinta a la de la moción parlamentaria: la federación ha pedido reducir la exposición de la compañía a los cambios de la contingencia política y reforzar una planificación de largo plazo.
El debate adquirió además mayor intensidad durante este año por las discusiones sobre desempeño financiero, producción, inversiones y el futuro de la propiedad de la estatal. En julio, dirigentes del Partido Republicano abrieron públicamente la discusión sobre una eventual privatización total o parcial de Codelco, propuesta que el Gobierno descartó como parte de su agenda.
La moción sobre el directorio abre ahora un frente diferente: quiénes deben participar en la conducción estratégica de la mayor empresa cuprífera estatal y cuánto espacio debe reservarse para la representación directa de sus trabajadores. Su eventual aprobación requeriría modificar las normas que regulan actualmente la composición del directorio de Codelco.
