Cochilco proyecta que el agua de mar cubrirá cerca de dos tercios de la demanda hídrica de la minería del cobre hacia 2034. Nuevas plantas avanzan en el norte del país, mientras investigadores plantean la necesidad de reforzar las reglas sobre salmuera, captación marina e impactos acumulativos.
Chile está acelerando una transformación estructural en el abastecimiento de agua para la minería. La expansión de plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión permitirá reducir progresivamente la dependencia de fuentes continentales en las principales regiones productoras de cobre, pero el crecimiento de esta infraestructura también está abriendo un debate sobre sus efectos en los ecosistemas costeros y la capacidad de la regulación para acompañar el proceso.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta que el consumo total de agua de la minería cuprífera aumentará desde 18,5 metros cúbicos por segundo en 2024 hasta 20,6 m³/s en 2034. El cambio más importante, sin embargo, estará en el origen del recurso: el agua de mar pasaría de representar el 40,7% del abastecimiento en 2024 a 67,6% al final del período.
Ese salto responde a proyectos que ya están modificando la infraestructura hídrica del sector, particularmente en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, donde varias operaciones mineras enfrentan restricciones estructurales para aumentar la extracción de agua continental.
Nuevas plantas cambian el mapa hídrico de la minería
El catastro de Cochilco identifica varios proyectos que concentran la expansión prevista durante 2026 y 2027.
Entre ellos se encuentra el proyecto C20+ de Collahuasi, en Tarapacá, con una capacidad de desalación de 1.050 litros por segundo. En Antofagasta, la planta desalinizadora destinada al Distrito Norte de Codelco contempla inicialmente 840 litros por segundo, con posibilidad de ampliarse hasta 1.956 litros por segundo, para abastecer principalmente a Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales.
También aparece la ampliación asociada a Candelaria, en Atacama, mientras el proyecto Aconcagua de Aguas Pacífico considera suministrar alrededor de 500 litros por segundo de agua desalinizada a Los Bronces, operación de Anglo American ubicada en la zona central. Para 2027 se proyectan, además, nuevas capacidades vinculadas a Los Pelambres y Nueva Centinela.
El desarrollo no parte desde cero. Al momento de la promulgación de la nueva legislación sobre desalación, la Asociación Chilena de Desalación y Reúso de Aguas contabilizaba 24 plantas que producían más de 11.000 litros por segundo en Chile. El gremio estimó que las instalaciones previstas para entrar en servicio durante 2026 podrían incrementar esa capacidad en cerca de 30%.
Dentro de la minería del cobre, la desalación ya constituye la principal modalidad de utilización del océano. En 2024, alrededor del 70% del agua de mar consumida por el sector correspondió a agua desalinizada, equivalente a 5,43 m³/s, mientras el 30% restante —2,33 m³/s— correspondió a agua utilizada directamente sin retirar sus sales.
El costo energético de llevar agua desde la costa
La solución hídrica incorpora, a su vez, un nuevo desafío energético. Las principales minas del norte se encuentran a decenas o cientos de kilómetros del litoral y, en numerosos casos, a varios miles de metros sobre el nivel del mar.
Por ello, el consumo eléctrico no se limita al proceso de ósmosis inversa utilizado para retirar las sales. Una parte sustancial de la energía se destina a bombear el recurso hasta las faenas.
Las proyecciones de Cochilco apuntan a que el consumo eléctrico asociado al uso de agua de mar podría aumentar desde 3,3 TWh en 2024 hasta 5,4 TWh en 2034, un incremento de aproximadamente 63%. Hacia el final del período, casi cuatro quintas partes de esa electricidad estarían relacionadas con la impulsión del agua y no directamente con la desalación.
El cambio obliga a considerar simultáneamente seguridad hídrica, disponibilidad eléctrica, trazados de tuberías, infraestructura costera y costos operacionales al evaluar futuras expansiones mineras.
Una nueva ley, pero con regulación todavía en desarrollo
Chile publicó el 12 de mayo de 2026 la Ley 21.813 sobre uso de agua de mar para desalinización, creando por primera vez un marco jurídico específico para esta industria.
La norma establece una concesión especial para proyectos de desalación, entrega nuevas atribuciones a la Dirección General de Aguas y contempla una Estrategia Nacional de Desalinización que deberá coordinar esta infraestructura con la planificación hídrica, ambiental y territorial.
La mayor parte de la legislación tiene vigencia diferida hasta el 13 de noviembre de 2027, período durante el cual deberán desarrollarse sus reglamentos y procedimientos de aplicación.
Uno de los puntos que concentra las observaciones de investigadores está en las descargas de salmuera, el flujo de agua con mayor concentración de sales que queda después del proceso de desalación y que normalmente retorna al océano.
La propia Ley 21.813 señala que el Ministerio del Medio Ambiente podrá desarrollar una norma de emisión específica para la descarga de salmueras y otros productos provenientes de las plantas desaladoras, pero no establece la obligación de dictarla.
Para especialistas consultados sobre el desarrollo de la industria, esa diferencia resulta relevante porque Chile todavía no dispone de un límite específico de salinidad diseñado exclusivamente para las descargas de desaladoras.
Salmuera, organismos marinos e impactos acumulativos
La preocupación ambiental no se concentra únicamente en lo que sale de las plantas.
La captación de agua también puede absorber fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas de especies marinas. La magnitud del impacto depende del diseño de la captación, el caudal, la ubicación y las características ecológicas del sector donde opera cada instalación.
La descarga de salmuera tampoco produce un efecto idéntico en todos los lugares. Factores como las corrientes, el oleaje, la profundidad, el diseño de emisarios y difusores y si una planta está emplazada en una costa abierta o dentro de una bahía pueden modificar sustancialmente la velocidad de dilución y el área afectada.
A ello se suma una segunda interrogante: qué ocurre cuando varias instalaciones industriales, puertos, sistemas sanitarios, actividades acuícolas y otras descargas coinciden sobre un mismo ecosistema costero. Investigadores han planteado que evaluar cada proyecto individualmente puede dificultar la identificación de efectos acumulativos o sinérgicos sobre una bahía.
Evaluación ambiental busca ponerse al día
El sistema regulatorio ya comenzó a incorporar nuevas herramientas. El Servicio de Evaluación Ambiental publicó en febrero de 2026 una segunda edición de su Guía para la Descripción de Proyectos de Plantas Desalinizadoras en el SEIA, destinada a estandarizar antecedentes técnicos que deben presentar estas iniciativas.
Paralelamente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mantiene en ejecución un proyecto para desarrollar una metodología específica destinada a evaluar ambientalmente las descargas de salmuera en ecosistemas marinos costeros.
El trabajo considera revisar evidencia científica y regulación internacional, establecer criterios para líneas base y evaluación de riesgos, además de realizar mediciones directas y bioensayos con especies de interés pesquero. Su objetivo es incorporar esa metodología a las evaluaciones realizadas dentro del SEIA.
Para la minería chilena, el resultado de este proceso será determinante. El agua de mar dejó de ser una alternativa marginal y se está convirtiendo en uno de los pilares que permitirán sostener operaciones existentes y desarrollar nuevas capacidades productivas en territorios con severas restricciones hídricas.
El desafío ahora será que la expansión física de desaladoras, tuberías y sistemas de bombeo avance acompañada por estándares capaces de determinar cuánto puede extraerse y descargarse en cada ecosistema costero, cómo deben medirse esos efectos y qué límites deberán respetar los proyectos que abastecerán a la minería durante las próximas décadas.
