El catastro de Acades y la Corporación de Bienes de Capital identifica 53 iniciativas de infraestructura hídrica por US$23.913 millones. Doce nuevos proyectos, por otros US$17.322 millones, tienen previsto iniciar su construcción entre 2026 y 2030.
Chile mantiene una cartera de 53 proyectos de infraestructura hídrica en distintas etapas de ingeniería y construcción, con una inversión estimada de US$23.913 millones, en un escenario donde la minería aparece como uno de los principales motores de la expansión de la desalación y del transporte de agua de mar. De ese universo, 15 iniciativas tienen previsto finalizar sus obras entre 2026 y marzo de 2030 y ocho de ellas están vinculadas al sector minero.
El catastro elaborado por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) y la Corporación de Bienes de Capital (CBC) considera no solo plantas desaladoras, sino también sistemas de extracción y transporte de agua y plantas de tratamiento.
De las 53 iniciativas registradas hasta septiembre, 26 corresponden específicamente a plantas desaladoras, que representan inversiones por US$18.290 millones y reúnen una capacidad proyectada de 31.982 litros por segundo. Otros 19 proyectos corresponden a infraestructura de extracción y transporte, con US$5.185 millones de inversión y una capacidad de 15.031 litros por segundo, mientras ocho iniciativas son plantas de tratamiento, por US$439 millones.
Ocho proyectos mineros prevén completar obras antes de marzo de 2030
El calendario de inversiones muestra una alta participación minera entre las iniciativas que deberían entrar en una fase decisiva durante los próximos años.
Acades proyecta que 15 proyectos terminarán sus obras entre 2026 y marzo de 2030, periodo correspondiente al actual gobierno. De ellos, ocho son proyectos mineros y otros cuatro tienen carácter multipropósito.
Entre las iniciativas incluidas en ese grupo figuran el proyecto Santo Domingo de Capstone Copper, cuyo término está previsto para junio de 2029; la optimización y continuidad operacional de Candelaria, de Lundin Mining, para agosto de 2028; y El Espino, de Pucobre, cuyo calendario considera diciembre de 2026.
También aparecen Enapac, con término proyectado para diciembre de 2028, y la infraestructura asociada al complejo de combustibles de carbono neutral de HIF Global en Cabo Negro, prevista para enero de 2030. Las fechas corresponden a las estimaciones recogidas en el catastro y pueden variar de acuerdo con el avance efectivo de cada proyecto.
US$7.242 millones vinculados a desalación y transporte para la minería
La importancia del sector minero se refleja también en los montos comprometidos.
Dentro de los 26 proyectos de plantas desaladoras, cinco corresponden al sector minero y representan una inversión conjunta estimada en US$4.050 millones, con una capacidad de producción de 4.264 litros por segundo.
La participación aumenta cuando se considera la infraestructura necesaria para trasladar el agua desde la costa hacia las operaciones. El catastro identifica 12 proyectos mineros de extracción y transporte, con inversiones por US$3.192 millones y capacidad para movilizar 5.116 litros por segundo.
Solo entre desalación y transporte, por tanto, las iniciativas asociadas a la minería suman aproximadamente US$7.242 millones, sin considerar una planta de tratamiento vinculada al sector valorizada en otros US$292 millones.
El desarrollo de estas obras responde al cambio que está experimentando la matriz hídrica de la minería chilena. Cochilco proyecta que la demanda de agua de mar de la minería del cobre aumentará desde 7,52 metros cúbicos por segundo en 2024 hasta 13,94 metros cúbicos por segundo en 2034, un incremento cercano al 85%.
Dentro de esa cifra, el consumo de agua de mar desalinizada pasaría desde 5,37 a cerca de 10,52 metros cúbicos por segundo durante el mismo período. Para 2034, el agua de mar representaría aproximadamente el 67,6% de toda la demanda hídrica de la minería del cobre.
Antofagasta encabeza la cartera de inversión
La distribución territorial de los proyectos coincide con las regiones donde se concentra buena parte de la actividad minera del país.
Antofagasta lidera la inversión, con 14 iniciativas que suman US$7.936 millones. En segundo lugar aparece Coquimbo, con siete proyectos por US$4.138 millones, seguida por Atacama, que registra diez desarrollos por US$3.395 millones.
Estas tres regiones concentran operaciones de cobre, hierro, oro y otros minerales que enfrentan restricciones estructurales de disponibilidad de agua continental, lo que ha acelerado el desarrollo de infraestructura costera y grandes sistemas de impulsión hacia faenas situadas a cientos de kilómetros y, en algunos casos, a gran altura.
Actualmente operan en Chile 26 plantas desaladoras y diez sistemas industriales de impulsión de agua de mar, cuya capacidad conjunta alcanza 18.681 litros por segundo.
Otros 12 proyectos prevén iniciar construcción
La cartera no termina con las obras actualmente en desarrollo. El catastro identifica 12 proyectos por US$17.322 millones que contemplan iniciar su construcción entre 2026 y 2030.
Entre las iniciativas relacionadas con el sector minero aparecen la infraestructura hídrica asociada a la continuidad operacional de El Abra y el proyecto de impulsión de agua industrial Ovejería para División Andina de Codelco.
También se incluye la Planta Desaladora para la Región de Coquimbo, adjudicada a Sacyr Agua. El proyecto público considera una instalación de ósmosis inversa en el sector de Panul con capacidad aproximada de 1.200 litros por segundo y obras de conducción hacia La Serena y Coquimbo. El contrato fue adjudicado mediante decreto del 31 de marzo de 2026 y contempla una inversión oficial del orden de US$325 millones.
Un nuevo marco para la desalación
El despliegue de esta cartera ocurre además bajo un nuevo marco regulatorio. La Ley 21.813 sobre uso de agua de mar para desalinización fue publicada el 12 de mayo de 2026 después de una extensa tramitación legislativa.
La normativa busca establecer un régimen específico para el desarrollo de proyectos de desalinización y contempla la elaboración de una Estrategia Nacional de Desalinización. Su entrada en vigencia está diferida hasta noviembre de 2027, mientras se completa el proceso de implementación regulatoria.
El avance efectivo de las inversiones, sin embargo, seguirá dependiendo de la situación particular de cada proyecto. Del total de 53 iniciativas identificadas por Acades y CBC, 33 cuentan con Resolución de Calificación Ambiental favorable, 14 continúan en evaluación y seis todavía no han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La cartera muestra que la infraestructura de desalación y transporte de agua se está convirtiendo en un componente estructural de las futuras inversiones mineras en Chile. El desafío ya no se limita a producir agua en la costa: también comprende construir sistemas de bombeo, conducción y suministro energético capaces de transportar grandes volúmenes hacia operaciones ubicadas en las zonas interiores y cordilleranas del norte del país.
