La presidenta de Perú prometió agilizar procedimientos y dar mayor predictibilidad a los inversionistas para movilizar una cartera minera estimada en US$ 64.000 millones. El plan, sin embargo, deberá sortear problemas de coordinación estatal, conflictos sociales y una discusión legislativa que ya encontró resistencia en el Congreso.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, puso la simplificación de permisos en el centro de su estrategia para acelerar la inversión minera. Durante la inauguración de Expomina Perú 2026, la mandataria planteó procedimientos más ágiles, mayor predictibilidad y decisiones administrativas dentro de plazos razonables para avanzar con una cartera de 67 proyectos valorada en unos US$ 64.000 millones.
“El Estado debe dejar de ser una barrera burocrática”, sostuvo Fujimori. Su Gobierno también instaló una mesa de trabajo entre los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente para abordar grandes proyectos de inversión, mientras el ministro del sector, Guillermo Shinno, ha fijado como meta impulsar cerca de US$ 40.000 millones en inversiones mineras durante los próximos cinco años.
La administración peruana ya identificó alrededor de 14 iniciativas que pretende destrabar. Sin embargo, el propio Shinno ha situado junto a la “permisología” otros dos problemas que condicionan el avance de la cartera: los conflictos sociales y la extracción ilegal.
Más de 200 procedimientos para desarrollar proyectos mineros
La magnitud de la carga administrativa quedó expuesta durante la misma Expomina. Especialistas del sector público y privado señalaron que la falta de coordinación entre organismos y la duplicidad o secuencia de autorizaciones están alargando los tiempos necesarios para desarrollar proyectos.
Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, cifró en cerca de 230 los procedimientos administrativos que enfrenta actualmente la actividad minera, regulados por unas 470 normas y distribuidos entre aproximadamente 30 entidades estatales. En la misma instancia, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Gonzalo Quijandría, señaló que el número de procedimientos habría pasado de 12 en 2001 a 265 en la actualidad, de acuerdo con cifras de la consultora.
Las demoras tampoco se limitan al número de autorizaciones. Portocarrero sostuvo que los estudios de impacto ambiental tardan, en promedio, unas 2,5 veces el plazo legal previsto y que sus modificaciones pueden alcanzar entre cinco y seis veces ese periodo. En permisos de uso de agua, indicó, se han registrado procesos de hasta 360 días frente a un plazo establecido de 36 días.
Una de las alternativas planteadas es reforzar la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Energía y Minas para que distintos permisos puedan evaluarse en paralelo y no necesariamente uno después de otro. El director general de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, Michael Acosta, también apuntó a mejorar la coordinación con organismos que intervienen en las evaluaciones ambientales, hídricas y forestales.
La reforma minera también deberá pasar por el Congreso
El margen de acción del Ejecutivo no depende únicamente de cambios administrativos. El Gobierno solicitó al Congreso facultades para legislar durante 120 días en distintas materias, entre ellas la actualización de la normativa minera y modificaciones vinculadas con las concesiones.
Esa propuesta ya encontró una primera resistencia. La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados aprobó una opinión que considera inviable entregar esas facultades en las materias del sector, argumentando que sus implicancias económicas, sociales y ambientales requieren una discusión más amplia.
El documento también plantea que cualquier reforma debe abordar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la minería ilegal y la conflictividad socioambiental.
El debate muestra el límite de reducir el problema minero peruano únicamente a la cantidad de trámites. Acortar plazos y eliminar duplicidades podría reducir costos y acelerar decisiones, pero la ejecución de los proyectos seguirá dependiendo de factores como la coordinación entre organismos públicos, las autorizaciones ambientales, la relación con las comunidades y la capacidad del Estado para enfrentar la minería ilegal.
Fujimori aseguró que su Gobierno pretende combinar la promoción de inversiones con la protección ambiental y el trabajo con las comunidades. La prueba será convertir esa promesa en cambios administrativos y legales capaces de acelerar proyectos sin trasladar los cuellos de botella desde una etapa del proceso hacia otra.
