El nuevo gobierno enfrenta un complejo escenario fiscal de cara al próximo periodo, con indicadores que exigen medidas decididas para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. Según el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, el déficit fiscal y la deuda gubernamental plantean una vara alta para el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Desafíos fiscales en un contexto de déficit
El Informe de Finanzas Públicas reveló que el déficit fiscal efectivo alcanzó un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, superando la estimación de 2,2% realizada en el tercer trimestre del mismo año. Además, el déficit estructural saltó a un significativo 3,6% del PIB, muy por encima del 1,6% anticipado por la Dirección de Presupuestos, y la deuda bruta del Gobierno Central cerró en 41,7% del PIB estimado. Este panorama plantea elevados desafíos para una administración que deberá abordar estas cifras con celeridad y precisión.
En este escenario, Jorge Quiroz deberá enviar, en los primeros 90 días de mandato, un decreto que defina las metas de balance estructural y nivel de deuda para los próximos cuatro años. Este instrumento también incluirá los objetivos en materia de ingresos y gastos, y busca no solo estabilizar las finanzas públicas, sino también recuperar credibilidad fiscal frente a recurrentes incumplimientos en esta área.
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Déficit fiscal efectivo en 2025: 2,8% del PIB.
Déficit estructural en 2025: 3,6% del PIB.
Deuda bruta del Gobierno Central: 41,7% del PIB.
Recomendaciones del mercado: convergencia fiscal como eje
Los analistas coinciden en la importancia de establecer un plan de convergencia fiscal que equilibre credibilidad y realismo. Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines, enfatizó la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de los ingresos y controlar estrictamente los gastos: “Si es necesario, hay que posponer la rebaja de impuestos y darle prioridad a bajar el déficit”.
En tanto, Andrés Pérez, economista jefe para Latam de Itaú, subrayó la importancia de poder crear un “ancla fiscal creíble y exigente”, lo que implicaría revisar profundamente el estado de las finanzas, atendiendo pagos pendientes y la deuda flotante. Además, resaltó la relevancia de alimentar el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) como un pilar clave del esquema fiscal a mediano plazo.
Llamado a priorizar el control del gasto corriente.
Propuestas para reducir el déficit fiscal gradualmente hacia el equilibrio.
Revisión del estado de las finanzas públicas.
Factibilidad del ajuste y proyecciones de ingresos
Nicolás Eterovic, economista para América Latina de Morgan Stanley, calificó como “factible” el ajuste fiscal propuesto por la nueva administración, estimado en US$ 3.000 millones para el primer año. Este ajuste tomaría en cuenta medidas como el control de licencias médicas, que ya generaron ahorros de US$ 700 millones. Asimismo, destacó el impacto positivo de los precios actuales del cobre, los cuales podrían generar ingresos adicionales de US$ 4.500 millones.
Eterovic recordó que el marco fiscal actual permite flexibilidad con cláusulas de escape para circunstancias extraordinarias. Sin embargo, advirtió que su ambigüedad podría generar discrecionalidad, como ocurrió con el incumplimiento de la regla fiscal en 2024 y nuevamente en 2025. “Esta ambigüedad fue central en la justificación del Gobierno para no cumplir con la regla fiscal el año pasado, y vuelve a ser relevante ahora”, señaló.
Proyección de déficit para 2026: -1,6%.
Proyección de déficit para 2027: -1,1%.
Potenciales ingresos adicionales provenientes del cobre: US$ 4.500 millones.
La tarea fiscal de la nueva administración requerirá medidas decididas, equilibrio entre credibilidad y viabilidad, y una visión a mediano plazo que asegure tanto el ajuste estructural como la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
