El presidente José Antonio Kast emitió en La Moneda, durante la tarde del miércoles, una de sus primeras medidas enfocadas en la llamada “permisología”: ordenar la resolución de 51 recursos pendientes bajo tramitación ambiental para destrabar proyectos de inversión por US$16 mil millones. El paquete, además, incluye una auditoría total al Estado y compromete de forma directa al Ministerio de Hacienda, hoy encabezado por Jorge Quiroz.
Los proyectos que busca destrabar el Gobierno
La medida considera 20 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), asociadas a inversiones por US$6.500 millones; además de 22 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ante el Comité de Ministros, por US$9.800 millones. A eso se suman nueve proyectos extra con RCA en trámite, de acuerdo con la información reportada sobre el plan presentado por el Ejecutivo.
Los plazos que fijó la administración de Kast
Según la minuta del Gobierno citada en los reportes de prensa, los recursos vencidos deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días desde la recepción del oficio. En el caso de nuevos recursos ante la Dirección Ejecutiva del SEA, el límite será de 30 días hábiles. Para los recursos ante el Comité de Ministros, en tanto, se estableció un máximo de 60 días hábiles.
Te puede interesar
Bonos de Codelco rentan 1,09% y abren el dilema de Kast ante una deuda de US$25.000 millones Inversión minera en Chile: US$104.549 millones y la brecha que Argentina abre con el RIGI AbraSilver obtiene la DIA para Diablillos: el proyecto con más de 150.000 metros perforados entra en fase decisivaAuditoría total al Estado
En paralelo, el Gobierno activó una fuerza de tarea para la auditoría estatal, integrada por el Subsecretario del Interior, el Subsecretario de Hacienda y la Subsecretaría de la Segpres. El mecanismo, según la minuta citada, se sostiene en tres pilares: un componente técnico con una “línea de base irrefutable para cada servicio público”; un estándar de “gobierno de emergencia y máxima emergencia”; y un eje de probidad enfocado en la “denuncia inmediata de irregularidades”.
Las medidas, siempre según la información difundida por el Ejecutivo y recogida por la prensa, alcanzan a todos los ministerios e instituciones del Estado, y sus resultados deberán ser reportados directamente al Presidente de la República.
