La asignación por adelantado del arrendamiento del salar a un tercero, a partir de 2030, es la mayor amenaza a SQM y la mejor herramienta de presión que tendrán el gobierno y Codelco. “Tenemos libertad como gobierno para definir quien tendría el contrato de arrendamiento del 2030 en adelante”, dijo ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau. El contrato de 2018 dice textual: “Corfo se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para iniciar un llamado a licitación pública o el procedimiento de contratación que corresponda”. Aquello debe ocurrir a más tardar en junio de 2027.
La pretensión del gobierno de quitar el control de la operación del Salar de Atacama a SQM tiene un camino ya definido: una negociación con Codelco, a quien Gabriel Boric mandató para esas tratativas. El incentivo para SQM es claro: su contrato de arriendo de las 81 mil hectáreas en el Salar de Atacama termina en 2030 y con esta negociación podría seguir en el mismo yacimiento, pero en una posición minoritaria, como pretende el gobierno. El Ejecutivo ha planteado que la negociación será voluntaria. Así las cosas, un cambio en el contrato -que SQM tiene desde 1993, pero que renegoció en 2018 con Eduardo Bitran como contraparte en la Corfo– depende de la misma empresa, que podría dilatar todo hasta el fin de este gobierno, en espera que una próxima administración de otro signo político tenga otra aproximación al tema. Sin embargo, el gobierno -Corfo y Codelco- tienen una herramienta de negociación que ya han amenazado con emplear: resolver durante la actual administración quien será el operador del Salar de Atacama a partir del 1 de enero de 2031.
Así lo manifestó explícitamente el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, en entrevista con Pulso este domingo: “El contrato termina en 2030, pero no hay una obligación de licitación”, dijo. La pregunta entonces es si Corfo puede pactar desde ya con un tercero el arriendo a partir de 2030 y dejar así a SQM sin su negocio principal a partir de siete años y medio más. “Pero por supuesto. Ahora ya, en este mismo momento”, respondió Benavente. Este lunes, Benavente fue un poco más allá: dijo que la pretensión del gobierno sobre el control del Salar de Atacama se manifestaba en un camino explícito: el 50% más una acción de la empresa que opere las pertenencias que hoy tiene SQM.
Este lunes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, resumió el nudo de la negociación y la manera que tiene el gobierno para forzar a SQM a llegar a un acuerdo anticipado. “Hay que entender que, así como SQM tiene el contrato de arrendamiento hasta el 2030, nosotros tenemos libertad como gobierno para definir quien tendría el contrato de arrendamiento del 2030 en adelante. Y esa situación es la que abre la posibilidad de un acuerdo voluntario entre las dos partes”, dijo Grau en radio Sonar.
Corfo y SQM firmaron dos contratos en enero de 2018. En esos acuerdos, el organismo público amplió la cuota disponible para SQM y modificó los pagos por el arrendamiento, fijando una tasa que supera el 40% marginal en caso de ventas sobre US$ 10 mil la tonelada. El año pasado, SQM vendió a un promedio de US$ 52 mil, precio que ha descendido en 2023, pero que sigue sobre los US$ 9 mil de 2021..
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Entre otras muchas cosas, el contrato estableció la opción de tener un nuevo contratante u operador a partir de 2030.
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Es la cláusula vigésimo sexta del contrato suscrito entre Corfo, SQM Potasios y SQM Salar. Dice así: “Corfo se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para iniciar un llamado a licitación pública o el procedimiento de contratación que corresponda, para la celebración de un acto o contrato destinado a la explotación de las pertenencias a más tardar el día treinta de junio de 2027 y a resolverlo a más tardar el día 30 de julio de 2029″.
Con esa cláusula en el Ejecutivo se amparan en que Corfo no está obligada a licitar. Lo refrenda un abogado especializado en estas materias: “De esa cláusula no se lee que se imponga de forma perentoria una licitación pública; ni que SQM tenga un derecho a exigirlo”. Y agrega: “ningún tribunal lo entendería así”.
Sin embargo, hay abogados que creen que, en caso de disenso, SQM podría judicializar esa discusión, ya que podría alegar que no corresponde una contratación directa que los excluya, sino que debe hacerse mediante un proceso competitivo que considere al actual operador.
Ni en Corfo ni en SQM estuvieron disponibles para comentar esa cláusula contractual.
La negociación de Corfo de 2018 fue liderada por Eduardo Bitran y Rodrigo Azócar y desde lo legal lo acompañaron el entonces fiscal de Corfo, Pablo Lagos, hoy en Banco Estado, y como asesor externo, el ex ministro Felipe Bulnes.
La no renovación del contrato con Corfo es expuesto por SQM como uno de sus mayores riesgos en todos sus balances económicos. Y por una razón evidente: en 2022, con el salto exponencial del precio del litio, el 80% de sus ingresos consolidados provino del Salar de Atacama. En 2021, esa cifra fue 47%.
“Si bien esperamos comenzar el proceso de discusión con Corfo acerca de la extensión o renovación de los derechos de explotación minera en el Salar de Atacama bajo los Contratos Corfo mucho antes de la fecha de vencimiento de diciembre de 2030, no podemos asegurar que llegaremos a un acuerdo con éxito con Corfo para extender o renovar nuestros derechos de explotación mineral más allá de 2030″, dice SQM en su Memoria 2022. “En caso de que no podamos extender o renovar los Contratos Corfo más allá de la fecha de vencimiento actual en 2030, no podremos continuar con la extracción de litio y potasio bajo los Contratos Corfo, lo que podría tener un efecto adverso significativo en nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones”.
La no renovación es la principal amenaza a SQM. Su mayor fortaleza es otra cláusula de contratos que el gobierno se ha apurado en decir que respetará: toda modificación a los pactos de 2018 producirá efectos solo cuando haya sido “acordada y autorizada por escrito y en tal expreso sentido por las partes”. Por Corfo y por SQM.
Personas que participaron en la estratégica renegociación de 2018 recuerdan que Corfo buscó otra serie de resguardos. Al menos dos relevantes. Primero, un aspecto contenido en la misma cláusula sobre la renovación del operador: SQM debe dar “todas las facilidades y permitir el ingreso tanto a Corfo como a terceros interesados en la licitación pública o procedimiento de contratación, que se requiera para el normal desarrollo de tales procesos”.
Segundo, que Corfo tendrá la opción de compra “irrevocable de todo o parte de los derechos de aprovechamiento de aguas de SQM”: el precio será convenido entre las partes, pero si aquello no es posible, deberán designar un tasador independiente e internacionalmente reconocido. Además, SQM deberá transferir a Corfo a título gratuito, la totalidad de las servidumbres y los permisos ambientales asociados.
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Pero además, SQM deberá poner a disposición de Corfo todos los activos presentes en elSalar de Atacama. “La sociedad confiere a Corfo una opción de compra irrevocable para adquirir todo o una parte de los activos que la sociedad utiliza como instalaciones productivas en las pertenencias, para la exploración, monitoreo, explotación e instalaciones de producción asociadas”. Para determinar el valor de aquellos bienes que no sean terrenos, éste será el equivalente al valor de reemplazo, considerando su depreciación económica.
“SQM arrienda un área de unos 1.400 kilómetros cuadrados con permiso para extraer salmueras de un área de 820 kilómetros cuadrados con dos operaciones principales. Actualmente produce litio en su operación suroeste”, describe la firma.
Fuente: La Tercera
Foto: La Tercera
