La inclusión del problema en las discusiones de inteligencia abre la posibilidad de una respuesta más coordinada contra las redes criminales vinculadas a la extracción ilegal, según el analista minero Iván Arenas.
La minería ilegal está adquiriendo mayor peso dentro de la agenda de seguridad del Gobierno de Perú, en momentos en que la administración de la presidenta Keiko Fujimori busca reforzar el uso de inteligencia para enfrentar al crimen organizado.
El analista en temas mineros Iván Arenas sostuvo que la actividad fue abordada en el Consejo de Inteligencia Nacional y consideró que este enfoque podría permitir una estrategia estatal más articulada frente a las organizaciones criminales relacionadas con la extracción ilegal.
La primera reunión del Consejo de Inteligencia Nacional encabezada por Fujimori tuvo como objetivo coordinar las acciones de las distintas instituciones del Estado frente a la criminalidad. La Presidencia peruana confirmó la realización del encuentro y señaló que el Gobierno busca colocar la inteligencia como uno de los principales componentes de su política de seguridad.
Arenas apunta a una estrategia contra el crimen organizado
Para Arenas, llevar la discusión sobre minería ilegal al ámbito de inteligencia supone ampliar el tratamiento del problema más allá de una perspectiva exclusivamente minera o ambiental.
El especialista planteó que el desafío será determinar cómo ese diagnóstico se convierte en políticas concretas y en una respuesta coordinada contra las estructuras económicas y criminales que operan alrededor de la actividad ilegal.
La minería ilegal se encuentra vinculada en distintas zonas de Perú con otras economías ilícitas, como el tráfico de armas, el narcotráfico y el lavado de activos. Arenas ya había advertido anteriormente que existen corredores económicos ilegales conectados entre sí y que las intervenciones focalizadas no son suficientes para enfrentar estas redes.
El Gobierno peruano también anunció a comienzos de agosto una ofensiva contra el crimen organizado enfocada no solo en los autores materiales de los delitos, sino también en sus cabecillas y en las redes económicas que permiten financiar sus operaciones.
Perú ya cuenta con una estrategia contra la minería ilegal
El giro hacia un mayor uso de inteligencia no parte desde cero. Perú mantiene vigente la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, aprobada en 2025.
El plan establece seis objetivos que incluyen reducir la extracción ilegal de minerales, controlar el suministro de combustibles, maquinaria y explosivos, intensificar la fiscalización de plantas de procesamiento, combatir la comercialización de minerales de origen ilegal y aumentar las investigaciones contra organizaciones criminales y sus activos.
Por ello, más que la incorporación de un problema completamente nuevo a la política de seguridad peruana, el escenario actual apunta a un mayor protagonismo de la minería ilegal dentro de la estrategia contra el crimen organizado y a una posible utilización más intensiva de los organismos de inteligencia para identificar sus redes financieras, logísticas y territoriales.
