«Ojalá que prime una visión de futuro y la búsqueda de aprovechar la oportunidad fantástica que existe y no caiga en la visión trasnochada y fracasada del extractivismo».

En las próximas semanas la Convención Constituyente habrá definido el contenido relevante para la minería. Quienes creemos que esta actividad es la plataforma para el desarrollo del país y no un ejemplo de “extractivismo” estamos haciendo todos los esfuerzos para transmitir este mensaje que ha tenido hasta ahora escasa oportunidad para ser acogido en la Convención.

La minería es una actividad que tiene particularidades que necesitan ser recogidas en el marco institucional del país. Lograr tener minas viables es un ejercicio que involucra grandes inversiones, con alto riesgo y largos plazos de desarrollo e implementación. Esta sui generis combinación determina que la inversión requiera, como en casi ningún otro sector, un sistema institucional que provea certezas legales acordes con las complejidades del negocio.

Pero no hay que descartar que medrar la inversión privada sea un objetivo de la Convención, pues de hecho hay varias iniciativas que llaman directamente a la nacionalización/estatización y otras, supinamente o no, debilitan el sistema de concesión que ampara la iniciativa privada haciendo que de facto se reduzca el espacio para la minería privada. Pero si esa fuese la intención, vale la pena recordar que por muchos años varios hemos alegado el doble estándar del mundo político en esta materia pues por un lado reivindican el rol de la minería pública, pero por otro, a la hora de la verdad, le prestan escasa atención. Pruebas de ello han sido un débil Ministerio de Minería y el sobreendeudamiento de sus dos empresas públicas, Codelco y Enami. Está bien fortalecer el rol del estado en minería pero sin asfixiar o aniquilar a la minería privada.

La nacionalización de 1971 cumplió un rol en el Chile de hace medio siglo, pero hoy los desafíos son muy diferentes. La economía descarbonizada y los cambios geopolíticos en curso van a definir si Chile aprovechará o desaprovechará el próximo medio siglo. Hay pocos países en el mundo con la dotación y cantidad de minerales relevantes para la era actual, como el cobre y el litio, a lo que hay que sumar energías renovables. Si se imponen demasiadas trabas a la minería o si se dilatan las decisiones, el tren del desarrollo mundial no nos esperará, como no nos ha esperado en el litio, donde Argentina cosecha los beneficios de las indecisiones chilenas con una veintena de proyectos de inversión de empresas de primera línea mundial y Australia se convierte en el primer productor mundial aunque Chile tiene mayores reservas.

La Convención tiene la oportunidad de romper el error histórico del pueblo de Chile que solo cree que la minería es su “sueldo”, es decir la renta que produce. La renta es muy importante, qué duda cabe, pero una vez asegurada, más aún con el royalty que viene, cabe considerar la parte más importante, cuál es su capacidad para impulsar el desarrollo del país a través del aprendizaje tecnológico que implica una industria de la envergadura y complejidad técnica de la minería.

Los países que verdaderamente han aprovechado su minería no han sido los que se han centrado en capturar la renta, como los africanos, sino los que se han transformado en potencias como los nórdicos, Canadá y Australia, que a partir de la minería, transformaron su capital natural en capital humano y en industrias de bienes y servicios altamente competitivos internacionalmente, en ámbitos como la minería subterránea, el financiamiento y el software.

La Convención Constituyente puede consolidar el esfuerzo que ha hecho el país en torno a la minería en los últimos 50 años comprendiendo la singularidad de esta actividad, manteniendo los elementos básicos que permiten su desenvolvimiento y perfeccionando los aspectos que requieren mejoras. Ojalá que prime una visión de futuro y la búsqueda de aprovechar la oportunidad fantástica que existe y no caiga en la visión trasnochada y fracasada del extractivismo.