El proyecto El Arenal contempla 2.160 plazas penitenciarias, 15 módulos de reclusión y una superficie construida superior a 76 mil metros cuadrados. Si obtiene aprobación ambiental, las obras podrían comenzar durante el primer semestre de 2027.
La futura cárcel de Copiapó dio un nuevo paso para iniciar su construcción. La iniciativa ingresó a evaluación ambiental con una inversión estimada de US$308 millones, uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria de mayor escala actualmente considerados para el norte de Chile.
El establecimiento, denominado El Arenal, será levantado en terrenos fiscales ubicados a unos 40 kilómetros al norponiente de Copiapó y tendrá capacidad para albergar a 2.160 personas privadas de libertad, distribuidas en 15 módulos.
El avance ambiental es relevante porque constituye una de las etapas necesarias antes del inicio de las obras. El calendario actual considera que la construcción podría comenzar durante el primer semestre de 2027, siempre que el proyecto obtenga una Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Una cárcel de más de 76 mil metros cuadrados
El proyecto considera aproximadamente 76.600 metros cuadrados de infraestructura, emplazados en un terreno fiscal de cerca de 89 hectáreas.
La capacidad proyectada se distribuye de la siguiente manera:
- 2.160 personas privadas de libertad.
- 15 módulos de reclusión.
- Cerca de 600 funcionarios.
- Infraestructura preparada para recibir a funcionarios, trabajadores de la concesionaria y visitas.
La propuesta incorpora tanto las áreas directamente relacionadas con la reclusión como instalaciones destinadas al funcionamiento cotidiano del recinto.
Entre las obras consideradas aparecen cierres y perímetros de seguridad, vialidad interna y de acceso, iluminación exterior, drenajes para aguas lluvias, movimientos de tierra y equipamiento penitenciario.
También se proyecta un sistema propio de tratamiento de aguas servidas, dimensionado para atender la demanda generada por la población penal, funcionarios, trabajadores y visitantes.
US$308 millones y cuatro años de construcción
La inversión considerada en la actual tramitación ambiental alcanza los US$308 millones.
El proyecto fue adjudicado en 2025 a Constructora San José, compañía española que tendrá a su cargo la construcción, conservación y operación del establecimiento bajo el sistema de concesiones de obras públicas.
La planificación contempla aproximadamente 48 meses de construcción. Si los permisos avanzan dentro de los plazos previstos, las obras podrían comenzar durante la primera mitad de 2027 y finalizar durante el primer semestre de 2031.
El cronograma todavía depende de etapas administrativas y ambientales, por lo que las fechas pueden modificarse durante la ejecución.
Concesión incluirá operación y servicios penitenciarios
La iniciativa no considera únicamente la construcción del recinto. El contrato establece además un período de 20 años de operación una vez terminadas las obras.
Durante esa etapa, la concesionaria deberá participar en la conservación de la infraestructura y en la prestación de distintos servicios asociados al funcionamiento del complejo.
Entre ellos se incluyen alimentación, lavandería, atención de salud y programas vinculados al apoyo de procesos de reinserción social, mientras las funciones de custodia y seguridad penitenciaria corresponden al Estado a través de Gendarmería.
Este modelo ya ha sido utilizado en otros establecimientos penitenciarios del país y busca incorporar inversión privada en infraestructura y determinados servicios de operación.
El impacto económico para Atacama
La construcción de un recinto de esta magnitud también tendrá efectos sobre la actividad económica regional.
Durante la etapa de ejecución se requerirán servicios de construcción, transporte, movimiento de tierras, montaje, alimentación, logística, mantenimiento y suministro de materiales, entre otras actividades.
Estimaciones conocidas durante el desarrollo del proyecto han considerado del orden de 500 empleos mensuales en promedio durante la construcción, aunque la cantidad efectiva de trabajadores podrá variar según cada etapa de las obras.
La localización del complejo también implica nuevas necesidades de transporte y abastecimiento debido a su distancia respecto de la capital regional.
El terreno se encuentra en las cercanías de la Ruta 5 Norte, aproximadamente a 14 kilómetros al sur del Aeropuerto Desierto de Atacama, lo que entrega conectividad al futuro establecimiento pero obliga a desarrollar infraestructura específica de acceso y servicios.
El proyecto busca aumentar la capacidad penitenciaria
La nueva cárcel forma parte de la expansión de infraestructura que enfrenta el sistema penitenciario chileno ante el aumento de la población recluida y los problemas de sobreocupación registrados en distintos establecimientos.
Con 2.160 nuevas plazas, El Arenal tendrá un tamaño relevante dentro de la red nacional y permitirá aumentar considerablemente la capacidad existente en la Región de Atacama.
El diseño incorpora módulos diferenciados y espacios destinados tanto a seguridad como a actividades penitenciarias y de reinserción.
Su puesta en marcha, sin embargo, todavía está a varios años de distancia. Incluso si las obras comienzan durante 2027, la entrada en funcionamiento dependerá de que la construcción termine dentro del calendario previsto y de que posteriormente se completen las etapas de habilitación del recinto.
Qué viene ahora para la cárcel El Arenal
El paso inmediato es la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental ingresada el 18 de agosto de 2026.
Durante este proceso deberán revisarse las características de la construcción, uso de suelo, manejo de residuos, aguas servidas, vialidad, emisiones, movimientos de tierra y otras variables ambientales vinculadas a una obra de esta escala.
Una eventual aprobación permitirá avanzar hacia las siguientes fases previas al inicio de faenas.
Por ahora, el calendario mantiene como horizonte el primer semestre de 2027 para comenzar la construcción y el primer semestre de 2031 para terminarla.
Para Atacama, el proyecto combina dos efectos relevantes: una inversión superior a US$300 millones que movilizará actividad durante varios años y una ampliación considerable de la infraestructura penitenciaria disponible en el norte del país.
