Permisos mineros en Chile vuelven al centro del debate tras una intensa agenda de reuniones liderada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en solo 48 horas sostuvo encuentros con seis grandes compañías —cuatro del sector minero y dos del eléctrico— para destrabar iniciativas de inversión que, en conjunto, superan los US$20.000 millones. Las citas, realizadas entre miércoles y jueves de la semana pasada, evidencian el principal cuello de botella que enfrenta hoy la industria: la tramitación ambiental y sectorial. Aunque algunos proyectos ya cuentan con aprobación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), otros continúan en calificación o enfrentan retrasos asociados a permisos complementarios, lo que pone en riesgo tanto los plazos como la materialización de inversiones clave para el crecimiento económico del país.
Este despliegue del Ejecutivo se alinea con el diagnóstico que el propio sector ha reiterado en distintas instancias, como se detalla en el análisis sobre la permisología en proyectos mineros en Chile, donde se advierte que la superposición de normativas, la extensión de los plazos y la incertidumbre regulatoria afectan la competitividad del país frente a otros destinos de inversión.
Proyectos en distintas etapas: desde aprobados hasta suspendidos
Las reuniones abordaron iniciativas en diferentes fases de desarrollo, lo que refleja la complejidad del sistema. Por ejemplo, el proyecto de tierras raras de Aclara Resources en Penco —con una inversión de US$130 millones— se encuentra actualmente suspendido en el SEIA hasta el 30 de abril, pese a su relevancia estratégica en el suministro de minerales críticos.
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En paralelo, el Gobierno analizó avances con Antofagasta Minerals, que impulsa dos proyectos estructurales: el desarrollo minero Centinela (US$4.350 millones) y la extensión de vida útil de Los Pelambres (US$2.000 millones). Ambas iniciativas continúan en tramitación ambiental, consolidando una cartera conjunta de US$6.350 millones.
En el caso de Anglo American, las conversaciones se centraron en Los Bronces Integrado y el Tranque Pérez Caldera, proyectos que suman US$4.404 millones y que han enfrentado un intenso escrutinio regulatorio, tal como se ha seguido en el desarrollo de Los Bronces Integrado y su proceso ambiental.
Teck y proyectos aprobados: el desafío de los permisos sectoriales
No todas las iniciativas enfrentan barreras en la evaluación ambiental. Teck Resources, por ejemplo, participó en las reuniones para abordar el estado de Quebrada Blanca Fase 2, proyecto que ya cuenta con aprobación ambiental. Sin embargo, incluso en estos casos persisten desafíos vinculados a permisos sectoriales y ejecución.
Este fenómeno ha sido abordado previamente en el contexto de grandes inversiones, como se menciona en el seguimiento a Quebrada Blanca Fase 2 y su impacto en la producción de cobre, donde se destaca que la obtención de autorizaciones complementarias puede retrasar la entrada en operación efectiva de los proyectos.
Infraestructura eléctrica: clave para habilitar la expansión minera
El biministro también sostuvo reuniones con empresas del sector eléctrico, fundamentales para viabilizar la expansión minera. Destaca el encuentro con Conexión Energía por el proyecto Kimal-Lo Aguirre, una línea de transmisión de casi US$1.500 millones que conectará Antofagasta con la Región Metropolitana.
Esta iniciativa ha sido identificada como crítica para el desarrollo del sistema eléctrico nacional y la integración de energías renovables, tal como se detalla en el análisis sobre el rol de Kimal-Lo Aguirre en la transmisión eléctrica en Chile.
Asimismo, se abordó un proyecto de Statkraft en la Región de Los Lagos, con una inversión de US$173 millones, reforzando el vínculo entre generación eléctrica y demanda minera.
Empleo e inversión: el impacto en la economía
Las seis iniciativas analizadas no solo representan una inversión significativa, sino también un impacto directo en el empleo. Se estima que estos proyectos podrían generar cerca de 20.000 puestos de trabajo, en distintas etapas de construcción y operación.
En este contexto, el Gobierno busca acelerar la materialización de estas inversiones sin modificar los estándares ambientales, una ecuación compleja que ha sido parte del debate público, especialmente considerando el aumento en la cartera de proyectos ingresados al sistema, como se observa en el reporte sobre inversiones mineras en evaluación ambiental en Chile.
La señal es clara: el Ejecutivo intenta destrabar una cartera clave para el crecimiento económico, pero el desafío estructural de los permisos sigue siendo el principal factor que definirá si estos proyectos logran concretarse dentro de los plazos esperados.
