El Primer Tribunal Ambiental dejó en acuerdo la reclamación de la causa por el proyecto minero portuario Dominga, ligado a la familia Délano, luego que ayer se realizara la audiencia del caso.
Te puede interesar
La ministra Sandra Álvarez y los ministros Alamiro Alfaro y Cristián López escucharon durante más de ocho horas los alegatos de 11 abogados en el marco de la reclamación de la empresa Andes Iron contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo, efectuado por el Comité de Ministros, del proyecto que se ubicaría en la Región de Coquimbo.
Entre las principales controversias de esta causa está lo planteado por la empresa respecto a que los argumentos técnicos utilizados por el Comité para rechazar Dominga ignoraron lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental.
En abril de 2021 el órgano jurisdiccional ya había acogido una reclamación de Andes Iron por la no aprobación del proyecto. En dicha oportunidad la sentencia anuló la resolución del Comité y determinó retrotraer la evaluación ambiental de Dominga a la fase posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE).
Fue el abogado Patricio Leyton quien, en representación de la empresa, hizo hincapié en que los fallos deben ser cumplidos y no solo en su parte resolutiva, sino en todas sus partes. “Lo que más me cuesta creer de lo que tengo que alegar en esta oportunidad es si los fallos de los tribunales ambientales deben ser cumplidos”, dijo.
Además, indicó que Dominga se ha transformado en un símbolo del entrampamiento entre lo político y lo técnico, y destacó que “hay pocos proyectos con una empatía socioambiental como Dominga”.
Sin embargo, en sentido contrario, el SEA planteó que no es posible sostener que la sentencia haya zanjado ciertas materias ya que no validó la suficiencia técnica del proyecto y argumentó que el Comité de Ministros debía considerar no solo el fallo, sino también el expediente de evaluación ambiental, los principios del derecho ambiental y las observaciones ciudadanas cuya falta de debida consideración fue reclamada.
La abogada del organismo evaluador, Camila Contesse, indicó que “no es efectivo que el proyecto haya sido avalado en todas las instancias técnicas y judiciales en que ha sido conocido” al hacer énfasis en que fue calificado desfavorablemente en dos ocasiones por el mismo Comité.
