La recaudación del nuevo régimen aumentó 11% durante 2025. Cerca de $454 mil millones tuvieron una distribución directa identificable hacia gobiernos regionales y municipios, mientras el resto ingresó a rentas generales de la Nación.
La recaudación del royalty aplicado a la minería privada en Chile superó los $1,6 billones durante 2025, con un crecimiento de 11% frente al año anterior, consolidando al nuevo esquema tributario como una fuente relevante de ingresos fiscales. Sin embargo, cerca de $454 mil millones, equivalentes a aproximadamente 28% del total, fueron canalizados mediante los fondos cuya distribución hacia regiones y comunas puede identificarse directamente.
La diferencia, correspondiente a alrededor de 72% de los recursos recaudados, ingresó a rentas generales de la Nación. Esto implica que esos ingresos continúan financiando gasto público, pero pierden una vinculación presupuestaria directa con los territorios donde se desarrolla la actividad minera que dio origen al tributo.
El comportamiento abre una discusión que va más allá del nivel de recaudación: cuánto de la renta generada por el sector debe retornar de forma identificable a las regiones, qué mecanismos permiten transformarla en inversión de largo plazo y cómo medir su impacto efectivo sobre los territorios mineros.
Cerca de $454 mil millones llegaron mediante tres fondos
El régimen de royalty minero comenzó a operar plenamente en enero de 2024 y contempla mecanismos específicos para distribuir recursos hacia gobiernos regionales y municipios.
Durante 2025, los tres principales instrumentos territoriales —el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras— concentraron aproximadamente $454 mil millones.
El primero entrega recursos a gobiernos regionales para financiar inversión productiva, desarrollo regional e iniciativas vinculadas, entre otras materias, con investigación, ciencia y tecnología. Los otros dos instrumentos operan a escala municipal: uno busca reducir brechas entre comunas con alta dependencia del Fondo Común Municipal y el otro compensa específicamente territorios asociados a operaciones mineras.
Solo en el ámbito municipal, durante 2025 se contemplaron más de $218 mil millones para más de 300 comunas, mientras que el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo distribuyó del orden de $221 mil millones entre los gobiernos regionales.
La arquitectura permite que la renta minera llegue también a zonas que no concentran producción extractiva. Precisamente por eso, el efecto presupuestario del royalty no depende exclusivamente de la presencia de una mina dentro de una comuna, sino también de variables territoriales y de financiamiento municipal.
Tres faenas concentraron cerca del 95% de la recaudación
La estructura de los ingresos también muestra una alta concentración entre las principales operaciones privadas del país.
Tres faenas explicaron aproximadamente 95% de la recaudación del royalty durante 2025, por encima del 91% registrado un año antes. Minera Escondida se mantuvo como el principal aportante y su contribución creció cerca de 50%, compensando menores pagos provenientes de otras operaciones.
La concentración refleja el peso que tienen las grandes minas de cobre dentro de la base tributaria del sector y también expone al ingreso fiscal a la evolución productiva, de costos y de rentabilidad de un grupo reducido de yacimientos.
Para la industria, esta característica adquiere especial relevancia en períodos de precios elevados del cobre. Un escenario favorable para el commodity puede ampliar los ingresos públicos, pero esa mayor recaudación no necesariamente genera un incremento equivalente de las transferencias territoriales, debido a la forma en que están estructurados los fondos.
Los montos destinados a estos mecanismos están definidos mediante parámetros legales y unidades tributarias, entregando mayor estabilidad presupuestaria frente a eventuales caídas de recaudación. La otra cara del sistema es que los recursos regionales y municipales tampoco aumentan automáticamente en la misma proporción cuando el royalty genera mayores ingresos.
El impacto es mayor en las regiones mineras
La distribución de recursos no está concentrada exclusivamente en las zonas productoras. Durante 2026, por ejemplo, la Región Metropolitana recibió cerca de 15% de los recursos asociados a los tres fondos territoriales, seguida por Valparaíso.
La lectura cambia cuando los montos se comparan con el tamaño de los presupuestos locales.
En Atacama, los ingresos vinculados al royalty llegaron a representar alrededor de 9,37% del presupuesto municipal consolidado, mostrando que su incidencia relativa puede ser considerablemente mayor en regiones con una fuerte actividad minera y comunas con bases presupuestarias más reducidas.
El Fondo de Comunas Mineras constituye el instrumento destinado directamente a compensar las externalidades asociadas a la actividad extractiva, aunque es el de menor tamaño entre los mecanismos territoriales.
Su funcionamiento también genera variaciones entre ejercicios, debido a que la nómina de comunas beneficiarias se actualiza. La salida de un municipio puede producir disminuciones relevantes en sus ingresos disponibles. En 2026, Pozo Almonte dejó de integrar esta categoría, lo que implicó una caída superior al 60% de los recursos que recibía mediante estos mecanismos, equivalente a cerca de $770 millones.
Un tercio de los recursos de 2025 seguía sin ejecutarse
El desafío no se limita a cuánto dinero llega a los territorios. También existe una brecha entre las transferencias recibidas y su transformación efectiva en gasto e inversión.
Los municipios registraron niveles de asignación presupuestaria de 96% para los fondos correspondientes a 2024 y 92% para los de 2025. Sin embargo, al 9 de julio de 2026, la ejecución de los recursos 2025 que ya contaban con asignación alcanzaba 66,44%.
En términos prácticos, cerca de un tercio todavía no se había convertido en gasto efectivo.
Las iniciativas financiadas se han concentrado principalmente en obras civiles, adquisición de equipamiento y consultorías. El desafío para los próximos ejercicios estará en acelerar la capacidad de ejecución municipal y, al mismo tiempo, mejorar el nivel de detalle disponible sobre los proyectos financiados y sus resultados.
La discusión pasa de recaudar a transformar la renta minera
Con el nuevo royalty ya operando, el debate comienza a desplazarse desde la construcción del régimen tributario hacia el destino de sus ingresos.
Una alternativa planteada para una siguiente etapa es aumentar la proporción con uso identificable y permanente, particularmente en investigación, desarrollo e innovación minera, exploración, información geocientífica, proveedores locales e infraestructura habilitante.
Destinar, por ejemplo, el equivalente a 10% de la recaudación de 2025 exclusivamente a investigación, desarrollo e innovación habría movilizado más de $160 mil millones.
El punto será relevante para Chile mientras aumente la competencia internacional por atraer capital para nuevos proyectos de cobre y minerales críticos. Para las regiones productoras, el royalty representa una vía directa para vincular la explotación de recursos minerales con capacidades económicas que permanezcan en los territorios.
La recaudación superior a $1,6 billones muestra el peso fiscal que ya alcanzó el instrumento. La siguiente discusión será cuánto de esa renta minera puede convertirse de manera trazable en infraestructura, innovación, diversificación productiva y desarrollo territorial de largo plazo, especialmente en las zonas que sostienen una parte significativa de la producción minera del país.
