La Comisión de Minería y Energía abrió una nueva fase de discusión sobre el sistema de amparo minero, con dudas sobre el efecto que tendría la propuesta del Ejecutivo en productores de menor escala y concesiones actualmente en mora.
La reforma al régimen de patentes mineras entró en una etapa de mayor discusión en el Senado. La Comisión de Minería y Energía puso el foco en el impacto que tendría el nuevo esquema sobre la pequeña minería y planteó la necesidad de introducir resguardos específicos antes de avanzar con la iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional.
El proyecto busca corregir los efectos generados por el actual sistema de patentes, eliminando la escala progresiva aplicable a determinadas concesiones de explotación y reemplazándola por una estructura más simple. La propuesta considera una patente general de 0,4 UTM por hectárea y una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea para quienes acrediten condiciones asociadas al desarrollo efectivo de actividad minera.
El debate, sin embargo, se trasladó desde la simplificación administrativa hacia una pregunta más amplia: si un sistema uniforme puede terminar afectando de manera desproporcionada a productores de menor escala, particularmente a titulares con menor capacidad financiera y administrativa para cumplir los requisitos de acreditación.
Pequeña minería queda en el centro de la discusión
La preocupación de los senadores apunta a que la rebaja de la patente continúe dependiendo de antecedentes y procedimientos que pueden resultar más difíciles de gestionar para mineros artesanales y pequeños productores.
La discusión incluye la forma en que se acredita el trabajo efectivo de una pertenencia, la vigencia de permisos, el avance ambiental de proyectos y otros antecedentes técnicos que permiten acceder al valor reducido.
El problema adquiere especial relevancia considerando el nivel de morosidad existente en determinados segmentos de la industria. Durante la tramitación se han expuesto antecedentes que sitúan a la pequeña y mediana minería privada como responsables de cerca del 79% de los títulos mineros en condición de mora, uno de los indicadores que ha reforzado la presión por revisar el diseño vigente.
También se han planteado dificultades relacionadas con solicitudes de rebaja rechazadas y con la capacidad de productores de menor tamaño para asumir costos legales, técnicos y administrativos vinculados al mantenimiento de sus concesiones.
La Comisión solicitó ampliar los antecedentes antes de avanzar en la votación general, incluyendo información sobre el número de pequeños productores en mora, concesiones rematadas y distribución de los derechos mineros entre los distintos tramos del sistema.
De la patente progresiva a una tasa de 0,4 UTM
Uno de los cambios estructurales del proyecto corresponde a la eliminación de la escala progresiva de las patentes de explotación para las concesiones que no cumplen los requisitos de rebaja.
El esquema vigente incrementa progresivamente el costo a medida que pasan los años, mecanismo diseñado originalmente para incentivar la utilización efectiva de la propiedad minera y evitar la mantención indefinida de pertenencias sin desarrollo.
La reforma propone reemplazar esa progresividad por una patente general de 0,4 UTM por hectárea, mientras que las concesiones que acrediten determinadas condiciones podrían pagar 0,1 UTM por hectárea.
El cambio reduce considerablemente la exposición futura de una concesión a incrementos progresivos, pero mantiene una diferencia significativa entre ambos valores: la patente general equivale a cuatro veces la tarifa rebajada.
Esa brecha explica parte del debate sobre los requisitos de acceso al beneficio y su efecto sobre productores pequeños que realizan actividad, pero que pueden enfrentar dificultades para acreditar formalmente las condiciones exigidas.
Más de 13,6 millones de hectáreas bajo concesiones de explotación
El tamaño del sistema que está siendo discutido muestra la magnitud económica de la reforma.
A febrero de 2026 se registraban 74.347 concesiones mineras de explotación en Chile, asociadas a una superficie superior a 13,64 millones de hectáreas.
Del total de superficie considerada en los principales tramos de patente, aproximadamente 7,33 millones de hectáreas, equivalentes al 53,8%, están asociadas al valor general de 0,4 UTM por hectárea.
Otros 6,31 millones de hectáreas, alrededor del 46,2%, corresponden al segmento asociado a la patente rebajada de 0,1 UTM.
La diferencia en las tasas produce una distribución muy distinta de la carga económica. El tramo de 0,4 UTM explica cerca del 82,3% de la carga teórica total del sistema, mientras que las concesiones con patente de 0,1 UTM representan alrededor del 17,7%.
Estas cifras corresponden a un cálculo teórico sobre superficie y tarifa y no equivalen necesariamente a recaudación efectiva, ya que existen factores como morosidad, pagos realizados, exenciones, remates y rebajas administrativas.
Norte minero concentra la mayor exposición
La distribución territorial también convierte la reforma en un asunto especialmente relevante para las regiones del norte.
Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo concentran aproximadamente 85,6% de las concesiones de explotación registradas y 86,8% de la superficie concesionada.
Antofagasta reúne por sí sola cerca del 43% de la superficie registrada, mientras Atacama representa aproximadamente otro 20%.
El impacto de cualquier modificación en las patentes se concentra, por lo tanto, en territorios donde la minería constituye una parte central de la actividad económica y donde conviven grandes compañías con pequeños productores, asociaciones mineras, plantas de procesamiento y una extensa red de proveedores.
El diseño definitivo de la reforma puede influir no solo en el costo de mantener concesiones, sino también en la disponibilidad futura de propiedad minera para exploración y nuevos proyectos.
El desafío de evitar una mayor concentración
Uno de los argumentos que impulsó la revisión del régimen actual es el efecto que la mayor carga económica puede tener sobre la estructura de propiedad minera.
Cuando un pequeño concesionario deja de pagar una patente, el derecho puede terminar incorporándose a procesos de remate o quedar disponible para otros actores con mayor capacidad financiera.
La preocupación legislativa apunta a evitar que un sistema concebido para incentivar la actividad termine acelerando una concentración de concesiones en empresas de mayor tamaño.
El desafío para el Senado será equilibrar dos objetivos que no necesariamente avanzan en la misma dirección: impedir la acumulación especulativa de propiedad minera sin actividad y, al mismo tiempo, evitar que los costos de mantener derechos terminen expulsando a productores que sí desarrollan minería a pequeña escala.
Lo que deberá definir el Senado
La Comisión de Minería y Energía continuará revisando el proyecto junto con antecedentes técnicos y económicos antes de resolver su avance.
Entre los aspectos que seguirán bajo análisis están los mecanismos para acreditar actividad minera, los requisitos de acceso a la tarifa rebajada, el tratamiento especial para pequeños productores y el efecto fiscal de reemplazar la escala progresiva.
La discusión también tendrá consecuencias para exploradores y titulares de proyectos que requieren mantener propiedad minera durante periodos prolongados antes de iniciar producción, especialmente cuando deben completar campañas geológicas, evaluación ambiental, ingeniería y permisos sectoriales.
El resultado marcará una nueva etapa para el sistema de amparo minero chileno. Más que definir únicamente cuánto se paga por hectárea, el Congreso deberá determinar qué condiciones permiten mantener una concesión y cómo evitar que el mecanismo genere barreras adicionales para uno de los segmentos más sensibles de la industria.
