El incidente ocurrió el 5 de agosto en la faena ubicada en Alto Mañihuales. La autoridad ambiental busca establecer cuánto material fue derramado, la calidad de la descarga final y si existió afectación sobre cuerpos de agua cercanos.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió una investigación y desplegó una inspección en terreno en la faena minera El Toqui, en la Región de Aysén, luego de la rotura de una tubería utilizada para transportar relaves hacia la planta de espesado, antes de su disposición en el depósito Doña Rosa.
El episodio ocurrió el miércoles 5 de agosto en las instalaciones ubicadas en el sector de Alto Mañihuales, comuna de Coyhaique. La fiscalización deberá determinar la magnitud efectiva del derrame y establecer si el evento tuvo consecuencias ambientales fuera de las instalaciones de la operación.
La investigación adquiere especial relevancia porque El Toqui mantiene antecedentes regulatorios vinculados precisamente al manejo de relaves y al monitoreo de aguas, materias que ya han originado procedimientos sancionatorios contra su titular, Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA.
Investigación busca determinar eventual afectación ambiental
La inspección realizada después del incidente permitió identificar el punto donde se produjo la rotura de la tubería y constatar la ejecución de trabajos de limpieza en el sector.
Uno de los aspectos centrales de la investigación corresponde a una descarga registrada en imágenes difundidas públicamente durante la contingencia. Los antecedentes reunidos hasta ahora establecen que esas imágenes corresponden a un canal de contorno conectado con un sistema de piscinas de sedimentación situado dentro de las instalaciones mineras.
Por este motivo, los registros disponibles no permiten concluir que haya existido una descarga directa al río Toqui ni determinar, por sí solos, las características químicas o ambientales del flujo finalmente evacuado desde el sistema.
La SMA se encuentra requiriendo información adicional a la empresa para establecer cuatro elementos considerados determinantes: el volumen de material derramado, el funcionamiento y eficiencia del sistema de tratamiento, la calidad de la descarga final y una eventual afectación del cuerpo receptor.
Estos antecedentes serán necesarios antes de definir si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas o iniciar procedimientos adicionales dentro de las atribuciones de la autoridad ambiental.
La investigación se mantiene abierta y, hasta ahora, no existe una determinación oficial sobre daño ambiental derivado específicamente del episodio del 5 de agosto.
El depósito Doña Rosa vuelve al centro de la fiscalización
El incidente se produjo en una parte sensible del circuito operacional de El Toqui. La tubería involucrada transportaba relaves hacia la planta de espesado, etapa previa a su disposición en el depósito Doña Rosa.
El proyecto minero contempla instalaciones de chancado, molienda, concentración, espesado y lixiviación de oro, además de infraestructura destinada al manejo de relaves y otros servicios asociados a la operación.
Doña Rosa cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental correspondiente a 2011 y ha sido objeto de fiscalizaciones anteriores relacionadas con el transporte y disposición de relaves, piscinas de sedimentación y aguas de contacto.
Ese historial entrega un contexto adicional al actual episodio, ya que la gestión del depósito forma parte de un procedimiento sancionatorio que continúa vigente.
El Toqui mantiene procedimientos ambientales en curso
La unidad fiscalizable Minera El Toqui, cuyo titular es Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, registra actualmente un procedimiento sancionatorio iniciado en diciembre de 2023.
El expediente considera cuatro hechos clasificados como graves, todos asociados a exigencias ambientales del depósito Doña Rosa.
Entre ellos se encuentra la operación considerada deficiente del sistema de transporte y disposición de relaves desde la planta de espesado hacia el depósito, además de incumplimientos vinculados con la limpieza de la piscina de sedimentación.
También se han investigado deficiencias en la activación del Plan de Alerta Temprana para aguas de contacto recolectadas mediante el sistema de drenaje basal y la disposición de aguas de contacto y sedimentos de relave fuera de la cubeta autorizada.
El procedimiento de 2023 permanece en curso y durante abril de 2026 la empresa presentó una nueva versión de su programa de cumplimiento.
A estos antecedentes se suma otro procedimiento iniciado en agosto de 2025. En ese caso, la SMA formuló dos cargos graves relacionados con el cumplimiento de obligaciones ambientales de la operación.
Uno de los cuestionamientos se vinculó con instalaciones del tranque Confluencia y con la obligación de someter determinadas modificaciones a evaluación ambiental. El otro se relacionó con obligaciones de vigilancia y monitoreo del componente agua.
Relaves y control de aguas elevan la exigencia operacional
Para la industria minera, los sistemas de conducción y disposición de relaves forman parte de la infraestructura crítica de una operación. Una falla en una tubería puede convertirse rápidamente en una contingencia ambiental cuando existe posibilidad de contacto con aguas superficiales, quebradas, suelos o sistemas de drenaje.
La determinación del volumen derramado es, por ello, uno de los primeros antecedentes necesarios para evaluar la magnitud del evento.
Igualmente relevante será establecer hasta dónde avanzó el material después de la rotura y cuál fue la respuesta de los sistemas de contención y sedimentación de la faena.
El análisis de la calidad del agua constituye otra variable central. La sola presencia de una descarga visible no permite establecer contaminación sin contar con mediciones representativas de parámetros físicos y químicos, así como con información sobre el punto de descarga y las condiciones del cuerpo receptor.
En este caso, la fiscalización deberá separar técnicamente lo ocurrido al interior de la infraestructura minera de cualquier eventual consecuencia fuera del área operacional.
Un nuevo episodio bajo observación en Alto Mañihuales
El Toqui corresponde a una operación minera subterránea ubicada en la comuna de Coyhaique y comprende distintos yacimientos e instalaciones destinadas al procesamiento de minerales y manejo de residuos mineros.
Su funcionamiento en una zona con presencia de cursos de agua convierte el control de relaves, drenajes y descargas en uno de los componentes ambientales de mayor sensibilidad operacional.
La contingencia de agosto vuelve a situar esos aspectos bajo revisión regulatoria en momentos en que la faena ya mantiene expedientes ambientales abiertos.
Para Sociedad Minera Pacífico del Sur, el resultado de la investigación dependerá ahora de los antecedentes técnicos solicitados y de las conclusiones que obtenga la SMA después de analizar la infraestructura afectada, el material liberado y los sistemas de tratamiento.
La principal definición pendiente es determinar si el episodio quedó contenido dentro de la faena o si generó efectos sobre el medio receptor. Esa diferencia establecerá el alcance regulatorio del caso y las eventuales acciones posteriores de la autoridad.
Mientras esa investigación permanezca abierta, no corresponde atribuir al incidente una afectación ambiental que todavía no ha sido técnicamente acreditada. Para la industria, el caso vuelve a poner el foco en un desafío permanente de las operaciones mineras: asegurar integridad mecánica, capacidad de contingencia y trazabilidad ambiental en toda la cadena de transporte y disposición de relaves.
