El proyecto de Minera Plata Carina SpA contempla ocho sondajes y una inversión estimada de US$1 millón en San Pedro de Atacama. Comunidades atacameñas buscan revertir su aprobación ambiental por las incertidumbres asociadas a aguas subterráneas y ecosistemas altoandinos.
El Primer Tribunal Ambiental entró en una etapa clave de la disputa por el proyecto Exploraciones Aida, iniciativa de prospección minera de Minera Plata Carina SpA en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. El tribunal escuchó los alegatos de dos reclamaciones que cuestionan la resolución mediante la cual el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) terminó calificando favorablemente la iniciativa, luego de que inicialmente recibiera una evaluación ambiental desfavorable.
Las acciones fueron presentadas por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao y por la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, esta última junto a dos personas naturales. Ambas causas fueron acumuladas para su tramitación conjunta y apuntan principalmente a determinar si durante la evaluación ambiental existieron antecedentes técnicos suficientes para descartar efectos significativos sobre las aguas subterráneas y los ecosistemas dependientes de ellas.
El conflicto adquiere relevancia para la actividad exploratoria en el norte de Chile porque pone nuevamente en el centro de la discusión la calidad de la información hidrogeológica exigida a proyectos ubicados en territorios de alta sensibilidad ambiental y con presencia de comunidades indígenas.
Ocho sondajes y US$1 millón de inversión
Exploraciones Aida corresponde a una iniciativa destinada a confirmar o descartar la existencia de un cuerpo mineralizado y caracterizar su presencia en profundidad. El programa considera ocho plataformas de sondaje en la comuna de San Pedro de Atacama, con una inversión estimada de US$1 millón y un período de ejecución aproximado de tres meses.
Aunque se trata de una campaña acotada frente a la escala de un proyecto minero en construcción u operación, la controversia se concentra en las condiciones hidrogeológicas del territorio donde se ejecutarían las perforaciones.
Durante la audiencia, uno de los puntos centrales fue la eventual presencia de aguas subterráneas en el área de los sondajes y las incertidumbres asociadas al modelo conceptual hidrogeológico utilizado durante la evaluación.
La discusión no implica que se haya acreditado una afectación efectiva de acuíferos. Lo que está bajo revisión judicial es si la evaluación ambiental reunió información suficiente para descartar razonablemente ese riesgo antes de autorizar las actividades.
Aguas subterráneas concentran la controversia
La Comunidad Indígena Atacameña de Toconao cuestionó la información disponible respecto de variables como la profundidad del nivel freático, los procesos de recarga y descarga, la extensión de los acuíferos y su posible conectividad con ecosistemas y comunidades dependientes del recurso hídrico.
En la evaluación también surgieron observaciones respecto de la caracterización de la unidad hidrogeológica en la que se ejecutarían las perforaciones. La Dirección General de Aguas formuló reparos sobre si se había acreditado suficientemente la condición de baja permeabilidad considerada para ese sector.
Este punto resulta especialmente sensible por la cercanía territorial con vegas, bofedales y otros ecosistemas altoandinos, además de la preocupación planteada por una eventual conexión con vertientes que alimentan el río Jere y sostienen actividades agrícolas en Toconao.
La representación de los reclamantes también cuestionó que las medidas previstas para enfrentar una eventual aparición de aguas durante los sondajes sean suficientes para resolver las incertidumbres existentes antes de ejecutar las obras.
El SEA y la empresa sostuvieron durante la discusión judicial que las incertidumbres fueron abordadas dentro de la evaluación y que existen medidas para responder ante un eventual alumbramiento de aguas. Entre ellas figura la detención de las labores en caso de detectar agua durante las perforaciones. Minera Plata Carina, además, defendió que los ocho sondajes se ejecutarían en una unidad geológica caracterizada por su baja permeabilidad.
Sistemas de vida y territorio atacameño
El conflicto no se limita al componente hidrogeológico. Las reclamaciones también incorporan eventuales efectos sobre los sistemas de vida y las prácticas tradicionales de las comunidades Lickanantay vinculadas al territorio.
Entre los elementos planteados aparecen actividades como agricultura, pastoreo, trashumancia y prácticas ceremoniales, junto con la presencia de flora de utilización tradicional y ecosistemas que dependen del funcionamiento hídrico del área. La zona asociada al proyecto se encuentra además próxima a sectores ambientalmente sensibles, entre ellos el Sitio Ramsar Salar de Tara y la Reserva Nacional Los Flamencos.
La discusión tiene un componente particularmente relevante para el desarrollo de exploraciones en Antofagasta: incluso campañas de perforación relativamente pequeñas pueden enfrentar exigencias ambientales significativas cuando se emplazan en territorios donde convergen acuíferos poco caracterizados, ecosistemas altoandinos y usos ancestrales.
Una aprobación que cambió durante la evaluación
Uno de los antecedentes determinantes del caso es la trayectoria administrativa de Exploraciones Aida.
La iniciativa había recibido inicialmente una calificación ambiental desfavorable. Posteriormente, el Director Ejecutivo del SEA acogió una reclamación administrativa presentada por la empresa y revirtió esa decisión, otorgando una calificación favorable al proyecto. Es precisamente esa resolución la que ahora está siendo cuestionada ante el Primer Tribunal Ambiental.
La primera acción judicial asociada a esta controversia, correspondiente a la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao, fue admitida a trámite en mayo de 2026 bajo el Rol R-159-2026. Posteriormente se incorporó la reclamación de la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao y otros, Rol R-161-2026, que quedó acumulada al procedimiento anterior.
El tribunal deberá resolver ahora si la decisión ambiental que permitió avanzar al proyecto cumplió con las exigencias aplicables y si las observaciones relacionadas con recursos hídricos, ecosistemas y sistemas de vida fueron adecuadamente consideradas.
Lo que está en juego para la exploración minera
El caso de Exploraciones Aida trasciende la inversión de US$1 millón comprometida para la campaña. Su importancia para la industria está en el estándar que se aplica a proyectos exploratorios en territorios con alta sensibilidad hídrica, ambiental y cultural, una combinación frecuente en sectores de interés geológico del norte chileno.
La exploración constituye la primera etapa para identificar nuevos recursos minerales y sostener una cartera futura de proyectos, pero el avance de campañas de sondajes depende cada vez más de información de línea base capaz de caracterizar anticipadamente acuíferos, ecosistemas y relaciones territoriales.
En San Pedro de Atacama esa exigencia adquiere una dimensión adicional por la presión existente sobre los recursos hídricos y por la presencia de comunidades indígenas y ecosistemas altoandinos.
La revisión judicial de Exploraciones Aida determinará el futuro inmediato de esta campaña, pero también será observada por titulares de proyectos que desarrollan exploración en condiciones territoriales similares. La controversia vuelve a instalar una cuestión central para la minería chilena: la incertidumbre hidrogeológica puede transformarse en un factor decisivo para los permisos incluso antes de que un proyecto avance desde la exploración hacia etapas de mayor escala.
