El Gobierno estadounidense solicitó a la justicia reexaminar una autorización fundamental de Revolution Wind, proyecto de 704 megavatios desarrollado por la danesa Ørsted frente a Rhode Island. La iniciativa comenzó a suministrar energía en marzo y podría enfrentar nuevas restricciones regulatorias.
La administración del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente judicial contra la energía eólica marina en Estados Unidos, al solicitar la revisión de un permiso federal que permitió desarrollar Revolution Wind, un parque de aproximadamente US$6.200 millones ubicado frente a las costas de Rhode Island. La iniciativa, impulsada por la compañía danesa Ørsted y sus socios, tiene una capacidad proyectada de 704 megavatios (MW), comenzó a generar electricidad en marzo de 2026 y completó la instalación de sus 65 aerogeneradores en septiembre.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó el viernes 9 de octubre una solicitud ante un tribunal federal para devolver al Departamento del Interior la aprobación del plan de construcción y operaciones del complejo.
El objetivo es permitir que la autoridad vuelva a examinar si la autorización cumple con la legislación que regula el aprovechamiento energético de la plataforma continental estadounidense.
La medida introduce incertidumbre sobre un proyecto que ya entrega electricidad a la red regional y que se aproxima a su operación comercial completa.
Sin embargo, la presentación judicial no significa que el parque haya sido paralizado ni que su autorización haya quedado automáticamente anulada. Esas consecuencias dependerán de las decisiones que adopte el tribunal y de una eventual nueva evaluación administrativa.
Gobierno busca revisar una autorización concedida en 2023
La solicitud del Departamento de Justicia apunta directamente al plan de construcción y operaciones aprobado por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de Estados Unidos (BOEM), organismo dependiente del Departamento del Interior.
Esta autorización constituye uno de los principales instrumentos regulatorios para construir y operar instalaciones de generación eléctrica en aguas federales.
El permiso de Revolution Wind fue aprobado en noviembre de 2023, después de varios años de estudios ambientales, evaluaciones técnicas y consultas con organismos gubernamentales.
La administración Trump considera necesario revisar su cumplimiento de la Outer Continental Shelf Lands Act, legislación federal que regula, entre otras actividades, el aprovechamiento de recursos energéticos en la plataforma continental exterior.
La petición presentada ante el tribunal establece que el Departamento del Interior considera justificado reexaminar su actuación conforme a esa normativa.
El procedimiento solicitado permitiría devolver la autorización a la agencia responsable para una nueva evaluación, pero no establece por sí mismo que el permiso original haya infringido la ley.
La distinción es relevante porque una revisión administrativa puede tener diferentes consecuencias, desde mantener una autorización con fundamentos adicionales hasta modificarla o adoptar nuevas decisiones sobre su vigencia.
Un parque de 704 MW que abastecerá a 350.000 hogares
Revolution Wind se encuentra aproximadamente a 15 millas náuticas de la costa de Rhode Island, en el océano Atlántico.
El proyecto pertenece a una sociedad integrada en partes iguales por Ørsted y Skyborn Renewables, vinculada a Global Infrastructure Partners.
Su infraestructura contempla 65 aerogeneradores marinos y una capacidad total de 704 MW, destinada al suministro eléctrico de Rhode Island y Connecticut.
La energía está comprometida mediante contratos de compraventa de electricidad de 20 años, distribuidos de la siguiente manera:
- 400 MW para Rhode Island, destinados al abastecimiento eléctrico del estado.
- 304 MW para Connecticut, equivalentes aproximadamente al 5% de su demanda eléctrica.
Una vez que alcance su capacidad comercial completa, se espera que el complejo produzca electricidad suficiente para abastecer a más de 350.000 hogares y negocios.
La instalación comenzó a suministrar electricidad a la red de Nueva Inglaterra en marzo de 2026, inicialmente con una parte de sus turbinas en funcionamiento.
Posteriormente, el 18 de septiembre, las autoridades de Connecticut confirmaron la instalación del aerogenerador número 65, completando una de las últimas grandes etapas de construcción.
La entrada en operación comercial completa estaba prevista para el último trimestre de 2026.
El desarrollo también ha involucrado a más de 2.000 trabajadores en actividades de construcción, transporte, fabricación y operaciones, incluidos más de 1.000 trabajadores sindicalizados que acumularon más de dos millones de horas laborales.
Trump ya había intentado detener el proyecto en dos ocasiones
El nuevo movimiento judicial se suma a una prolongada controversia entre la administración estadounidense, la industria eólica marina y las autoridades estatales.
El 22 de agosto de 2025, el Departamento del Interior ordenó suspender las actividades de construcción de Revolution Wind, planteando preocupaciones regulatorias y de seguridad nacional.
En ese momento, el proyecto presentaba aproximadamente un 80% de avance.
Ørsted impugnó la decisión ante la justicia federal, mientras Rhode Island y Connecticut iniciaron acciones legales para defender la continuidad del desarrollo.
En septiembre de ese año, un juez federal permitió reanudar los trabajos mediante una medida cautelar.
La disputa volvió a intensificarse el 22 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno estadounidense suspendió temporalmente cinco proyectos eólicos marinos de la costa este, nuevamente invocando preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Revolution Wind quedó incluido en esa decisión cuando ya había alcanzado cerca del 87% de ejecución.
El 12 de enero de 2026, el juez federal Royce Lamberth concedió una nueva medida cautelar que permitió continuar la construcción mientras avanzaban las controversias judiciales.
Estas resoluciones evitaron que las suspensiones gubernamentales impidieran terminar las principales instalaciones del complejo.
La estrategia presentada en octubre es distinta: en lugar de ordenar directamente una paralización, el Gobierno busca reabrir el examen legal de una autorización que había permitido avanzar con el proyecto.
El conflicto incluye cuestionamientos ambientales y marítimos
Además de las diferencias entre Ørsted y el Gobierno federal, Revolution Wind enfrenta impugnaciones promovidas por organizaciones contrarias al desarrollo eólico marino.
Entre ellas figura Green Oceans, agrupación de Rhode Island que inició acciones judiciales contra autorizaciones federales relacionadas con el proyecto.
La organización ha cuestionado la evaluación de posibles efectos sobre ecosistemas marinos, actividades pesqueras, navegación y otros usos del espacio oceánico.
Sus planteamientos también incluyen controversias sobre la aplicación de la legislación federal que regula la plataforma continental.
Estas objeciones forman parte de procedimientos judiciales y no equivalen, por sí mismas, a una determinación de incumplimiento por parte de Ørsted o de las agencias que aprobaron las instalaciones.
La empresa, por su parte, ha defendido la legalidad de los permisos obtenidos y ha sostenido que el proyecto atravesó años de revisión por distintas autoridades federales y estatales.
Qué está en juego para la electricidad de Nueva Inglaterra
El impacto de una eventual suspensión podría extenderse más allá de las inversiones ejecutadas por los desarrolladores.
Revolution Wind forma parte de la estrategia de Rhode Island y Connecticut para incorporar nuevas fuentes de generación y diversificar el suministro eléctrico de Nueva Inglaterra.
Esta región enfrenta una demanda energética creciente y restricciones de abastecimiento durante determinados periodos, especialmente en invierno, cuando aumenta el consumo de calefacción.
El Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut ha estimado que, una vez incorporado completamente el proyecto, su generación podría contribuir a reducir los costos del mercado eléctrico regional en hasta US$500 millones anuales hacia 2028.
Se trata de una proyección económica, no de un ahorro ya materializado, y su cumplimiento depende de las condiciones del mercado eléctrico y del funcionamiento del complejo.
Las autoridades de Connecticut también han calculado beneficios de entre US$150 millones y US$200 millones para sus consumidores durante los 20 años de vigencia contractual, asociados a menores cargos destinados a financiar determinadas políticas públicas.
Una eventual interrupción prolongada podría alterar los calendarios de suministro, afectar compromisos comerciales y generar costos adicionales para los propietarios del proyecto.
No obstante, todavía no existe una decisión judicial que permita afirmar que esas consecuencias se producirán.
La justicia deberá decidir si permite reabrir el permiso
La próxima etapa dependerá de la respuesta del tribunal federal a la solicitud presentada por el Departamento de Justicia.
Si se autoriza devolver el expediente al Departamento del Interior, la agencia podría volver a examinar los fundamentos jurídicos de la aprobación otorgada en 2023.
Una cuestión central será determinar si el permiso puede mantenerse vigente mientras se desarrolla esa revisión o si corresponde adoptar medidas que afecten la construcción pendiente y las operaciones eléctricas.
También deberán considerarse los intereses de los desarrolladores, las inversiones realizadas y los contratos de suministro comprometidos con las empresas distribuidoras.
Por ahora, Revolution Wind mantiene como referencia su capacidad proyectada de 704 MW y la electricidad que comenzó a entregar en marzo.
El caso plantea una nueva controversia sobre el alcance de la revisión federal de proyectos energéticos previamente autorizados, especialmente cuando han avanzado hasta la fase de generación comercial.
Su resolución tendrá consecuencias directas para Ørsted y sus socios, y podría influir en la certidumbre regulatoria de otras inversiones eólicas marinas actualmente desarrolladas en Estados Unidos.
REDIMIN Responde
¿Qué capacidad tiene el proyecto Revolution Wind y quiénes son sus desarrolladores?
Revolution Wind tiene una capacidad proyectada de 704 megavatios (MW) y es desarrollado por la compañía danesa Ørsted junto con Skyborn Renewables, vinculada a Global Infrastructure Partners.
¿Cuál es el valor estimado del proyecto Revolution Wind y dónde está ubicado?
El proyecto Revolution Wind tiene un valor estimado de aproximadamente US$6.200 millones y está ubicado frente a las costas de Rhode Island, en el océano Atlántico.
¿Qué acciones ha tomado el Gobierno estadounidense respecto a Revolution Wind?
El Gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha solicitado a la justicia reexaminar una autorización fundamental del proyecto Revolution Wind, introduciendo incertidumbre sobre su operación. Esta solicitud busca revisar el cumplimiento de la legislación que regula el aprovechamiento energético de la plataforma continental estadounidense.
¿Cuántos aerogeneradores tiene Revolution Wind y cuándo completó su instalación?
Revolution Wind cuenta con 65 aerogeneradores marinos, y la instalación de estos se completó en septiembre de 2026.
¿Qué impacto tiene Revolution Wind en el suministro eléctrico de Rhode Island y Connecticut?
Revolution Wind está destinado a suministrar 400 MW de electricidad a Rhode Island y 304 MW a Connecticut, lo que equivale aproximadamente al 5% de la demanda eléctrica de Connecticut. Se espera que el complejo produzca electricidad suficiente para abastecer a más de 350.000 hogares y negocios una vez que alcance su capacidad comercial completa.
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