Venezuela ha aprobado una nueva ley de minería que busca atraer inversión privada y extranjera, en el marco de una economía que enfrenta desafíos significativos. La medida fue ratificada unánimemente por la Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista, marcando un cambio estratégico para el desarrollo del sector minero del país.
Nueva ley para revitalizar el sector minero
La ley minera, aprobada recientemente, deroga las regulaciones de 1999 y 2015 y habilita a empresas nacionales, extranjeras, estatales y privadas, así como a consorcios, a explotar oro y otros “minerales estratégicos”. Los contratos de concesión tendrán una duración máxima de 30 años, con la posibilidad de ser extendidos por dos períodos adicionales de 10 años cada uno. Cabe destacar que los yacimientos minerales seguirán perteneciendo al Estado.
Entre las disposiciones clave de esta nueva normativa, se incluye la creación de un royalty de hasta el 13% sobre el valor bruto de la producción de minerales, así como un impuesto de hasta el 6% para las empresas que realicen actividades primarias de minería. Además, se establece que el Banco Central de Venezuela será la entidad encargada de gestionar las ventas de oro. La ley plantea también que cualquier disputa en este ámbito pueda ser resuelta mediante arbitraje.
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Concesiones máximas de 30 años, prorrogables en dos lapsos de 10 años.
Royalty de hasta 13% sobre la producción bruta de minerales.
El Banco Central administrará las ventas de oro.
Apoyo internacional y potencial en minerales estratégicos
La nueva normativa, impulsada tras el relajamiento de ciertas restricciones de Estados Unidos, ha generado expectativa tanto entre inversores locales como extranjeros. Delcy Rodríguez, presidenta en funciones, ha destacado durante los últimos meses su compromiso de garantizar seguridad y estabilidad legal para los inversionistas. Según Rodríguez, desde su nombramiento han visitado Venezuela 120 potenciales inversores, principalmente estadounidenses, interesados en el sector energético y minero.
Por su parte, Doug Burgum, secretario del Interior de los Estados Unidos, se mostró optimista durante una visita en marzo, afirmando que la ley “creará oportunidades para las empresas” y subrayando las promesas de seguridad por parte del gobierno venezolano hacia las compañías mineras. Esta postura coincide con la emisión de una licencia en Estados Unidos que autoriza transacciones específicas relacionadas con la minería en Venezuela, permitiendo contratos regulados bajo la legislación estadounidense.
Retos y oportunidades para la industria
Aunque la aprobación de esta normativa supone un avance significativo, actores del sector consideran que aún quedan desafíos por enfrentar. Un empresario minero, quien se encuentra en el proceso de obtener licencias para exportar equipos e iniciar actividades en el país, apunta que “los incentivos para la industria no son suficientes aún”. Además, destacó la necesidad de mayor agilidad en los permisos internacionales, haciendo referencia a la oportunidad que genera el contexto actual de conflictos en el Medio Oriente.
Por otro lado, persiste la preocupación por las deudas acumuladas de Venezuela con empresas mineras, producto de nacionalizaciones llevadas a cabo hace dos décadas. Entre las afectadas se encuentran compañías como Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining, a quienes el país adeuda miles de millones de dólares. Esto añade un matiz complejo al panorama para los potenciales inversionistas, quienes también consideran los beneficios de explorar depósitos de tierras raras en gran parte inexplorados.
