La carrera por los minerales críticos ha cobrado relevancia en el contexto de la transición energética, donde América Latina se encuentra en una posición estratégica. La región no solo tiene la oportunidad de abastecer al mundo con recursos como el litio y el cobre, sino que también puede transformar esta dinámica en un beneficio para sus poblaciones, mejorando su calidad de vida y diversificando sus economías.
La urgencia de una transición justa
La transición energética se ha convertido en uno de los grandes desafíos de los últimos años. En un escenario marcado por la crisis climática y la creciente competencia geopolítica, los países del Norte Global luchan por el acceso a minerales críticos para garantizar su seguridad energética. Este contexto plantea la pregunta: ¿quién paga el costo de esta transición y quién se beneficia realmente?
En 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas estableció un Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, compuesto por 23 Estados miembros y 14 miembros no estatales. Este panel elaboró un documento con siete principios para una transición justa, destacando el respeto por los derechos humanos y la integridad del medio ambiente como pilares fundamentales.
América Latina en el centro de la cadena de suministro
Cerca del 50% de los minerales necesarios para la transición energética se encuentran en países del Sur Global, muchos de ellos en territorios indígenas. Sin embargo, la extracción de estos recursos ha generado tensiones sociales y conflictos territoriales. Durante décadas, América Latina ha sido un exportador de materias primas, lo que ha llevado a economías dependientes de la volatilidad de los precios internacionales.
Los gobiernos de la región han respondido de manera variada ante esta carrera por los minerales. En Chile, se ha observado una aceleración en la aprobación de proyectos mineros, debilitando instrumentos de protección ambiental y alineando la política minera con los intereses de Estados Unidos, especialmente en torno al cobre y el litio. En Bolivia, se han implementado reformas que flexibilizan los procedimientos de evaluación ambiental, priorizando la atracción de inversiones en minería.
Incentivos y desafíos en Argentina
En Argentina, el Gobierno nacional lanzó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y regulatorios a grandes proyectos extractivos. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por no evaluar adecuadamente las necesidades del país y por priorizar los incentivos a las empresas sobre las obligaciones ambientales y sociales. La propuesta de un ‘Super RIGI’ refuerza esta tendencia, donde las exigencias para las empresas son cada vez menores.
Este contexto revela cómo la urgencia económica y la competencia geopolítica pueden desplazar las salvaguardas ambientales y reducir la participación pública en la toma de decisiones sobre proyectos mineros.
Hacia una nueva cooperación internacional
América Latina tiene la oportunidad de construir una agenda propia que no se limite a ser un proveedor de minerales, sino que busque mejorar la calidad de vida de sus poblaciones y fortalecer su autonomía. Para ello, es fundamental avanzar hacia una cooperación internacional basada en la justicia y el respeto por los derechos humanos y los ecosistemas.
Se requiere que los países del Norte Global compartan conocimiento, capacidades técnicas y recursos financieros para cerrar las brechas existentes. Además, cualquier estrategia relacionada con los minerales para la transición debe garantizar el respeto por los derechos humanos y la participación efectiva de las comunidades locales.
La situación actual exige liderazgos que miren más allá de las inversiones inmediatas y que prioricen el interés público. La transición energética debe estar fundamentada en la justicia social y la protección de los ecosistemas, permitiendo que los países del Sur Global también tengan algo que ganar.
A medida que se avanza en estas discusiones, la comunidad internacional debe estar atenta a los próximos pasos en la formulación de políticas que aseguren una transición energética inclusiva y sostenible. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán cruciales para determinar el futuro de la minería en América Latina y su impacto en las comunidades locales.
