El Gobierno argentino modificó la reglamentación del régimen minero mediante el Decreto 482/2026. La medida apunta a reducir trámites, digitalizar procesos y dar mayor previsibilidad a inversiones en exploración, construcción y operación minera.
Argentina dio un paso relevante en su estrategia para atraer capital minero. El Gobierno nacional aprobó una actualización integral de la reglamentación de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, un marco vigente desde 1993 que otorga beneficios fiscales y operativos a proyectos del sector.
La modificación fue publicada el 23 de junio de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, mediante el Decreto 482/2026, firmado por el presidente Javier Milei. La norma sustituye el anexo reglamentario del Decreto 2686/1993 y establece un plazo de 60 días corridos para que la autoridad de aplicación dicte normas complementarias.
El cambio no aprueba por sí mismo nuevos proyectos ni asigna inversiones específicas, pero busca acortar tiempos administrativos en una cartera donde litio, cobre, oro y plata concentran buena parte del interés de los inversionistas.
Qué cambia en el régimen minero argentino
La actualización apunta a modernizar procedimientos que, según el propio decreto, habían quedado desfasados frente a nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas. El Gobierno argumentó que el objetivo es simplificar trámites, reducir cargas burocráticas, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar los instrumentos de control estatal.
Entre los cambios centrales se incluyen la obligación de constituir domicilio legal electrónico, la digitalización de presentaciones, la simplificación del sistema de importaciones para bienes destinados a proyectos mineros y la optimización del mecanismo de devolución acelerada del IVA durante la etapa de exploración.
También se establece, por primera vez en la aplicación del régimen, una definición formal de “proyecto minero” y se dispone que las declaraciones juradas se presenten a nivel de proyecto. Esta precisión es relevante porque permite ordenar beneficios, obligaciones y controles en función de unidades productivas concretas y no solo de empresas registradas.
Importaciones, IVA y estabilidad fiscal
Uno de los puntos más sensibles para la industria es el tratamiento de importaciones. La nueva reglamentación reemplaza autorizaciones previas y certificados manuales por declaraciones juradas digitales sobre el destino minero de los bienes. El esquema se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino y con el Sistema Informático Malvina, utilizado por la Aduana.
En la práctica, esto puede incidir en equipos, partes, repuestos, bienes de capital y componentes críticos para exploración, plantas de proceso, campamentos, infraestructura eléctrica, logística y operación minera. Para proyectos en zonas cordilleranas o salares de alta complejidad, la reducción de trámites aduaneros puede tener impacto directo en plazos de construcción, mantenimiento y puesta en marcha.
El decreto también introduce cambios en la devolución acelerada del IVA para exploración. Según la norma, se simplifica la documentación exigida, limitándola a facturas y comprobantes de pago, y se elimina la obligación de notificar trabajos exploratorios antes de realizarlos. La autoridad de aplicación solo podrá requerir información adicional estrictamente necesaria para verificar la correspondencia del crédito fiscal.
La estabilidad fiscal sigue siendo uno de los ejes del régimen. La Ley 24.196 establece que los emprendimientos mineros comprendidos en el sistema gozan de estabilidad fiscal por 30 años desde la presentación del estudio de factibilidad. Esa estabilidad alcanza tributos nacionales, provinciales y municipales en los términos previstos por la ley.
Una señal para litio, cobre, oro y plata
La reforma llega en un momento en que Argentina busca posicionarse con mayor fuerza en minerales críticos y metales preciosos. El país ya tiene un peso creciente en litio, mientras que en cobre intenta acelerar una cartera de proyectos de gran escala que compite por capital con Chile, Perú, Canadá, Australia y Estados Unidos.
El Gobierno argentino informó en enero que las exportaciones mineras de 2025 alcanzaron US$6.037 millones, el mayor valor histórico del sector en el país. De ese total, los minerales metalíferos sumaron US$4.948 millones, equivalentes al 82% del total; el oro aportó US$4.078 millones y el litio llegó a US$905 millones, también con máximo histórico.
El litio explicó el 15% de las exportaciones mineras argentinas, impulsado por la entrada en producción de cuatro proyectos entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete el número de minas de litio en operación. Ese dato muestra por qué la simplificación regulatoria puede tener mayor efecto en etapas tempranas: exploración avanzada, construcción de plantas, ampliaciones y ramp-up productivo.
En cobre, el desafío es distinto. Argentina cuenta con proyectos de gran escala, pero necesita transformar recursos y estudios en decisiones de inversión, permisos, obras y producción. En marzo, durante PDAC, autoridades argentinas informaron que el país tenía seis proyectos mineros aprobados bajo el RIGI y otros 12 en evaluación, con una inversión potencial combinada de US$47.000 millones.
Integración regional y proveedores
Otro cambio relevante es la ampliación del criterio de integración regional entre yacimientos y plantas de beneficio hasta un radio de 500 kilómetros. La medida busca dar mayor flexibilidad logística y productiva, especialmente en regiones donde los depósitos, plantas, caminos, energía, agua e infraestructura no siempre se ubican en un mismo punto.
Esto puede ser relevante para provincias con distritos mineros dispersos o para proyectos que requieren plantas centralizadas de tratamiento, procesamiento o beneficio. También puede abrir espacio para proveedores regionales, contratistas de transporte, servicios de mantenimiento, campamentos, ingeniería y abastecimiento industrial.
La norma incorpora además requisitos específicos para prestadores de servicios mineros. Esto importa porque una parte sustantiva del desarrollo de proyectos depende de empresas de perforación, movimiento de tierra, ingeniería, montaje, transporte, servicios ambientales, construcción de infraestructura y operación de campamentos.
El componente ambiental
En materia ambiental, el decreto armoniza el régimen de la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente. La actualización permite que el Seguro Ambiental Obligatorio pueda ser utilizado, previa evaluación de la autoridad de aplicación, para acreditar garantías destinadas a prevención, recomposición y remediación ambiental.
El texto oficial sostiene que esta herramienta no implica una reducción de protección ambiental, sino una forma de asegurar disponibilidad verificable de recursos para remediación bajo control de la autoridad competente. Aun así, este punto será observado por provincias, comunidades y organizaciones ambientales, especialmente en proyectos ubicados cerca de glaciares, cuencas sensibles, salares o zonas con estrés hídrico.
La reforma administrativa no reemplaza evaluaciones ambientales, permisos provinciales ni exigencias sectoriales específicas. Su efecto principal está en el funcionamiento del régimen promocional y en la interacción entre empresas, Estado nacional, Aduana y autoridad minera.
Datos clave
País: Argentina.
Norma actualizada: Ley 24.196 de Inversiones Mineras.
Instrumento: Decreto 482/2026.
Publicación: 23 de junio de 2026.
Reglamento modificado: Decreto 2686/1993.
Ejes: digitalización, simplificación, importaciones, IVA, estabilidad fiscal, control ambiental.
Minerales con mayor foco sectorial: litio, cobre, oro y plata.
Plazo para normas complementarias: 60 días corridos.
Exportaciones mineras 2025: US$6.037 millones.
Oro 2025: US$4.078 millones en exportaciones.
Litio 2025: US$905 millones en exportaciones.
Qué observará la industria
La actualización del régimen minero argentino debe leerse como parte de una agenda más amplia para competir por inversiones de largo plazo. En minería, los beneficios fiscales son importantes, pero no suficientes: los proyectos también dependen de permisos ambientales, infraestructura, energía, agua, aceptación social, financiamiento y estabilidad política provincial.
El punto crítico será la implementación. Si las declaraciones juradas digitales, la devolución del IVA, el sistema de importaciones y los controles ex post funcionan sin generar nuevos cuellos de botella, la reforma puede mejorar la velocidad de proyectos en exploración y construcción. Si la reglamentación complementaria agrega requisitos o mantiene demoras operativas, el efecto práctico será menor.
Para Argentina, la ventana de oportunidad está clara: litio para baterías, cobre para electrificación, oro como activo de exportación y plata con demanda industrial. La actualización de la Ley de Inversiones Mineras no garantiza inversión por sí sola, pero sí busca reducir una fricción clave: la incertidumbre administrativa en proyectos que requieren capital intensivo, plazos largos y reglas estables.
