El Gobierno prepara la conformación de un equipo de especialistas que transformará las propuestas recogidas en la Cumbre Nacional Minera 2026 en un nuevo marco legal. Seguridad jurídica, contratos, inversión privada, cooperativas, medioambiente y minería ilegal están entre los ejes centrales de la discusión.
La reforma de la legislación minera boliviana entró en una etapa decisiva. Tras varios meses de reuniones sectoriales y las mesas técnicas desarrolladas durante julio, el Gobierno avanza hacia la conformación del grupo encargado de redactar el nuevo Código Minero, una normativa llamada a reemplazar el esquema establecido por la Ley 535 de Minería y Metalurgia y a redefinir las condiciones bajo las cuales operarán el Estado, las empresas privadas y las cooperativas.
El proceso es conducido por el Ministerio de Minería y Metalurgia, encabezado por Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, y tiene como base los acuerdos y propuestas generados dentro de la Cumbre Nacional Minera 2026. La instancia comenzó a trabajar en diciembre de 2025 mediante reuniones periódicas y durante julio concentró la discusión en mesas técnicas con participación de representantes de la minería estatal, privada, mediana, chica y cooperativa, además de profesionales, especialistas y exautoridades.
El siguiente paso será convertir esas propuestas en articulado legal. Para ello se contempla constituir un grupo reducido de abogados y especialistas, cuya composición todavía debe ser acordada entre los actores participantes. La intención es que este equipo trabaje de manera intensiva en la preparación del proyecto, antes de abrir nuevas instancias de socialización y llevar posteriormente la propuesta al debate legislativo.
Seis áreas concentran la discusión minera
La reforma aborda problemas que durante años han condicionado la expansión de la actividad minera boliviana. Las materias analizadas incluyen seguridad jurídica, contratos mineros, institucionalidad y organización sectorial, medioambiente y minería responsable, comercialización y trazabilidad, combate contra la minería ilegal, además de desarrollo productivo, incentivos e inversiones.
La seguridad jurídica aparece como uno de los componentes más sensibles. El desafío es establecer reglas más claras para acceder, mantener y desarrollar derechos mineros, junto con procedimientos administrativos que reduzcan incertidumbre para proyectos de exploración y explotación.
La discusión también alcanza directamente al sistema contractual y al equilibrio entre los tres grandes actores reconocidos dentro de la estructura minera boliviana: Estado, privados y cooperativas. El planteamiento gubernamental apunta a ampliar el espacio para inversión privada y actividad cooperativa sin retirar al Estado de su posición estratégica dentro del sector.
Ese eventual cambio resulta especialmente relevante para una industria que requiere capital de largo plazo para exploración, desarrollo de yacimientos, plantas de procesamiento, infraestructura y tecnología. La capacidad del nuevo marco normativo para ofrecer estabilidad contractual y procedimientos predecibles será, por tanto, uno de los factores que determinará su efecto real sobre nuevas inversiones.
Minería ilegal y medioambiente entran al diseño normativo
Otro frente de discusión es la minería ilegal. Entre las propuestas analizadas durante la Cumbre figura incluso la posibilidad de establecer una instancia especializada dentro de la justicia ordinaria para resolver causas relacionadas con actividades mineras ilícitas y fortalecer la capacidad de fiscalización estatal.
El tema tiene efectos que van más allá del control de operaciones sin autorización. La trazabilidad de minerales, la comercialización y la capacidad institucional para identificar el origen de la producción forman parte del mismo debate, especialmente en segmentos donde existen numerosos operadores y cadenas de comercialización fragmentadas.
La dimensión ambiental también está siendo incorporada a la futura legislación. Las mesas técnicas analizaron mecanismos para avanzar hacia tecnologías que permitan reducir progresivamente el uso de mercurio, una materia particularmente relevante para determinadas operaciones auríferas. El desafío será compatibilizar nuevas exigencias ambientales con capacidades técnicas y financieras muy diferentes entre minería empresarial, pequeña minería y cooperativas.
Cooperativas, privados y organizaciones sociales buscan espacio
La etapa posterior a la Cumbre ha mostrado que la construcción del Código todavía está abierta. El Ministerio continuó las conversaciones con la Asociación Nacional de Mineros Medianos y con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras mantiene el diálogo con el sector cooperativo tras las diferencias registradas durante las reuniones de fines de julio.
A ese proceso se incorporaron además organizaciones sociales. El 4 de agosto, autoridades mineras se reunieron con dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que prepara propuestas propias vinculadas al desarrollo de actividades mineras en distintas regiones del país.
La ampliación del debate hacia actores territoriales anticipa uno de los puntos complejos de la reforma: cómo compatibilizar el desarrollo de nuevos proyectos con comunidades, actividades productivas locales, protección ambiental y acceso a recursos naturales.
El nuevo Código reemplazará una normativa vigente desde 2014
La reforma implica un cambio de mayor alcance que una modificación puntual. La intención es sustituir la Ley 535 de Minería y Metalurgia, vigente desde mayo de 2014 y que a su vez reemplazó el Código de Minería contenido en la Ley 1777 de 1997.
El diseño previsto contempla componentes sustantivos y procedimentales. Esto significa que la discusión no se limitará a definir derechos y obligaciones de los actores, sino también a establecer cómo deberán tramitarse contratos, autorizaciones, fiscalizaciones y otros procedimientos asociados a la actividad minera.
Antes de la Cumbre, la autoridad minera había planteado como objetivo disponer de un primer borrador hacia fines de agosto. La continuidad de las mesas, la incorporación de nuevos sectores y la necesidad de consensuar la composición del grupo redactor muestran, sin embargo, que el proceso todavía tiene etapas pendientes antes de contar con un texto definitivo.
La inversión dependerá de cómo se traduzcan los consensos
Para la industria, la cuestión central ya no es únicamente cuándo estará disponible el proyecto, sino qué reglas terminará estableciendo.
Bolivia dispone de una extensa base minera y mantiene actividad relevante en zinc, plata, estaño, plomo, oro y otros minerales, además de proyectos asociados a recursos estratégicos. Transformar ese potencial en nuevas operaciones exige capital, exploración, infraestructura y horizontes regulatorios compatibles con inversiones que pueden requerir décadas para recuperar sus desembolsos.
Por eso, materias como estabilidad jurídica, contratos, tiempos de tramitación, institucionalidad, fiscalización ambiental y reglas para la participación estatal pueden tener efectos directos sobre la competitividad del país frente a otras jurisdicciones mineras de la región.
La fase de redacción que comienza ahora será la prueba más exigente del proceso. Las mesas permitieron ordenar problemas y recoger propuestas; el desafío será convertirlas en disposiciones aplicables sin generar contradicciones entre los distintos modelos productivos que conviven en la minería boliviana.
El resultado definirá no solo la relación futura entre Estado, cooperativas y capital privado, sino también las condiciones con las que Bolivia intentará atraer nuevos proyectos, formalizar parte de su actividad minera y ampliar su capacidad productiva durante los próximos años.
