La reciente respuesta del gobierno al informe en derecho de Javier Couso, contratado por Andes Iron, deja en evidencia lo que muchos ya sospechaban: el documento carece de objetividad y forma parte de una estrategia desesperada de la empresa minera para cambiar la opinión pública e instalar la idea de que el fallo del Comité de Ministros fue ilegal y desobedeció órdenes judiciales.
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Sin embargo, la contundente respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no sólo desmonta los argumentos del informe, sino que también reafirma que este carece de validez al ser un estudio pagado por la misma empresa afectada, lo que le resta toda imparcialidad y rigor.
Pero la maniobra de Andes Iron no se limita a la contratación de estudios cuestionables. La empresa sigue entrometiéndose en el territorio, organizando talleres para validar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que ya ha sido rechazada, demostrando una falta total de respeto por el proceso institucional y las comunidades locales. Este actuar es parte de una estrategia más amplia que busca legitimar un proyecto con múltiples cuestionamientos ambientales y administrativos.
Además el proyecto Dominga no solo ha sido rechazado tres veces, sino que también está profundamente vinculado a algunos de los casos de corrupción más grandes del país. Su historial incluye su involucramiento en el Caso Penta, donde se descubrieron pagos irregulares al subsecretario de Minería, Pablo Wagner, así como en los Pandora Papers, donde quedó en evidencia que el expresidente Sebastián Piñera firmó un contrato con la familia Délano por 9 millones de dólares, condicionando la creación del área marina protegida en la zona, para que ésta no se concretara.
A pesar de estas cuestionables maniobras, dicha área protegida fue finalmente creada, reconociendo la enorme importancia y biodiversidad de la corriente de Humboldt en Chile.
A lo anterior se suma el reciente caso Hermosilla, que reveló cómo este estudio jurídico intervino para que Sebastián Piñera evitara responsabilidades en los Pandora Papers, consolidando el vínculo del proyecto Dominga con los tres mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Chile. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de mantener el rechazo a un proyecto que no solo representa un riesgo ambiental, sino que también está manchado por prácticas corruptas.
Un dato clave que desmiente cualquier teoría de persecución contra Dominga es que cerca de un 90% de los proyectos son aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental. Dominga forma parte de un porcentaje mínimo de proyectos extractivistas rechazados, lo que evidencia sus debilidades tanto en términos técnicos como ambientales. Si hubiera contado con información y bases técnicas sólidas, no habría acumulado tres rechazos.
En definitiva, Andes Iron insiste en defender un proyecto con serios cuestionamientos recurriendo a estrategias de presión política, desinformación y agresión. Sin embargo, ni la contratación de informes sesgados ni la intervención directa en el territorio podrán cambiar los hechos: el proyecto Dominga ha sido rechazado porque no cumple con los criterios necesarios para su aprobación. La protección de la biodiversidad y la transparencia deben primar por sobre los intereses de una empresa dispuesta a todo para imponer su agenda.
