El proyecto Dominga vuelve a escalar en el plano judicial. Andes Iron interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile contra tres ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a quienes acusa de incurrir en “graves faltas o abusos” al anular un procedimiento de cumplimiento vinculado a una sentencia ambiental firme. La controversia surge luego de que la Corte de Apelaciones dejara sin efecto todo lo obrado en un incidente tramitado ante el Primer Tribunal Ambiental, declarando improcedente ejecutar una sentencia dictada el 9 de diciembre de 2024.
Aquella resolución ambiental había anulado una decisión del Comité de Ministros y ordenado emitir un nuevo pronunciamiento conforme a parámetros establecidos por el tribunal. Para la empresa, la decisión de la Corte de Apelaciones “vacía de contenido la fuerza obligatoria de las sentencias firmes” y compromete el principio de tutela judicial efectiva.
El núcleo jurídico del conflicto
En el escrito presentado, la compañía sostiene que la sentencia del 20 de febrero de 2026 anuló de oficio el procedimiento de cumplimiento incidental, impidiendo ejecutar un fallo que, a su juicio, se encontraba firme y ejecutoriado. Andes Iron argumenta que la resolución del Tribunal Ambiental estableció una “obligación de hacer clara y actualmente exigible”, lo que generaría efecto de cosa juzgada y habilitaría su cumplimiento forzado conforme a los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y a la Ley N°20.600.
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La firma afirma que los ministros recurridos habrían incurrido en un “salto lógico jurídicamente improcedente”, al equiparar el carácter no definitivo del fallo —en sede de admisibilidad— con una supuesta falta de fuerza ejecutiva. A su entender, dicha interpretación contradice los artículos 175 y 176 del Código de Procedimiento Civil.
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Un proyecto de alta sensibilidad ambiental
El proyecto Dominga, que contempla una iniciativa minera y portuaria en la Región de Coquimbo, ha enfrentado una prolongada tramitación ambiental y judicial. Su desarrollo ha dividido al mundo político, empresarial y ambientalista, en particular por su cercanía a áreas de alto valor ecológico.
El nuevo recurso ante la Suprema agrega una capa institucional al conflicto, al cuestionar directamente la actuación de ministros de una Corte de Apelaciones. De ser acogido, podría reabrir la vía de ejecución de la sentencia ambiental; de lo contrario, consolidaría el criterio adoptado por la Corte de Antofagasta.
Impacto institucional y próximos pasos
Más allá del destino específico de Dominga, el caso instala un debate sobre el alcance ejecutivo de las sentencias dictadas por los Tribunales Ambientales y la relación entre jurisdicción especializada y tribunales superiores. La decisión que adopte la Corte Suprema no solo incidirá en el futuro inmediato del proyecto, sino también en la interpretación procesal aplicable a otros conflictos ambientales en curso.
Con el recurso ya ingresado, el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre si existieron efectivamente “faltas o abusos graves” o si la controversia corresponde a una discrepancia jurídica dentro del marco de autonomía judicial.
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