La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha iniciado una consulta pública destinada a actualizar las normativas para la exploración y explotación de aguas subterráneas. Este proceso busca adecuar el reglamento vigente a las disposiciones del Código de Aguas modificado en abril de 2022, atendiendo a la crisis hídrica y el cambio climático.
Consulta pública busca enfrentar la sequía y actualizar el reglamento
El proceso, que estará disponible hasta el 16 de enero en el sitio web de la Dirección General de Aguas (DGA), ofrece una plataforma para que la ciudadanía revise los capítulos y artículos del reglamento propuesto, así como emita observaciones y propuestas. Según el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, esta actualización es crucial dado que la reforma al Código de Aguas otorga una mayor relevancia a las aguas subterráneas, las cuales presentan un descenso alarmante. “Hoy contamos con 144 zonas de prohibición y 120 áreas de restricción precisamente para proteger las fuentes de aguas subterráneas”, señaló Sanhueza.
La sequía estructural y las nuevas demandas impuestas por el cambio climático y el crecimiento demográfico son factores que urgieron la revisión de este reglamento, creado hace 11 años. Según el funcionario, la escasez de precipitaciones y los eventos climáticos extremos han complicado la recarga de los acuíferos, mientras las exigencias hídricas de actividades productivas y la población continúan en aumento, generando presión sobre estos recursos vitales.
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Mejoras en la explotación y uso sustentable de los acuíferos
La tercera versión del reglamento incluye modificaciones significativas en los procedimientos para la exploración y explotación de acuíferos, buscando aumentar la flexibilidad en el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Entre las actualizaciones destacadas figura la optimización del mecanismo de recarga artificial de acuíferos, una estrategia que considera objetivos diversos como la preservación ecosistémica, la prevención de intrusión salina y el aprovechamiento del agua desalinizada o de residuos líquidos bajo normativa ambiental.
Además, esta versión específica las circunstancias en que se podrá exceptuar el permiso de recarga, reconociendo necesidades particulares en la gestión hídrica. El avance busca equilibrar la sustentabilidad del recurso, al tiempo que se asegura su disponibilidad para usos futuros. Esto podría beneficiar tanto a sectores económicos como a regiones en zonas de escasez, adaptándose al contexto actual de sequía prolongada.
Preservación y mejora de ecosistemas acuáticos.
Prevención de intrusión salina en los acuíferos.
Infiltración controlada de agua desalinizada o regulada según normativa ambiental.
Reutilización de aguas subterráneas mediante recarga y almacenamiento.
Concluida la consulta pública, la DGA revisará todas las observaciones recibidas para definir cuáles serán incorporadas en el reglamento final. Posteriormente, este documento será presentado a la Contraloría para su evaluación y eventual entrada en vigor.
