Cobre Panamá vuelve al centro del debate minero regional luego de que el gobierno de Panamá avanzara en una medida clave: autorizar la extracción y exportación de mineral ya acopiado en la faena operada por First Quantum Minerals. La decisión, en etapa final dentro del Ministerio de Comercio e Industrias, busca gestionar el cierre operativo de uno de los mayores yacimientos de cobre de América Latina, paralizado desde 2023. La iniciativa no implica una reapertura inmediata, pero sí abre un nuevo capítulo en la estrategia del país para mitigar los impactos económicos y ambientales derivados del cierre de la mina, que llegó a representar cerca del 5% del PIB panameño y alrededor del 1% de la oferta mundial de cobre.
El ministro Julio Moltó confirmó que la resolución permitiría retirar y procesar material ya extraído, lo que daría paso a su exportación en los próximos meses. Según estimaciones oficiales, el stock acumulado asciende a cerca de 38 millones de toneladas de mineral, con un potencial de producción de aproximadamente 70.000 toneladas de cobre contenido.
Plan de manejo: ingresos, empleo y riesgos ambientales
La estrategia del Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, apunta a transformar un pasivo en una fuente transitoria de ingresos fiscales y actividad económica. El procesamiento del mineral podría comenzar unos tres meses después de la aprobación y extenderse por cerca de un año, generando alrededor de 700 empleos directos adicionales a los 1.600 actuales, además de una cadena de empleos indirectos en logística y servicios.
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Las autoridades también han destacado el impacto fiscal de estas medidas. Hasta ahora, la venta de más de 122.000 toneladas de concentrado ha generado cerca de US$30 millones en regalías, recursos que han sido destinados a proyectos de infraestructura pública. Este flujo permitiría, además, financiar parte de los costos de mantenimiento del sitio en 2026.
En paralelo, la reactivación parcial de una unidad eléctrica de 150 MW ha permitido sostener las operaciones mínimas del complejo y aportar energía al sistema nacional, reforzando el rol estratégico de la infraestructura asociada a la mina.
Clave ambiental y decisión estructural pendiente
Uno de los argumentos centrales para avanzar en la remoción del mineral es la reducción de riesgos ambientales. El almacenamiento prolongado de material sulfurado puede generar drenaje ácido de roca, afectando suelos y cursos de agua si no se gestiona adecuadamente. En ese contexto, la extracción y procesamiento del stock contribuiría a estabilizar los depósitos y facilitar la gestión de relaves.
Sin embargo, el futuro estructural de Cobre Panamá sigue abierto. Antes de su cierre, la mina produjo unas 350.000 toneladas de cobre en 2022, posicionándose como un activo relevante a nivel global. El gobierno panameño ha señalado que espera definir el destino de largo plazo del proyecto hacia junio, en medio de presiones económicas, sociales y ambientales que mantienen en suspenso una eventual reactivación total.
El desenlace de este proceso será seguido de cerca por la industria minera internacional, considerando el impacto que decisiones regulatorias de este tipo pueden tener sobre la inversión extranjera, la seguridad jurídica y la transición energética, altamente dependiente del suministro de cobre.
