La República Democrática del Congo prepara controles periódicos sobre las principales compañías mineras que operan en el país, en una nueva etapa de su estrategia para aumentar la participación de empresas, trabajadores y capital congoleño en una industria dominada por grandes grupos internacionales.
La República Democrática del Congo comenzará a realizar auditorías anuales a las principales compañías mineras a partir de 2027, como parte del endurecimiento de su política de contenido local y de los controles sobre la contratación de proveedores y subcontratistas nacionales.
La medida será aplicada por la Autoridad de Regulación de la Subcontratación en el Sector Privado (ARSP), organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas que buscan aumentar la participación congoleña en las cadenas de suministro de sectores estratégicos.
El cambio adquiere especial relevancia por el peso del país en el mercado mundial de minerales. Congo es el mayor productor de cobalto del mundo y uno de los principales productores globales de cobre, con operaciones de compañías como Glencore, Ivanhoe Mines, CMOC y Eurasian Resources Group (ERG).
Un control que pasará a ser permanente
Hasta ahora, las inspecciones de la ARSP se han desarrollado mediante misiones específicas destinadas a revisar contratos, proveedores y procedimientos de subcontratación. El esquema previsto desde 2027 apunta a transformar ese mecanismo en una fiscalización recurrente de las grandes operaciones mineras.
El objetivo será verificar periódicamente si las compañías cumplen con las obligaciones de contenido local, particularmente en materias como la contratación de empresas congoleñas, la elegibilidad de los proveedores y la participación efectiva de firmas nacionales en los contratos generados por la industria extractiva.
La decisión coincide con la entrada en vigor de la Ley N°26/018, promulgada el 30 de junio de 2026, que establece un nuevo régimen de contenido local para la economía congoleña.
El marco legal busca incrementar la participación de ciudadanos congoleños y de empresas con capital mayoritariamente nacional tanto en el sector público como privado. Entre las funciones de los reguladores estará fiscalizar las obligaciones de contenido local, evaluar su cumplimiento y aplicar las sanciones previstas en la legislación. Su aplicación está programada para comenzar el 1 de enero de 2027.
Glencore, Ivanhoe y ERG ya enfrentan medidas del regulador
El endurecimiento regulatorio ya comenzó a reflejarse en decisiones concretas durante septiembre.
La ARSP ordenó a Kamoto Copper Company (KCC) y Mutanda Mining (MUMI), ambas vinculadas a Glencore, terminar contratos con empresas de subcontratación que el regulador determinó que no cumplían con los requisitos legales de elegibilidad.
La decisión se produjo después de revisar los registros de proveedores y prestadores de servicios de ambas operaciones.
Días después, el organismo adoptó una medida similar contra empresas relacionadas con Ivanhoe Mines. Kipushi Corporation, Ivanhoe Mines Services e Ivanhoe Mines DRC recibieron instrucciones de poner fin a contratos con 140 subcontratistas considerados no conformes con la legislación.
Las compañías disponen de 30 días para entregar un plan correctivo y regularizar su situación.
El regulador también intervino en operaciones de Eurasian Resources Group. Frontier, Boss Mining y Metalkol fueron instruidas para terminar relaciones contractuales con proveedores que no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa congoleña. Las revisiones abarcaron contratos y proveedores de años anteriores, mostrando que la fiscalización puede extenderse más allá de las contrataciones nuevas.
Congo quiere capturar una mayor parte del negocio minero
La política de contenido local responde a un problema que Congo intenta resolver desde hace años: pese al tamaño de su industria minera y al valor de sus exportaciones de cobre, cobalto y otros minerales, una parte relevante del gasto generado por las operaciones termina en proveedores controlados fuera del país.
El gobierno busca que una proporción mayor de ese flujo económico permanezca dentro de Congo mediante empresas locales, empleos, participación accionaria y transferencia de capacidades.
La legislación sobre subcontratación reserva estas actividades, con las excepciones contempladas por la normativa, a compañías con capital mayoritariamente congoleño. Las autoridades también están reforzando los mecanismos destinados a identificar quién controla realmente las empresas proveedoras, con el objetivo de impedir que sociedades formalmente locales funcionen únicamente como intermediarias para operadores extranjeros.
El sector minero concentra buena parte del desafío. La ARSP estima que la subcontratación congoleña posee un mercado potencial superior a US$8.500 millones, mientras que la minería representa más del 90% de los contratos reportados dentro de ese sistema.
Nuevas exigencias para las compañías internacionales
Para los grandes productores de cobre y cobalto, el sistema de auditorías anuales implica que el cumplimiento de las reglas de contenido local pasará a formar parte de manera permanente de la gestión de proveedores.
Las compañías tendrán que demostrar no solo que sus contratistas cuentan con las autorizaciones correspondientes, sino también que cumplen las condiciones de propiedad y participación nacional exigidas por la legislación.
La fiscalización se suma a otras medidas adoptadas por Congo para aumentar la participación local en su industria minera. Durante 2026 las autoridades también avanzaron en la aplicación de requisitos de participación accionaria congoleña en las compañías del sector, una materia que ha generado conversaciones entre el gobierno y grandes operadores internacionales sobre su implementación.
La estrategia no se limita a imponer obligaciones. La ARSP y el Fondo de Promoción de la Industria preparan, además, un mecanismo destinado a facilitar financiamiento a empresas congoleñas de subcontratación, especialmente en minería y petróleo, cuya puesta en marcha está prevista también para enero de 2027.
El próximo año marcará así un cambio relevante para la industria minera congoleña. Con inspecciones periódicas, mayores obligaciones de contenido local y controles más estrictos sobre los proveedores, las empresas internacionales deberán adaptar sus cadenas de contratación a un modelo en el que Congo busca retener una proporción mayor del valor económico generado por sus recursos minerales.
