Dominga vuelve a tensionar el debate entre inversión y protección ambiental en Chile. El proyecto minero-portuario de Andes Iron, que contempla una inversión estimada en US$ 2.500 millones, quedó nuevamente en entredicho luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara el rechazo previamente resuelto por el Comité de Ministros. En ese escenario, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, salió a defender la actuación del Ejecutivo y a descartar cualquier sesgo político en la evaluación de grandes iniciativas de inversión.
La autoridad fue enfática en que la clave no está en la magnitud del desembolso, sino en la calidad técnica de los antecedentes presentados. “Cuando contamos con un buen estudio de impacto ambiental, los proyectos avanzan y fluyen rápidamente”, sostuvo en entrevista radial, marcando un punto central en una controversia que se ha extendido por más de una década y que ha pasado por distintas instancias administrativas y judiciales. La frase sintetiza la postura oficial: la decisión no responde a criterios ideológicos, sino a estándares regulatorios que —según el Gobierno— no fueron cumplidos en este caso.
Comité de Ministros y respaldo judicial
El fallo de la Corte de Apelaciones dejó en pie la resolución adoptada en enero de 2025 por el Comité de Ministros, instancia integrada por las carteras sectoriales, entre ellas Medio Ambiente, Salud y Economía. Con ello, se ratifica por tercera vez el rechazo a la iniciativa impulsada por Andes Iron.
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Según explicó la ministra Rojas, la propuesta presenta “falencias muy importantes”, lo que impidió su aprobación en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En términos prácticos, la decisión judicial no se pronuncia sobre la viabilidad técnica del proyecto en sí, sino que valida el procedimiento administrativo seguido por la autoridad ambiental.
La controversia en torno a Dominga se ha transformado en un caso emblemático dentro del debate sobre permisología y certeza jurídica en el sector minero. Mientras el Ejecutivo defiende la rigurosidad de los estándares ambientales, desde el mundo empresarial se ha advertido sobre los efectos que procesos extensos y judicializados pueden tener sobre la competitividad del país como destino de inversión.
Archipiélago de Humboldt en el centro de la discusión
Uno de los ejes de la controversia es la cercanía del proyecto al Archipiélago de Humboldt, zona de alto valor ecológico ubicada frente a la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. El área alberga una biodiversidad única, incluyendo colonias de pingüino de Humboldt, cetáceos y diversas especies marinas protegidas.
“Mi responsabilidad es resguardar el patrimonio natural del país, del cual los chilenos se sienten muy orgullosos”, afirmó la ministra, subrayando que el enfoque del Gobierno ha estado puesto en la protección de ese ecosistema.
La discusión de fondo trasciende a Dominga y abre un debate más amplio sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y conservación ambiental. En un contexto en que Chile busca consolidarse como proveedor estratégico de minerales críticos para la transición energética, la definición de estándares claros y predecibles en materia ambiental aparece como un factor determinante para el futuro de la industria.
