La autoridad local rechaza que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en una causa contra otro organismo público como el Gobierno Regional.
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Luego de que el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, sincerara este lunes su rechazo a la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de asumir la representación y defensa del ministro y subsecretario de Minería en el marco de la causa que mantiene suspendida la polémica licitación del litio, este jueves la autoridad regional volvió a la carga.
Esta vez, el gobernador solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó que se declare incompatible la defensa judicial del CDE en representación de las autoridades de la cartera y que sean los recurridos quienes asuman sus defensas judiciales.
El Gobierno Regional de Atacama, representado por Vargas, presentó este lunes un recurso de protección en contra el ministro y subsecretario de Minería para suspender y paralizar la selección, adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la exploración, explotación de los yacimientos de litio existentes en Chile, recurso que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Copiapó, al igual que el presentado por la comunidad indígena Colla Paiote.
Respecto de la solicitud realizada este jueves, el gobernador indicó que han ingresado en la Corte de Apelaciones de Copiapó un escrito que apunta a que se declare la incompatibilidad de defensa judicial del Consejo de Defensa del Estado, «fundamentalmente porque no puede el CDE en aras de sus facultades, representar a un órgano del Estado respecto de otro órgano del Estado». Lo anterior, porque el Gobierno Regional que presenta el recurso de protección también forma parte de la estructura de administración del Estado.
«Las regiones también son parte del Estado, y específicamente los Gobiernos Regionales son parte de este sistema administrativo. Además, al CDE también le corresponde dentro de sus funciones llevar a cabo la defensa judicial de los organismos públicos, y entre ellos por cierto, todos los gobiernos regionales. Por lo tanto, no corresponde que en este caso un organismo tan relevante actúe más bien en contra de otro organismo público como lo es el Gobierno Regional», dijo la autoridad regional en un comunicado.
Otro aspecto que se consideró relevante, según Vargas, es que «la acción de hacerse parte para representar los intereses del fisco tiene que ver más bien cuando los particulares inician acciones judiciales o implementan medidas que pueden significar perjuicios o daños patrimoniales para el Estado».
Este no es el caso, agregó, porque el Gobierno Regional de Atacama lo que ha hecho es presentar un recurso de protección que apunta fundamentalmente a establecer que hay un proceso de licitación «que no ha sido bien llevado, que no ha respetado garantías constitucionales y lo explicitamos claramente en los fundamentos de nuestro recurso de protección».
Y aclaró: «No estamos aquí cuestionando las facultades que pueda tener el Ministerio de Minería en esta materia, ni estamos diciendo que queremos afectar los intereses del fisco, sino que más bien estamos actuando en favor de los intereses del Estado, porque lo que queremos es que estos procesos se lleven de buena manera, sean consensuados, consideren la opinión de los territorios y es lo que no ha ocurrido precisamente en esta licitación».
En esa línea, sostuvo que no les parece que el CDE se haga parte en una causa contra otro organismo público como lo es el Gobierno Regional de Atacama.
Fuente: Diario Financiero
