Andes Iron presentó un informe en derecho elaborado por Iván Hunter, expresidente del Tercer Tribunal Ambiental. El análisis concluye que sería jurídicamente inadmisible invocar nuevas causales para acoger las reclamaciones pendientes contra el proyecto Dominga. Este informe fue enviado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a pocas horas de la votación del Comité de Ministros.
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Un análisis en derecho que respalda a Andes Iron
Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron, envió un informe en derecho al SEA para fortalecer la posición de la compañía en torno al proyecto Dominga. Este informe, redactado por Iván Hunter, quien presidió el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, defiende la legalidad del proyecto y critica la dilación administrativa.
“La intervención judicial imponiendo un plazo al Comité de Ministros es una medida necesaria frente a la dilación administrativa demostrada en este proyecto», sostiene Hunter.
Iván Hunter, expresidente del Tercer Tribunal Ambiental
El análisis aborda las facultades del Primer Tribunal Ambiental en relación con la sentencia que anuló la decisión del Comité de Ministros de revocar el permiso ambiental de la iniciativa. Según el informe, los Tribunales Ambientales tienen la capacidad de ejercer un control riguroso sobre las decisiones administrativas y sus sentencias tienen efectos de cosa juzgada, lo que las hace vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los organismos estatales.
El informe también resalta que el Comité de Ministros tiene la responsabilidad de tomar en consideración las sentencias del Tribunal Ambiental y carece de potestades para realizar una nueva evaluación o revisión del proyecto. En este sentido, invocar nuevas causales para acoger las reclamaciones pendientes sería jurídicamente inadmisible.
Una votación clave para el proyecto Dominga
El proyecto Dominga, de propiedad de Andes Iron y con una inversión de US$2.500 millones, ha enfrentado una serie de obstáculos debido a su posible impacto en el ecosistema marino. Organizaciones medioambientales y comunidades locales han expresado su oposición y han presentado reclamaciones ante el Comité de Ministros.
El fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta otorgó un plazo de 15 días al Comité de Ministros para resolver las reclamaciones pendientes. Es en este contexto que Andes Iron presenta este informe en derecho, con la esperanza de fortalecer su posición y lograr un resultado favorable en la votación.
La votación, integrada únicamente por subsecretarios de diversas carteras, se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente. Se espera que la intervención judicial y el informe presentado por Andes Iron influyan en la decisión final del Comité de Ministros.
