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Industria Minera

Minería informal en Perú: propuesta para extender el Reinfo hasta 2028 mantiene abierto el debate sobre su formalización

El Gobierno peruano propone reemplazar el Reinfo mientras miles de pequeños productores aún tienen trámites pendientes: ¿cómo llegarán a la formalidad?

Minería informal en Perú: propuesta para extender el Reinfo hasta 2028 mantiene abierto el debate sobre su formalización

El Congreso peruano analiza una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera hasta diciembre de 2028, mientras el Gobierno impulsa un régimen alternativo. La discusión enfrenta la necesidad de incorporar a miles de pequeños productores a la legalidad con las exigencias de fiscalización, protección ambiental y control de la minería ilegal.

Perú enfrenta una nueva controversia sobre el futuro de su minería informal. Una iniciativa legislativa presentada en octubre de 2026 busca extender hasta el 31 de diciembre de 2028 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo creado para facilitar la incorporación de pequeños productores y mineros artesanales a la actividad regulada. La propuesta surge cuando el sistema vigente se aproxima a su vencimiento, previsto para el 31 de diciembre de 2026, y todavía persisten dificultades para completar los procedimientos de formalización.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Raúl Camargo Porta, junto con integrantes de la bancada Obras, y plantea mantener el proceso vigente hasta fines de 2028 o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

La ampliación todavía no constituye una decisión definitiva. Su eventual aprobación depende de la tramitación legislativa, en un escenario donde el Gobierno peruano propone reemplazar el esquema actual por un régimen de consolidación con nuevas condiciones.

El debate tiene implicancias que superan la situación administrativa de los pequeños productores. También involucra la seguridad jurídica de las concesiones, la comercialización de minerales, la recaudación tributaria, la protección ambiental y la capacidad del Estado para diferenciar la minería informal de las actividades abiertamente ilegales.

Por qué Perú vuelve a discutir una ampliación del Reinfo

El Reinfo fue establecido en 2016 mediante el Decreto Legislativo 1293, como parte de un proceso destinado a ordenar la pequeña minería y la minería artesanal.

Su objetivo era identificar a los operadores que desarrollaban actividades sin haber completado todos los requisitos exigidos por la legislación y permitirles avanzar hacia la formalización.

Sin embargo, el proceso ha experimentado sucesivas ampliaciones.

La última prórroga legal estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, aunque también contempla su conclusión anticipada si entra en vigor la Ley MAPE y su reglamento.

El principal problema es que permanecer inscrito en el registro no equivale a haber completado la formalización.

Los operadores deben cumplir requisitos relacionados con la actividad minera, la utilización de terrenos, los instrumentos ambientales y las autorizaciones correspondientes.

En numerosos casos, completar estos procedimientos exige resolver controversias sobre derechos mineros, acreditar condiciones técnicas y realizar trámites ante distintas instituciones.

La reiteración de ampliaciones ha generado cuestionamientos sobre la efectividad del mecanismo y sobre la capacidad de las autoridades para conducir a los productores hacia una situación plenamente regularizada.

Qué contempla la propuesta de ampliación hasta 2028

El proyecto legislativo presentado a fines de octubre busca modificar el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral.

Su planteamiento central consiste en mantener la posibilidad de concluir los expedientes pendientes hasta diciembre de 2028, salvo que antes comience a regir la nueva Ley MAPE.

Entre las disposiciones consideradas destacan:

  • Continuidad de los procedimientos: los operadores comprendidos en el registro podrían seguir avanzando en sus trámites durante el período adicional.
  • Restricciones a nuevas inscripciones: la iniciativa no contempla una apertura general del registro ni la reincorporación automática de operadores excluidos.
  • Obligaciones de cumplimiento: los titulares tendrían que mantener las condiciones exigidas por la normativa.
  • Seguimiento institucional: el Ministerio de Energía y Minas debería presentar información periódica sobre los avances del proceso.
  • Coordinación regional: se plantea fortalecer la asistencia técnica, la simplificación administrativa y la supervisión ambiental y social.

Estas medidas buscan evitar que el vencimiento del plazo interrumpa los procesos pendientes.

No obstante, permanece una pregunta fundamental: si una nueva extensión permitirá aumentar efectivamente el número de productores formalizados o simplemente prolongará una situación transitoria.

El Gobierno plantea terminar el registro y establecer un nuevo régimen

La discusión legislativa ocurre paralelamente al desarrollo de una propuesta impulsada por el Ejecutivo peruano.

El Ministerio de Energía y Minas, encabezado por Guillermo Shinno, ha planteado concluir el actual esquema del Reinfo y avanzar hacia un marco regulatorio específico para la pequeña minería y minería artesanal.

La propuesta de Ley MAPE contempla dos mecanismos diferenciados.

El primero corresponde a un régimen ordinario, destinado a establecer las condiciones permanentes bajo las cuales deben operar los productores mineros.

El segundo considera un régimen excepcional de consolidación, proyectado desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028.

Este período permitiría que determinados operadores con procedimientos pendientes completen las exigencias necesarias para incorporarse al régimen ordinario.

La diferencia entre ambas alternativas es relevante.

Mientras la iniciativa parlamentaria busca extender la vigencia del actual proceso de formalización, el Ejecutivo propone reemplazarlo por una estructura regulatoria distinta.

En ambos casos se contempla un período de transición hacia 2028, pero cambian las condiciones institucionales y los mecanismos para alcanzar la formalización.

Minería informal y minería ilegal: una diferencia decisiva

Uno de los aspectos centrales de la discusión es la necesidad de distinguir entre los productores que buscan regularizar sus actividades y aquellos que operan al margen de las condiciones legales.

La minería informal comprende actividades que no han completado determinados requisitos administrativos o técnicos, pero que pueden encontrarse dentro de un procedimiento de formalización.

La minería ilegal, en cambio, involucra actividades desarrolladas fuera de las condiciones permitidas por la legislación, incluyendo operaciones en zonas prohibidas o situaciones que configuran infracciones y delitos.

Esta distinción tiene consecuencias para la fiscalización y la aplicación de sanciones.

El problema surge cuando los mecanismos transitorios no permiten identificar adecuadamente a los operadores que avanzan hacia la regularización.

Un registro de formalización no constituye por sí mismo una autorización definitiva para realizar cualquier actividad minera.

Tampoco debería impedir que las autoridades investiguen conductas ilegales o intervengan frente a daños ambientales cuando corresponda.

Por ello, uno de los desafíos del nuevo marco regulatorio consiste en establecer mecanismos verificables para determinar quién cumple los requisitos, quién mantiene obligaciones pendientes y quién debe quedar fuera del proceso.

El impacto ambiental y la fiscalización siguen en el centro del debate

Las actividades mineras informales y las operaciones ilegales representan desafíos distintos, aunque ambas pueden generar riesgos ambientales cuando carecen de controles efectivos.

En determinadas zonas auríferas de Perú, especialmente en Madre de Dios, la extracción ilegal de oro ha estado asociada a problemas de deforestación, intervención de cauces y contaminación.

El uso inadecuado de mercurio en algunos procesos de recuperación aurífera constituye una preocupación adicional por sus posibles efectos sobre la salud y los ecosistemas.

La formalización debe abordar estas condiciones mediante instrumentos ambientales, supervisión y obligaciones técnicas.

Sin embargo, una inscripción administrativa no garantiza automáticamente el cumplimiento de esos estándares.

También resulta necesario fortalecer la capacidad de fiscalización de los gobiernos regionales y de las instituciones nacionales competentes.

La existencia de operadores dispersos geográficamente, las dificultades de acceso a determinados territorios y la limitada disponibilidad de recursos de supervisión complican el control efectivo.

Por esta razón, extender los plazos sin mejorar la fiscalización podría mantener las debilidades que han afectado al sistema durante años.

Seguridad jurídica y concesiones: otro frente de tensión

La formalización minera también está vinculada a los derechos sobre las concesiones.

En Perú existen situaciones donde pequeños productores desarrollan actividades dentro de áreas cuyos derechos mineros pertenecen a terceros.

Resolver estas relaciones puede requerir contratos de explotación u otros mecanismos jurídicos compatibles con la normativa.

Cuando no existe acuerdo, el avance de la formalización puede enfrentar dificultades adicionales.

Para los titulares de concesiones, la incertidumbre sobre la situación de operadores presentes en sus áreas puede generar conflictos y afectar la planificación de inversiones.

Para los mineros artesanales, la imposibilidad de alcanzar acuerdos puede convertirse en una barrera para completar los requisitos.

Este escenario explica por qué la discusión no puede resolverse únicamente mediante una ampliación del calendario.

También exige mecanismos claros para ordenar la relación entre los derechos mineros, los productores y las autoridades.

El Tribunal Constitucional incorpora una nueva presión al debate

La controversia también ha llegado al Tribunal Constitucional peruano.

Durante noviembre de 2026 quedó pendiente de resolución una demanda que cuestiona la constitucionalidad de disposiciones relacionadas con la prórroga del Reinfo y sus efectos sobre la responsabilidad penal vinculada a la minería ilegal.

El caso añade incertidumbre a la discusión legislativa, porque involucra los límites jurídicos de un régimen excepcional que ha sido prorrogado reiteradamente.

Una eventual decisión del tribunal podría influir en el diseño de las disposiciones futuras, especialmente en aquellas relacionadas con la fiscalización y el tratamiento de operadores que todavía no completan su formalización.

Mientras tanto, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados trabaja en el análisis de la Ley MAPE, cuyo dictamen se proyectaba para la segunda mitad de noviembre.

Qué significa este debate para la minería latinoamericana

La situación peruana refleja una dificultad presente en distintos países productores de minerales: incorporar la minería de pequeña escala a sistemas formales sin debilitar los controles ambientales, laborales y tributarios.

Para la industria minera regional, la discusión también tiene relevancia económica.

La formalización puede facilitar el acceso de pequeños productores a financiamiento, tecnología, servicios especializados y canales de comercialización regulados.

Al mismo tiempo, un sistema con reglas poco claras puede generar incertidumbre sobre la procedencia de los minerales y el cumplimiento de las exigencias aplicables a su comercialización.

Esto adquiere especial importancia en mercados que aumentan sus exigencias sobre trazabilidad, transparencia y responsabilidad en las cadenas de suministro.

Perú deberá resolver si el período adicional hasta 2028 será utilizado para completar una transformación efectiva del sector o si continuará dependiendo de extensiones transitorias.

La decisión tendrá consecuencias para miles de productores, los titulares de concesiones y las comunidades ubicadas en territorios con actividad minera.

El desafío central no consiste únicamente en establecer una nueva fecha límite, sino en construir un sistema capaz de convertir los procedimientos administrativos en operaciones realmente formalizadas, fiscalizadas y sostenibles.

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¿Qué está analizando el Congreso peruano respecto al Registro Integral de Formalización Minera?

El Congreso peruano está analizando una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2028, mientras el Gobierno impulsa un régimen alternativo.

¿Cuál es el objetivo del Registro Integral de Formalización Minera?

El Reinfo fue establecido para facilitar la incorporación de pequeños productores y mineros artesanales a la actividad regulada, permitiéndoles avanzar hacia la formalización al identificar a los operadores que desarrollaban actividades sin haber completado todos los requisitos exigidos por la legislación.

¿Qué propone la iniciativa legislativa presentada en octubre de 2026?

La iniciativa legislativa propone extender el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2028, salvo que antes comience a regir la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

¿Cuál es la diferencia entre minería informal y minería ilegal según el debate en Perú?

La minería informal comprende actividades que no han completado determinados requisitos administrativos o técnicos, pero que pueden encontrarse dentro de un procedimiento de formalización. La minería ilegal involucra actividades desarrolladas fuera de las condiciones permitidas por la legislación, incluyendo operaciones en zonas prohibidas o situaciones que configuran infracciones y delitos.

¿Qué desafíos ambientales y de fiscalización enfrenta la minería informal en Perú?

Las actividades mineras informales y las operaciones ilegales pueden generar riesgos ambientales, como deforestación, intervención de cauces y contaminación, especialmente en zonas auríferas como Madre de Dios. La formalización debe abordar estas condiciones mediante instrumentos ambientales, supervisión y obligaciones técnicas.