En las negociaciones climáticas de la ONU en Belém, Brasil, los países incorporaron por primera vez referencias a los riesgos sociales y ambientales asociados a la extracción y procesamiento de minerales críticos, en medio del avance hacia un sistema energético de bajas emisiones. La inclusión del tema refleja la preocupación por el impacto de estos materiales esenciales en tecnologías limpias.
Antecedentes
Un borrador de decisión presentado esta semana integró lenguaje explícito sobre los minerales críticos y los impactos vinculados a su extracción y procesamiento. Aunque no está garantizada su aprobación, la propuesta apunta a enfatizar que la transición energética no debe reproducir prácticas contaminantes ni daños ambientales.
La discusión se basa en la creciente demanda de cobre, cobalto, níquel y litio, insumos clave para paneles solares, baterías y otras tecnologías de energía limpia.
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Preocupaciones y contexto
La iniciativa surge en medio de alertas por posibles afectaciones socioambientales y violaciones de derechos humanos, incluyendo denuncias de trabajo forzado en operaciones de níquel y otros materiales. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda por minerales utilizados en tecnología verde podría triplicarse en 2030 y cuadruplicarse en 2040.
La atención al tema ha aumentado en Washington, Bruselas y otras capitales ante el dominio de China en las cadenas de suministro. En octubre, EE.UU. y Australia acordaron inversiones conjuntas en proyectos mineros y de procesamiento. Además, el G7 impulsó una iniciativa con más de US$1.000 millones comprometidos para fortalecer el acceso a minerales críticos.
Propuesta en negociación
El borrador sobre «transición justa» reconoce los riesgos sociales y ambientales asociados al aumento de las cadenas de suministro de tecnología limpia. También cita recomendaciones de un reciente informe de la ONU, como la trazabilidad transparente, la creación de un fondo para sitios mineros abandonados y el impulso al reciclaje de minerales.
La propuesta fue presentada por la Unión Europea y el Reino Unido, con apoyo de Australia, Sudáfrica, Uganda y Burkina Faso. Sus impulsores buscan ampliar el texto para incluir el potencial económico que representa la creciente demanda de minerales para países en desarrollo.
Derechos y comunidades
El documento en discusión incorpora el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el principio de «consentimiento libre, previo e informado» en proyectos que afecten sus territorios.
La preocupación por el impacto en comunidades mineras motivó declaraciones como la de Melissa Marengo, de la Natural Resource Governance Institute, quien señaló que los efectos de la extracción suelen ser costosos de remediar y que el tema dejó de ser un “asunto secundario”.
También se sumó Anabella Rosemberg, asesora de Climate Action Network International, quien afirmó que la transición energética debe generar beneficios reales para quienes viven junto a las minas, trabajadores, pueblos indígenas y comunidades del Sur Global.
