El nuevo impulso a la minería de frontera coincide con cambios regulatorios en Argentina y con advertencias científicas sobre glaciares de roca y permafrost, reservas hídricas poco visibles pero relevantes para cuencas áridas del norte de Chile.
Chile y Argentina vuelven a mirar la cordillera como una plataforma de desarrollo minero binacional. El interés por proyectos de cobre, oro, plata y litio en zonas de alta montaña reactivó el debate sobre el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, un marco firmado en 1997 y vigente desde 2000 para facilitar operaciones mineras en áreas fronterizas.
La discusión no es solo económica. Científicos y organizaciones ambientales advierten que el avance de proyectos en la alta cordillera puede presionar ecosistemas criosféricos poco visibles: glaciares de roca, ambiente periglacial y permafrost, cuerpos de hielo mezclados con sedimentos que cumplen una función clave en la regulación hídrica de cuencas áridas.
El punto crítico está en el norte y centro-norte de Chile, donde la minería compite con agricultura, consumo humano, ecosistemas altoandinos e infraestructura productiva por agua cada vez más escasa.
Qué implica el tratado minero con Argentina
El tratado minero entre Chile y Argentina fue diseñado para remover barreras logísticas, aduaneras, tributarias y operacionales en proyectos ubicados cerca de la frontera. Su lógica es simple: permitir que un yacimiento en un país pueda usar infraestructura, caminos, puertos, servicios o instalaciones del otro lado de la cordillera si eso mejora la viabilidad económica del proyecto.
Este esquema fue pensado para proyectos de alta montaña, donde el acceso, la energía, el agua, los campamentos, el transporte de concentrado y la salida a puerto pueden definir si una inversión avanza o queda detenida.
El tratado no aprueba proyectos por sí solo ni reemplaza la evaluación ambiental de cada país. Pero sí crea una estructura de facilitación que puede volver más atractivas iniciativas ubicadas en zonas sensibles desde el punto de vista hídrico y ambiental.
Ese es el centro de la alerta: la reactivación política y empresarial del eje minero binacional ocurre en un momento en que Argentina busca atraer capital minero y Chile enfrenta una presión creciente por nuevas fuentes de cobre para sostener producción, exportaciones y empleo.
El factor que elevó la tensión: glaciares y permafrost
La preocupación ambiental aumentó tras los cambios impulsados en Argentina sobre la Ley de Glaciares. La discusión legislativa abrió espacio para que las provincias tengan mayor margen en la definición de qué cuerpos de hielo quedan protegidos, bajo el criterio de función hídrica efectiva.
Ese giro regulatorio ha sido observado con atención por el sector minero, porque buena parte de los proyectos de cobre de mayor escala en Argentina se ubican en San Juan, Catamarca, Mendoza y otras zonas cordilleranas con presencia de glaciares, glaciares de roca o ambiente periglacial.
En Chile, la Dirección General de Aguas mantiene el Inventario Público de Glaciares, que identifica más de 26 mil cuerpos de hielo en el país. El dato relevante para la minería no está solo en los glaciares blancos visibles, sino también en los glaciares de roca: masas de hielo cubiertas por material detrítico que pueden pasar inadvertidas en evaluaciones superficiales.
Estos cuerpos funcionan como reservas de agua congelada y liberan caudales de manera lenta, especialmente relevantes en años secos. En cuencas del norte y centro-norte, esa regulación puede incidir en ríos, vegas altoandinas, recarga de acuíferos y disponibilidad para usos productivos aguas abajo.
Por qué los glaciares de roca importan para la minería
A diferencia de un glaciar blanco, un glaciar de roca puede parecer una ladera pedregosa. Bajo esa cubierta existe hielo intersticial o masas congeladas que se mueven lentamente y almacenan agua durante largos períodos.
Su intervención minera puede ocurrir de varias formas: remoción directa, construcción de caminos, depósitos de lastre, botaderos, plataformas de perforación, túneles, infraestructura eléctrica o cambios en drenajes naturales.
El riesgo no es solo perder hielo. También puede alterarse la estabilidad de laderas, modificar escorrentías, afectar calidad de agua o generar impactos acumulativos en cuencas donde ya existe presión por sequía y uso intensivo de recursos hídricos.
En la práctica, el conflicto no está entre minería o agua en términos abstractos, sino en cómo se evalúan proyectos ubicados sobre sistemas que sostienen caudales en territorios áridos.
Proyectos que vuelven a poner la frontera en el centro
El renovado interés por la minería binacional tiene nombres concretos. Uno de los más relevantes es Vicuña, sociedad formada por BHP y Lundin Mining para avanzar en Filo del Sol y Josemaría, en la zona cordillerana entre Argentina y Chile.
Según Reuters, Vicuña proyectaba duplicar su inversión en 2026 hasta cerca de US$800 millones, después de haber invertido alrededor de US$400 millones en 2025. La agencia también informó que el distrito reúne proyectos de cobre, oro y plata a más de 4.200 metros de altura, con producción esperada hacia 2030 y una vida operacional estimada de 25 años.
Otro caso relevante es Los Azules, de McEwen Copper, en San Juan. De acuerdo con Reuters, la compañía evalúa una apertura bursátil por unos US$300 millones para financiar el proyecto, que considera una vida útil inicial de 22 años, producción anual de 205.000 toneladas de cobre durante los primeros cinco años y un paquete de financiamiento objetivo cercano a US$4.000 millones.
Estos proyectos explican por qué Argentina busca recuperar producción de cobre tras el cierre de Bajo La Alumbrera en 2018, mientras Chile observa oportunidades logísticas, portuarias, de servicios, ingeniería, energía y proveedores.
Datos clave
Tratado: Integración y Complementación Minera Chile-Argentina.
Firma: 1997.
Vigencia: desde 2000.
Objetivo: facilitar proyectos mineros en áreas de frontera.
Riesgo ambiental observado: intervención de glaciares de roca, permafrost y ambiente periglacial.
Zonas sensibles: alta cordillera del norte y centro-norte de Chile y provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca y Mendoza.
Proyectos bajo seguimiento sectorial: Vicuña, Filo del Sol, Josemaría, Los Azules y otros desarrollos cupríferos de frontera.
Variable crítica: agua para cuencas áridas, minería, agricultura, comunidades y ecosistemas altoandinos.
Impacto para Chile
Para Chile, el tema tiene dos lecturas. La primera es económica: el país puede capturar oportunidades en puertos, transporte, energía, servicios especializados, bodegaje, mantenimiento, ingeniería, campamentos y proveedores mineros si Argentina acelera su cartera cuprífera.
La segunda es ambiental y regulatoria: una mayor actividad minera en la cordillera puede aumentar la presión sobre sistemas hídricos compartidos o conectados por cuencas de alta montaña. Aunque cada proyecto deba someterse a permisos nacionales, la experiencia muestra que los impactos acumulativos son más difíciles de evaluar que una obra aislada.
El caso es especialmente sensible porque el norte chileno ya opera bajo estrés hídrico estructural. La minería ha avanzado en desalación y recirculación de agua, pero los proyectos de exploración, caminos, botaderos e infraestructura de montaña siguen dependiendo de evaluaciones precisas sobre su interacción con nieve, glaciares, roca congelada y drenajes naturales.
La línea que deberá definir la autoridad
El desafío para Chile no es bloquear de entrada la integración minera con Argentina. El punto es establecer estándares técnicos claros para evitar que la facilitación fronteriza termine debilitando la protección de reservas hídricas estratégicas.
Eso exige inventarios actualizados, monitoreo independiente, línea base glaciológica robusta, evaluación de impactos acumulativos y criterios binacionales para zonas donde la operación minera pueda afectar hielo cubierto, permafrost o cabeceras de cuenca.
La industria observará si el nuevo impulso minero de frontera logra equilibrar inversión y seguridad hídrica. Si la expansión se apoya solo en permisos fragmentados, el riesgo será trasladar a las cuencas del norte un costo ambiental que puede aparecer años después, cuando el daño sobre glaciares de roca y permafrost ya no sea reversible.
