La transferencia llegará a 309 comunas del país. Del nuevo desembolso, $13.729 millones se dirigirán a territorios mineros y $42.904 millones buscarán reducir brechas entre municipios.
El Gobierno inició la tercera transferencia del royalty minero correspondiente a 2026, con un desembolso superior a $56.633 millones para 309 comunas del país. Con esta nueva cuota, los recursos entregados a municipios durante el año alcanzan $169.901 millones.
La distribución se realizará mediante dos instrumentos. El Fondo de Comunas Mineras recibirá $13.729 millones, mientras que el Fondo de Equidad Territorial concentrará $42.904 millones.
El primero beneficia a 45 comunas vinculadas directamente con la actividad minera y busca compensar parte de los efectos que genera la industria en los territorios donde opera. El segundo llegará a 302 municipios con menores capacidades financieras, con el objetivo de reducir diferencias presupuestarias entre comunas.
La suma de ambos grupos supera las 309 comunas porque algunos municipios cumplen los requisitos para recibir recursos de los dos fondos.
El desembolso entrega mayor liquidez a los gobiernos locales para financiar iniciativas de seguridad, iluminación, infraestructura, recuperación de espacios públicos y servicios municipales. El desafío será convertir la transferencia en proyectos ejecutables y con efectos verificables para las comunidades.
Cómo se distribuyen los $56.633 millones
La tercera cuota mantiene la estructura utilizada en las transferencias anteriores de 2026:
- Fondo de Comunas Mineras: $13.729 millones para 45 comunas.
- Fondo de Equidad Territorial: $42.904 millones para 302 comunas.
- Total de la tercera transferencia: $56.633 millones.
- Municipios beneficiados: 309.
- Acumulado durante 2026: $169.901 millones.
Los recursos fueron distribuidos en tres cuotas de montos similares. La primera, entregada en abril, alcanzó $56.633 millones. La segunda elevó el total acumulado a $113.267 millones y el nuevo desembolso de julio lleva la cifra a casi $170 mil millones.
Del monto transferido durante las tres etapas, aproximadamente $41.188 millones corresponden al Fondo de Comunas Mineras, mientras otros $128.713 millones provienen del Fondo de Equidad Territorial.
La diferencia refleja la amplitud de ambos mecanismos. El fondo minero está orientado a comunas específicas ubicadas en regiones productoras, mientras el instrumento de equidad tiene una cobertura nacional más extensa.
El Presupuesto 2026 contempla más de $226 mil millones para la distribución municipal asociada al royalty. Por lo tanto, el desembolso acumulado hasta julio representa cerca de tres cuartas partes de los recursos programados para el año.
Qué comunas acceden al fondo minero
El Fondo de Comunas Mineras está dirigido a territorios que cumplen dos condiciones principales: pertenecer a una región minera y contar con operaciones activas de empresas sujetas al régimen tributario de la actividad.
Su propósito es reconocer que la producción minera genera efectos que no siempre quedan reflejados directamente en los presupuestos municipales.
Las comunas cercanas a faenas, plantas, puertos y corredores logísticos deben responder a una mayor utilización de caminos, servicios de emergencia, infraestructura urbana y espacios públicos. También enfrentan presiones asociadas con el crecimiento de la población flotante, la actividad de contratistas y la demanda por servicios básicos.
Los $13.729 millones de esta tercera cuota no se distribuyen de manera uniforme. Cada municipio recibe una asignación determinada mediante coeficientes que consideran las condiciones definidas para el fondo.
Para los territorios productores, el mecanismo representa una vía directa para retener una parte de los ingresos generados por la minería. Hasta antes de la aplicación del royalty, una de las principales críticas regionales apuntaba a la distancia entre el aporte económico de las faenas y los recursos disponibles para resolver necesidades locales.
El nuevo sistema no reemplaza las patentes, permisos, convenios ni aportes que puedan existir entre compañías y municipios. Se trata de una transferencia fiscal adicional financiada por el impuesto aplicado a la gran minería.
Equidad territorial concentra la mayor parte del desembolso
El Fondo de Equidad Territorial recibirá $42.904 millones, equivalentes a cerca de 76% de la tercera transferencia.
Este instrumento beneficia a 302 comunas y busca disminuir las diferencias existentes entre municipios con alta recaudación propia y aquellos que dependen en mayor medida del Fondo Común Municipal.
La capacidad financiera de una comuna está determinada por factores como sus ingresos por patentes, permisos de circulación, derechos municipales y contribuciones. Los territorios con menor actividad económica o bases tributarias reducidas enfrentan mayores dificultades para financiar infraestructura, mantenimiento urbano y programas locales.
El royalty introduce una fuente adicional para equilibrar parcialmente esas diferencias. Aunque la recaudación se origina en la minería, una parte sustancial se distribuye fuera de las principales regiones productoras.
Esta estructura amplía el impacto nacional del impuesto, pero también mantiene abierta la discusión sobre cuánto debe destinarse a las comunas mineras y cuánto debe utilizarse para reducir brechas en el conjunto del país.
Durante 2026, el Fondo de Equidad Territorial acumula transferencias por $128.713 millones, más de tres veces el monto entregado mediante el Fondo de Comunas Mineras.
Municipios podrán priorizar necesidades locales
Los fondos entregan autonomía a los municipios para definir sus prioridades, dentro de las normas presupuestarias y de control aplicables.
Entre los destinos considerados se encuentran proyectos de seguridad, instalación o reposición de luminarias, mejoramiento de calles, recuperación de plazas, infraestructura comunitaria, atención de emergencias y fortalecimiento de servicios municipales.
La libre decisión local permite adaptar el uso de los recursos a realidades distintas. Una comuna minera del norte puede requerir mejoras viales, manejo de residuos o infraestructura para localidades cercanas a faenas. Un municipio rural del centro o sur puede priorizar conectividad, equipamiento comunitario o seguridad.
Sin embargo, la autonomía también eleva las exigencias de planificación y rendición. Recibir los recursos no garantiza automáticamente su ejecución.
Los municipios deben contar con proyectos técnicamente desarrollados, procesos de compra ajustados a la normativa y capacidad para supervisar las obras. En comunas pequeñas, la falta de profesionales especializados puede retrasar la utilización de los fondos o concentrar el gasto en iniciativas de menor complejidad.
La efectividad del royalty se medirá no solo por los montos transferidos, sino por la velocidad, calidad y transparencia con que esos recursos se conviertan en soluciones concretas.
US$450 millones anuales para regiones y comunas
El diseño del royalty considera una distribución anual equivalente a US$450 millones para gobiernos regionales y municipalidades.
Los recursos territoriales se canalizan mediante tres mecanismos: el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial.
Para 2026, el presupuesto contempla más de $227 mil millones destinados a gobiernos regionales y más de $226 mil millones para municipalidades.
El componente regional busca financiar inversión productiva, innovación, infraestructura y desarrollo económico. Los fondos municipales tienen un impacto más directo sobre servicios y proyectos comunales.
Esta arquitectura convirtió al royalty en uno de los principales cambios recientes del financiamiento subnacional chileno. Su alcance supera a las regiones del cobre y traslada parte de la renta minera a más de 300 municipios.
La minería enfrenta una mayor exigencia territorial
La tercera transferencia se produce mientras la minería chilena mantiene una cartera elevada de inversiones y busca extender la vida útil de sus principales operaciones.
El sector necesita avanzar en nuevos proyectos de cobre y litio, pero también debe responder a mayores exigencias ambientales, sociales y de infraestructura. La distribución territorial de los ingresos tributarios forma parte de ese nuevo equilibrio.
Para la industria, el royalty implica una carga fiscal adicional, pero también puede contribuir a mejorar la relación entre la actividad productiva y los territorios que reciben sus impactos.
Cuando los recursos financian caminos, seguridad, iluminación, infraestructura o servicios públicos, las comunidades pueden percibir de manera más directa el aporte de la minería a su entorno.
El riesgo está en que los fondos se diluyan en gasto corriente sin resultados visibles o que la falta de capacidad técnica impida ejecutar proyectos relevantes.
Con $169.901 millones ya transferidos durante 2026, la discusión comienza a desplazarse desde el monto recaudado hacia el uso efectivo del dinero. El resultado del royalty dependerá ahora de la capacidad de los municipios para transformar esos recursos en inversión local, reducir brechas territoriales y responder a las demandas de las comunas donde se desarrolla la actividad minera.
