Las políticas de abastecimiento de las grandes compañías mineras se han convertido en uno de los principales desafíos para ampliar la participación de proveedores chilenos en la industria. Así lo advierte una investigación del Natural Resource Governance Institute (NRGI), publicada el 23 de octubre de 2026, que propone revisar los mecanismos de contratación y fortalecer los incentivos para incorporar empresas nacionales a las cadenas de suministro.
El informe, titulado Generación de valor en la minería chilena: desarrollo de proveedores y desafíos pendientes, fue elaborado por la economista Cintia Roa y examina más de tres décadas de iniciativas destinadas a desarrollar capacidades empresariales, fomentar la innovación y mejorar la competitividad de los proveedores.
Su principal conclusión es que Chile ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en preparar empresas para competir, pero no ha desarrollado suficientes instrumentos capaces de influir directamente en las decisiones de compra de las grandes mineras.
Esta situación limita las oportunidades de crecimiento de compañías que, pese a contar con capacidades técnicas y soluciones innovadoras, encuentran dificultades para acceder a contratos comerciales de mayor escala.
El problema no termina cuando una tecnología demuestra que funciona
Uno de los obstáculos identificados corresponde a la distancia entre desarrollar una solución tecnológica y conseguir que una operación minera la incorpore de manera permanente.
En Chile existen programas de innovación, financiamiento, certificación y acompañamiento empresarial que permiten a los proveedores mejorar sus productos y servicios. Sin embargo, superar esas etapas no garantiza que una tecnología termine siendo adquirida por una compañía minera.
El informe identifica dificultades para avanzar desde las pruebas piloto hacia contratos comerciales estables, una transición particularmente exigente para las pequeñas y medianas empresas tecnológicas.
En respuesta, el NRGI plantea fortalecer los mecanismos de validación industrial y facilitar el acceso a instalaciones donde los proveedores puedan comprobar el desempeño de sus soluciones bajo condiciones reales de operación.
También propone desarrollar instrumentos de compra pública precomercial adaptados a las características del sector minero. Estos mecanismos buscan respaldar el desarrollo y la validación de tecnologías antes de su comercialización, compartiendo parte de los riesgos asociados a la innovación.
El objetivo es abordar una dificultad que no depende exclusivamente de la calidad técnica de los productos, sino también de las condiciones necesarias para que las compañías incorporen nuevas soluciones a sus operaciones.
Dividir grandes contratos para incorporar más empresas
Una de las recomendaciones más concretas consiste en revisar la estructura de los contratos utilizados por las grandes operaciones mineras.
El estudio propone evaluar el fraccionamiento de grandes contratos en componentes de menor tamaño, una práctica conocida internacionalmente como unbundling.
Este mecanismo permitiría que empresas especializadas compitan por determinados servicios o suministros sin tener que asumir necesariamente la totalidad de un contrato de mayor alcance.
La propuesta busca ampliar las posibilidades de participación de proveedores que cuentan con experiencia en actividades específicas, pero que enfrentan dificultades para competir en licitaciones que agrupan múltiples prestaciones.
El NRGI también recomienda revisar las condiciones relacionadas con la propiedad intelectual y la distribución de riesgos tecnológicos entre las compañías mineras y sus proveedores.
Estas modificaciones son recomendaciones de política y gestión empresarial. No constituyen nuevas exigencias regulatorias ni cambios de contratación que las grandes mineras hayan adoptado de manera generalizada.
La concentración en Santiago limita las oportunidades regionales
Otra preocupación del estudio es la distribución territorial de la industria proveedora.
Aunque las principales operaciones mineras chilenas se concentran en el norte del país, una parte importante de las empresas especializadas y sus capacidades empresariales se encuentra en la Región Metropolitana.
Esta distribución genera dificultades para consolidar cadenas de suministro regionales y ampliar la participación de empresas ubicadas cerca de las operaciones extractivas.
El NRGI propone fortalecer los clústeres mineros y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales para diseñar instrumentos de desarrollo productivo ajustados a las necesidades de cada territorio.
También recomienda que las prioridades regionales tengan mayor incidencia en los programas financiados por Corfo y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
El desafío adquiere una dimensión económica considerable en Antofagasta.
Un diagnóstico regional presentado durante 2026 estimó que las compras directas de las compañías mineras a proveedores locales alcanzan aproximadamente US$2.650 millones, mientras que hacia 2035 podrían situarse entre US$5.100 millones y US$11.300 millones, dependiendo de la proporción del gasto minero que permanezca en la región.
Estas cifras corresponden a un estudio regional independiente del NRGI. Los montos proyectados para 2035 representan escenarios potenciales y no contratos adjudicados ni inversiones comprometidas.
El mismo diagnóstico detectó que cuatro de cada cinco barreras declaradas por los proveedores están relacionadas con el acceso al mercado, particularmente las dificultades para establecer contactos comerciales y participar en licitaciones y subcontrataciones.
En Atacama detectaron proveedores que las mineras no identificaban
La diferencia entre las capacidades regionales y los mecanismos de abastecimiento también ha quedado reflejada en Atacama.
Un diagnóstico desarrollado en torno al Cluster Minero regional identificó que el 29,4% de los insumos y servicios clasificados por las compañías como no disponibles en la región sí contaba con oferta local, pero no tenía suficiente visibilidad dentro de sus sistemas corporativos de compra.
El resultado mostró que parte del problema no estaba necesariamente en la inexistencia de proveedores, sino en las dificultades para identificar sus capacidades y conectarlas con las necesidades de las operaciones.
Frente a esta situación, las 17 empresas que integran el Cluster Minero de Atacama impulsaron una guía de estándares de contratación local destinada a transparentar y homologar requisitos.
La iniciativa se complementa con una plataforma digital desarrollada por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), orientada a facilitar el conocimiento de la oferta regional por parte de las compañías.
Estos esfuerzos regionales son independientes del nuevo informe, pero ilustran las dificultades de acceso al mercado que identifica el NRGI.
Una plataforma para conectar la oferta con las necesidades mineras
Entre las recomendaciones del instituto también aparece la creación de mecanismos integrados de información que permitan conocer las oportunidades comerciales disponibles en la industria.
La propuesta contempla reunir antecedentes sobre requerimientos tecnológicos, necesidades de abastecimiento y capacidades de los proveedores nacionales.
De esta manera, las pequeñas y medianas empresas podrían disponer de información más clara para identificar oportunidades y preparar su participación en procesos comerciales.
El estudio plantea complementar estas herramientas con una mayor transparencia de las políticas corporativas de abastecimiento y una mejor coordinación entre compañías, instituciones públicas y organizaciones empresariales.
La estrategia nacional enfrenta una prueba hasta 2030
El diagnóstico se conoce cuando Chile ya cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo de Proveedores de la Minería, presentada por el Ministerio de Minería en diciembre de 2025.
La iniciativa establece una hoja de ruta orientada a fortalecer la innovación, las exportaciones, la sostenibilidad y la vinculación empresarial, con un Plan de Acción para el período 2026-2030.
El NRGI propone complementar ese trabajo con mecanismos de evaluación independiente, publicación anual de resultados y una mayor continuidad institucional.
También plantea fortalecer la Mesa Nacional de Desarrollo de Proveedores, asegurando condiciones para mantener la coordinación entre organismos públicos, compañías mineras, gremios y representantes regionales.
La preocupación principal es evitar que el desarrollo de proveedores dependa únicamente de programas temporales o convocatorias aisladas, sin establecer mecanismos permanentes que mejoren las condiciones de acceso al mercado.
Para la industria minera chilena, el informe introduce una discusión que va más allá de aumentar el número de empresas capacitadas o financiar nuevas tecnologías.
El desafío consiste en determinar cuánto de ese desarrollo empresarial consigue transformarse efectivamente en contratos, crecimiento tecnológico y actividad económica para las regiones mineras.
Las propuestas todavía requieren evaluación, decisiones institucionales y participación de las compañías para convertirse en medidas concretas. Su eventual implementación dependerá de la coordinación entre el sector público y privado, así como de la capacidad de establecer mecanismos de contratación que mantengan las exigencias operacionales de la minería y amplíen las oportunidades para los proveedores nacionales.
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¿Qué propone el informe del Natural Resource Governance Institute para mejorar la participación de proveedores chilenos en la minería?
El informe propone revisar los mecanismos de contratación y fortalecer los incentivos para incorporar empresas nacionales a las cadenas de suministro. También sugiere desarrollar instrumentos de compra pública precomercial adaptados al sector minero y fortalecer los mecanismos de validación industrial.
¿Cuál es uno de los obstáculos para que las tecnologías desarrolladas por proveedores sean adoptadas por las mineras?
Uno de los obstáculos es la distancia entre desarrollar una solución tecnológica y conseguir que una operación minera la incorpore de manera permanente. A pesar de los programas de innovación y certificación, superar estas etapas no garantiza que una tecnología sea adquirida por una compañía minera.
¿Qué recomendación hace el estudio respecto a los contratos de las grandes operaciones mineras?
El estudio recomienda evaluar el fraccionamiento de grandes contratos en componentes de menor tamaño, conocido como unbundling. Esto permitiría que empresas especializadas compitan por servicios o suministros específicos sin tener que asumir la totalidad de un contrato de mayor alcance.
¿Qué problema regional se identificó en el diagnóstico de Atacama?
El diagnóstico en Atacama identificó que el 29,4% de los insumos y servicios clasificados como no disponibles en la región sí contaban con oferta local, pero no tenían suficiente visibilidad en los sistemas corporativos de compra de las mineras. Esto refleja dificultades para identificar y conectar las capacidades locales con las necesidades de las operaciones.
¿Cuáles son las proyecciones de compras directas de las mineras en Antofagasta hacia 2035?
El diagnóstico regional estima que las compras directas de las compañías mineras a proveedores locales en Antofagasta podrían situarse entre US$5.100 millones y US$11.300 millones hacia 2035, dependiendo de la proporción del gasto minero que permanezca en la región.
