La Municipalidad de La Ligua y vecinos de La Ligua y Papudo buscan dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto de Minera Cemin-Pullalli SpA, que pretende extender por cinco años la operación de la planta aurífera en la Región de Valparaíso.
El Segundo Tribunal Ambiental escuchó los alegatos de tres reclamaciones que apuntan a anular la Resolución de Calificación Ambiental favorable del proyecto “Continuidad Operacional Planta Pullalli”, iniciativa minera ubicada en la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso, y desarrollada por Minera Cemin-Pullalli SpA.
La audiencia, realizada el 18 de junio de 2026, reunió acciones presentadas por un particular, la Municipalidad de La Ligua y un grupo de cuatro vecinos de La Ligua y Papudo. Todas cuestionan decisiones administrativas vinculadas a la aprobación ambiental del proyecto, calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en abril de 2023.
El caso vuelve a poner presión sobre un punto sensible para la minería de menor escala y mediana escala en Chile: la continuidad operacional de faenas existentes en territorios con estrés hídrico, cercanía a áreas protegidas y creciente judicialización ambiental.
Qué busca hacer Minera Cemin-Pullalli
El proyecto apunta a dar continuidad a la Planta Pullalli, una instalación procesadora de minerales auríferos. Según los antecedentes publicados por el Segundo Tribunal Ambiental, la iniciativa considera modificar el proceso operacional actual, pasando de lixiviación agitada a lixiviación en pilas.
La modificación contempla incorporar un sector de aglomerado, lixiviación primaria y secundaria, una planta de Columna de Intercambio Catiónico y una planta de elución. Con ello, la compañía busca extender la vida útil de la planta en cinco años.
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental el 6 de abril de 2021. Posteriormente, fue aprobado el 25 de abril de 2023 mediante la RCA N°20230500167.
La unidad fiscalizable “Proyecto Minero Pullalli” figura en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente como una instalación minera en La Ligua, Región de Valparaíso, con distintos instrumentos ambientales aplicables desde 1996, incluidos permisos asociados a explotación, planta, relaves y continuidad operacional.
Las reclamaciones contra la aprobación
Las acciones vistas por el Tribunal Ambiental se concentran en tres causas acumuladas.
La primera reclamación, rol R-475-2024, fue presentada por un observante ciudadano contra el Servicio de Evaluación Ambiental. El reclamo sostiene que el procedimiento de evaluación no habría considerado debidamente observaciones relacionadas con potenciales efectos sobre el recurso hídrico, tanto en disponibilidad como en calidad, además de cuestionamientos sobre información para descartar impactos en calidad del aire.
La segunda reclamación, rol R-537-2025, fue interpuesta por la Municipalidad de La Ligua contra la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso que rechazó su solicitud de invalidación de la RCA.
La municipalidad plantea que el proyecto debió evaluarse mediante un Estudio de Impacto Ambiental y no solo por Declaración de Impacto Ambiental. Entre sus argumentos figuran eventuales riesgos para la salud de las personas, efectos adversos significativos sobre cantidad y calidad de agua, alteración de sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, y cercanía con poblaciones y con el Santuario de la Naturaleza “Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma”.
La tercera reclamación, rol R-544-2025, fue presentada por cuatro vecinos de La Ligua y Papudo. En esa acción también se cuestiona la resolución de la Coeva de Valparaíso que rechazó solicitudes de invalidación. Los reclamantes agregan que el proyecto se emplazaría en un área restringida o excluida al desarrollo urbano, según el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.
La posición del SEA
El Servicio de Evaluación Ambiental solicitó al Tribunal el rechazo de las reclamaciones. Según la defensa expuesta en audiencia, el procedimiento habría descartado correctamente impactos significativos sobre el recurso hídrico.
Uno de los datos centrales planteados por el SEA es que el proyecto aprobado considera una reducción en la extracción de agua, con un caudal máximo proyectado de 2,52 litros por segundo para el periodo 2023-2027. La autoridad sostuvo que la modelación de flujo y de potenciales impactos hídricos se realizó considerando un escenario conservador.
El SEA también defendió la evaluación de calidad del aire. De acuerdo con los antecedentes del Tribunal, el servicio señaló que se determinó correctamente el área de influencia y que se utilizaron modelaciones de dispersión de contaminantes, además de datos meteorológicos de la estación de monitoreo Placilla, ubicada a 6,7 kilómetros del proyecto.
En materia territorial, el SEA argumentó que la iniciativa es compatible con el Plan de Desarrollo Comunal de La Ligua, porque no tendría intervención directa sobre los componentes ambientales resguardados en la Quebrada Las Tablas. También sostuvo que el proyecto no generaría impactos significativos sobre los recursos naturales vinculados al Santuario de la Naturaleza Salinas de Pullalli-Dunas de Longotoma ni sobre el bosque de olivillos protegido del sector Quebrada Las Tablas.
Datos clave
Empresa titular: Minera Cemin-Pullalli SpA.
Proyecto: Continuidad Operacional Planta Pullalli.
Ubicación: comuna de La Ligua, Región de Valparaíso.
Tipo de evaluación: Declaración de Impacto Ambiental.
RCA: N°20230500167, aprobada en abril de 2023.
Objetivo: modificar el proceso de la planta aurífera e incorporar lixiviación en pilas.
Vida útil adicional: cinco años.
Reclamaciones judiciales: R-475-2024, R-537-2025 y R-544-2025.
Reclamantes: un particular, Municipalidad de La Ligua y vecinos de La Ligua y Papudo.
Materias en discusión: agua, calidad del aire, compatibilidad territorial, cercanía a áreas protegidas y modalidad de ingreso al SEIA.
Por qué importa para la minería regional
Aunque no se trata de un megaproyecto, el caso Pullalli es relevante porque refleja una tensión que se repite en varias faenas existentes: la necesidad de extender operaciones y adaptar procesos productivos frente a estándares ambientales, sociales y territoriales más exigentes.
En la Región de Valparaíso, la minería convive con zonas agrícolas, asentamientos rurales, áreas de valor ambiental y cuencas presionadas por disponibilidad de agua. Por eso, incluso proyectos de continuidad operacional pueden enfrentar una revisión intensa cuando incluyen cambios en procesos metalúrgicos, uso de agua, manejo de residuos, intervención de cauces o cercanía con ecosistemas protegidos.
La discusión también es relevante para la mediana minería aurífera y polimetálica, donde la continuidad de plantas existentes puede ser clave para sostener empleo, servicios locales y encadenamientos con proveedores. Sin embargo, esos beneficios deben ser compatibles con la trazabilidad ambiental, el monitoreo hídrico y la confianza de las comunidades.
El expediente de la unidad fiscalizable en la SMA muestra que Pullalli acumula instrumentos ambientales desde 1996, lo que confirma que no se trata de una faena nueva, sino de una operación con historial regulatorio. Ese punto es relevante: en proyectos brownfield, la evaluación no solo mira la modificación específica, sino también cómo interactúa con autorizaciones previas, compromisos vigentes y condiciones ambientales actuales.
El foco hídrico y territorial
El agua aparece como el eje más sensible de la controversia. Los reclamantes cuestionan la disponibilidad y calidad del recurso, además de eventuales efectos sobre el manto freático y ecosistemas cercanos. El SEA, en cambio, sostiene que la evaluación descartó impactos significativos y que el caudal máximo proyectado representa una reducción frente al escenario considerado.
La discusión sobre el instrumento de evaluación también será central. Si el Tribunal estima que los antecedentes obligaban a ingresar mediante Estudio de Impacto Ambiental, la RCA podría quedar expuesta a una revisión mayor. Si confirma que la DIA fue suficiente, la aprobación ambiental mantendría su sustento, sin perjuicio de los eventuales recursos posteriores que puedan presentar las partes.
Para la industria, el caso refuerza una señal clara: las continuidades operacionales ya no son trámites de baja exposición cuando involucran agua, comunidades cercanas, áreas protegidas o cambios relevantes en procesos de beneficio mineral.
Qué observará la industria
Tras la audiencia, el Segundo Tribunal Ambiental deberá resolver si acoge o rechaza las reclamaciones contra la aprobación del proyecto. La decisión será seguida de cerca por titulares mineros, municipios y comunidades, porque puede entregar criterios sobre el estándar exigible a proyectos de continuidad operacional evaluados por DIA.
El próximo hito será la sentencia del Tribunal. Su contenido será clave para determinar si la Planta Pullalli mantiene su autorización ambiental vigente o si el procedimiento debe retroceder total o parcialmente. Para la minería regional, el punto de fondo será cómo se equilibra la continuidad de operaciones existentes con exigencias más estrictas en agua, territorio y relacionamiento comunitario.
