La sesión considera iniciativas de transmisión eléctrica, infraestructura hídrica, obras de riego y desarrollo portuario. Tras resolver esta tabla, el organismo mantendría pendiente solo un proyecto para revisión directa.
El Comité de Ministros revisará este lunes 27 de julio cuatro proyectos de inversión que, en conjunto, representan US$954 millones, en una sesión que marcará un nuevo avance en la reducción de reclamaciones ambientales pendientes dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La reunión está programada para las 16:00 horas y tendrá en tabla iniciativas ubicadas en las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana, además de un proyecto eléctrico de alcance interregional. Los expedientes corresponden a infraestructura de transmisión, seguridad hídrica, riego y capacidad portuaria, áreas estrechamente vinculadas con la competitividad de la economía y el desarrollo de actividades intensivas en energía y logística, como la minería.
Los proyectos que serán analizados son el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue–S/E Hualqui, de Mataquito Transmisora de Energía; Convento Viejo Etapa II, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas; el Terminal de Cerros de Valparaíso TCVAL, de Empresa Portuaria Valparaíso; y la iniciativa de captación y conducción alternativa en el río Maipo, presentada por Aguas Andinas.
Todos fueron evaluados mediante Estudios de Impacto Ambiental, por lo que las reclamaciones deben ser resueltas por el Comité de Ministros, instancia integrada por las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Minería, Agricultura y Energía.
Cuatro iniciativas de infraestructura estratégica
El proyecto de mayor inversión dentro de la tabla es el Terminal de Cerros de Valparaíso, TCVAL, con un monto estimado de US$500 millones. La iniciativa busca ampliar la capacidad de transferencia de carga del sistema portuario de Valparaíso, infraestructura relevante para el comercio exterior y para las cadenas logísticas que abastecen a sectores productivos.
Su revisión se origina en dos reclamaciones vinculadas con el proceso de participación ciudadana. La decisión del comité será seguida por operadores portuarios, empresas exportadoras y proveedores logísticos, debido a la necesidad de fortalecer capacidad, eficiencia y continuidad operacional en los terminales de la zona central.
El segundo proyecto por volumen de inversión es el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue–S/E Hualqui, valorado en US$324 millones. La obra, de carácter interregional, forma parte de la infraestructura necesaria para transportar electricidad entre distintos puntos del sistema y reforzar la operación de la red.
El expediente considera seis solicitudes de invalidación. Su definición resulta especialmente relevante para el sector energético, en un momento en que Chile necesita ampliar y modernizar sus redes para incorporar nueva generación renovable, reducir restricciones de transmisión y entregar mayor seguridad de suministro a hogares e industrias.
Para la minería, la expansión eléctrica no es un asunto secundario. La electrificación de procesos, el crecimiento de la desalación, el bombeo de agua a grandes alturas y la incorporación de equipos de mayor potencia están elevando la dependencia de las faenas respecto de redes robustas y contratos energéticos estables.
Agua, riego y seguridad de abastecimiento
La tabla también incluye el proyecto de captación y conducción alternativa en el río Maipo, que considera una inversión aproximada de US$80 millones. La iniciativa de Aguas Andinas busca incrementar la seguridad del abastecimiento de agua potable para la población de la Región Metropolitana.
El comité deberá revisar una reclamación presentada durante la participación ciudadana. La evaluación ocurre en un contexto donde la seguridad hídrica se ha transformado en uno de los principales desafíos de infraestructura del país, tanto para el consumo humano como para la agricultura, la industria y la minería.
Aunque el proyecto no corresponde directamente a una operación minera, su tratamiento regulatorio tiene importancia sectorial. El aumento de la competencia por el agua, la variabilidad climática y la necesidad de proteger fuentes naturales han llevado a las compañías mineras a reducir el uso de agua continental y avanzar hacia agua de mar desalada o sin desalar.
La cuarta iniciativa es Convento Viejo Etapa II, proyecto del Ministerio de Obras Públicas en la Región de O’Higgins, con una inversión de US$50 millones. El expediente comprende reclamaciones del titular y de una persona directamente afectada, dentro del mecanismo de revisión contemplado en la legislación ambiental.
Las obras asociadas a embalses y sistemas de riego tienen incidencia directa en la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y la planificación territorial. También pueden generar controversias por sus impactos ambientales, sociales y sobre los derechos de aprovechamiento, razón por la que su resolución requiere revisar tanto los antecedentes técnicos como las observaciones formuladas durante la evaluación.
Reclamaciones ambientales bajan a niveles regulares
Antes de esta sesión, el SEIA contabilizaba once proyectos con reclamaciones admitidas y vigentes, que sumaban aproximadamente US$6.646 millones en inversión. Cinco de esas iniciativas debían pasar por el Comité de Ministros y seis correspondían a Declaraciones de Impacto Ambiental, cuya revisión recae en la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
Una vez abordados los cuatro proyectos programados para este lunes, al Comité de Ministros le quedaría pendiente únicamente Aguas Marítimas, una planta desaladora proyectada por Cramsa en la Región de Antofagasta, con una inversión estimada de US$5.000 millones.
La reclamación de esa iniciativa fue declarada admisible recientemente y deberá continuar su tramitación antes de quedar disponible para la revisión ministerial. Por su magnitud y localización, será uno de los expedientes ambientales más observados por la minería y la industria del norte del país.
La Región de Antofagasta concentra una parte sustancial de la producción chilena de cobre y mantiene una creciente demanda de infraestructura hídrica. La disponibilidad de agua de mar y capacidad de conducción se ha convertido en un factor determinante para extender operaciones, desarrollar nuevos proyectos y disminuir la extracción desde acuíferos continentales.
Permisos y certeza para las inversiones
La reducción de reclamaciones pendientes no equivale automáticamente a la aprobación de los proyectos. El Comité de Ministros puede acoger o rechazar total o parcialmente los recursos, modificar condiciones o mantener las decisiones adoptadas durante la evaluación ambiental.
Sin embargo, resolver los expedientes dentro de los plazos legales permite reducir incertidumbre para titulares, comunidades, proveedores e inversionistas. La demora prolongada de una reclamación puede paralizar decisiones de financiamiento, contratación, ingeniería de detalle y adquisición de equipos, incluso cuando un proyecto ya recorrió gran parte del proceso ambiental.
Durante 2026, el comité ha mantenido una frecuencia mensual de sesiones y ha revisado veinte proyectos en ocho reuniones, correspondientes a inversiones cercanas a US$11.500 millones. La sesión de este lunes será la undécima citación ordinaria del año.
Para la industria minera, el desempeño del sistema de permisos continuará siendo una variable central. La cartera sectorial requiere no solo autorizaciones para minas y plantas concentradoras, sino también para líneas de transmisión, sistemas de agua, caminos, puertos, depósitos, obras ferroviarias y redes logísticas.
La tabla de US$954 millones muestra precisamente esa interdependencia. Ninguna de las cuatro iniciativas corresponde a una mina, pero todas se relacionan con condiciones habilitantes para la actividad productiva: energía disponible, seguridad hídrica, capacidad portuaria y planificación territorial.
El resultado de la sesión permitirá medir si el avance administrativo se traduce también en decisiones técnicamente consistentes, capaces de entregar certeza regulatoria sin debilitar la evaluación ambiental ni la participación de las comunidades.
