El presidente del directorio de Empresas CMPC sostuvo que los grandes operadores tecnológicos necesitan desarrollar sus proyectos en plazos cercanos a tres años, una velocidad que considera difícil de alcanzar actualmente en Chile. Planteó que reducir parcialmente los tiempos de tramitación no será suficiente para competir por estas inversiones.
Chile tiene condiciones energéticas y de conectividad para transformarse en un polo regional de centros de datos, pero la duración y complejidad de los procesos de aprobación de proyectos podría convertirse en una barrera para captar nuevas inversiones. Esa es la advertencia planteada por Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Empresas CMPC, quien pidió una reforma más profunda al sistema de permisos ambientales.
El empresario sostuvo que la discusión ya no pasa únicamente por mejorar la gestión administrativa o disminuir parcialmente los plazos, sino por modificar aspectos estructurales del sistema de evaluación que, a su juicio, generan incertidumbre sobre cuánto tiempo puede tardar una iniciativa antes de comenzar a operar.
La preocupación adquiere especial relevancia por el rápido crecimiento mundial de los data centers, infraestructura indispensable para servicios en la nube, procesamiento de grandes volúmenes de información y aplicaciones de inteligencia artificial.
Tres años para pasar del proyecto a la operación
Larraín situó el problema en una exigencia concreta de la industria tecnológica: el tiempo.
El ejecutivo afirmó que compañías globales como Google y otros operadores de centros de datos necesitan contar con horizontes cercanos a tres años desde el inicio de un proyecto hasta su entrada en operación, incluyendo construcción, conexiones y permisos.
Su diagnóstico es que Chile actualmente tiene dificultades para garantizar ese plazo.
“Chile es imposible que lo ofrezca tres años desde cero hasta entrar en operación del data center”, sostuvo Larraín al abordar las condiciones necesarias para competir por este tipo de inversiones.
El planteamiento apunta a una característica central de esta industria. La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está aumentando rápidamente la necesidad de capacidad de cómputo y almacenamiento, lo que obliga a los operadores a decidir con anticipación dónde instalar nueva infraestructura.
Los países no compiten únicamente mediante costos de energía, disponibilidad de terrenos o conectividad. También influye la capacidad de ofrecer certeza respecto de cuándo una instalación podrá comenzar a funcionar.
En ese escenario, Larraín consideró insuficiente una reducción de alrededor de 30% en los tiempos necesarios para aprobar proyectos. Su argumento es que una mejora gradual puede disminuir las demoras, pero no necesariamente permitiría alcanzar los plazos que requieren los inversionistas tecnológicos internacionales.
Una reforma más profunda al sistema de permisos
El presidente de CMPC sostuvo que Chile necesita intervenir la estructura del sistema y no limitar los cambios a una mayor eficiencia administrativa.
Entre sus críticas apuntó al número de observaciones que pueden recibir los proyectos durante su evaluación y al riesgo de que esas exigencias posteriormente deriven en procesos de judicialización.
Como ejemplo mencionó el proyecto minero El Abra, controlado por Freeport-McMoRan y con participación de Codelco, cuya expansión considera una inversión cercana a US$7.500 millones. Larraín afirmó que la iniciativa recibió unas 2.000 observaciones durante su evaluación, lo que obliga al titular a desarrollar estudios y preparar respuestas antes de poder continuar avanzando.
El empresario también comparó los tiempos de grandes inversiones industriales en Chile y Brasil.
Citó el proyecto Sucuriú de Arauco en Brasil, una inversión de US$4.600 millones, para sostener que ese país puede ofrecer mayor certeza en los plazos de ejecución. Lo contrastó con el proyecto MAPA desarrollado anteriormente por la misma compañía en Chile, cuya materialización demandó varios años.
Para Larraín, esas diferencias afectan directamente las decisiones de localización de capital cuando una compañía puede escoger entre distintos países.
Chile busca transformarse en un polo regional de data centers
La discusión ocurre mientras el Estado chileno intenta precisamente aumentar su participación en esta industria.
El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 fue diseñado para generar condiciones que permitan acelerar inversiones, establecer criterios regulatorios claros y consolidar al país como un centro tecnológico relevante dentro de América Latina.
Cuando se presentó esa estrategia, el Ministerio de Ciencia estimaba que Chile contaba con aproximadamente 198 MW de capacidad instalada en centros de datos, frente a apenas 35 MW en 2013. La proyección oficial apuntaba a que esa capacidad podía triplicarse durante los siguientes cinco años.
El plan identificó además 30 proyectos en diferentes etapas de desarrollo hacia 2028, con inversiones potenciales superiores a US$4.000 millones entre iniciativas tempranas y proyectos que ya estaban avanzando.
Chile dispone de factores que explican ese interés: elevada penetración de energías renovables, infraestructura de fibra óptica, conexiones internacionales mediante cables submarinos y un mercado eléctrico capaz de abastecer instalaciones de gran escala.
Precisamente la disponibilidad energética es uno de los elementos que Larraín considera una ventaja competitiva que el país podría desaprovechar si no logra reducir la incertidumbre regulatoria.
El SEA ya estableció criterios específicos para la industria
Durante 2026 también comenzaron a implementarse cambios destinados a entregar mayor claridad ambiental al sector.
En febrero entró en vigencia un criterio específico del Servicio de Evaluación Ambiental para proyectos de data centers. El documento establece lineamientos sobre sus principales instalaciones, posibles impactos ambientales, medidas de prevención y las condiciones bajo las cuales deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La medida forma parte del Plan Nacional de Data Centers y busca uniformar criterios técnicos para disminuir márgenes de discrecionalidad durante la evaluación.
La existencia de esas reglas no elimina, sin embargo, el debate sobre la duración general del sistema de permisos.
La posición planteada por Larraín es que el problema no consiste solamente en establecer procedimientos más claros para cada industria, sino en conseguir que los proyectos puedan conocer con suficiente anticipación cuánto demorarán las autorizaciones necesarias.
Una competencia que se acelera con la inteligencia artificial
El debate sobre los permisos ocurre mientras la demanda mundial por infraestructura digital continúa aumentando.
Los centros de datos requieren grandes cantidades de electricidad, conexiones robustas a las redes de transmisión y telecomunicaciones, sistemas de respaldo y soluciones de refrigeración. Eso convierte la disponibilidad energética de Chile en un activo relevante, pero también obliga a compatibilizar las nuevas instalaciones con exigencias ambientales, territoriales e hídricas.
La oportunidad, por lo tanto, no está asegurada únicamente porque exista una cartera de proyectos o interés de empresas internacionales.
La advertencia de Larraín apunta a que la competencia se definirá también por la velocidad con que los países puedan transformar anuncios de inversión en infraestructura operativa.
Para Chile, la discusión sobre permisología adquiere así una dimensión que supera a sectores tradicionales como minería, energía o industria. La velocidad del sistema regulatorio comienza también a determinar cuánto espacio podrá ocupar el país en la infraestructura necesaria para sostener la expansión de la inteligencia artificial y la economía digital durante los próximos años.
REDIMIN Responde
¿Qué desafío enfrenta Chile para atraer inversiones en centros de datos según Bernardo Larraín Matte?
Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Empresas CMPC, señala que Chile enfrenta dificultades para garantizar plazos de tres años desde el inicio de un proyecto de centro de datos hasta su operación, lo cual es una exigencia de la industria tecnológica. Considera que la duración y complejidad de los procesos de aprobación de proyectos son barreras para captar nuevas inversiones.
¿Qué propone Bernardo Larraín Matte para mejorar el sistema de permisos en Chile?
Larraín Matte propone una reforma más profunda al sistema de permisos ambientales en Chile, más allá de mejorar la gestión administrativa o reducir parcialmente los plazos. Critica el número de observaciones que pueden recibir los proyectos durante su evaluación y el riesgo de judicialización, sugiriendo que se deben modificar aspectos estructurales del sistema de evaluación.
¿Qué comparación hace Larraín entre Chile y Brasil en términos de plazos de ejecución de proyectos?
Larraín compara los tiempos de ejecución de grandes inversiones industriales en Chile y Brasil, mencionando que Brasil ofrece mayor certeza en los plazos. Cita el proyecto Sucuriú de Arauco en Brasil como ejemplo, contrastándolo con el proyecto MAPA en Chile, que demandó varios años para su materialización.
¿Qué medidas ha implementado Chile en 2026 para mejorar la claridad ambiental en proyectos de data centers?
En 2026, Chile implementó un criterio específico del Servicio de Evaluación Ambiental para proyectos de data centers, que entró en vigencia en febrero. Este documento establece lineamientos sobre instalaciones, impactos ambientales, medidas de prevención y condiciones para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como parte del Plan Nacional de Data Centers.
¿Cuál es la proyección de capacidad instalada en centros de datos en Chile según el Plan Nacional de Data Centers 2024-2030?
El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 proyecta que la capacidad instalada en centros de datos en Chile, que era de aproximadamente 198 MW, podría triplicarse en los siguientes cinco años. El plan también identifica 30 proyectos en diferentes etapas de desarrollo hacia 2028, con inversiones potenciales superiores a US$4.000 millones.
