Con 42 minutos de retraso comenzaron este miércoles los alegatos en el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, por el recurso de reclamación presentado por Andes Iron SpA en contra de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA ) por la calificación ambiental desfavorable del proyecto minero portuario Dominga, ubicado en la Región de Coquimbo.
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En la audiencia está presente el abogado y ex ministro del Trabajo del primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, quien alegará a favor del Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile (Fadechi). Es la primera vez que interviene en la causa el también expresidente del Partido Socialista (PS). Su alegato está fijado en séptimo lugar y según consta en la tabla expuesta por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo hará “en calidad de tercero coadyuvante de la parte reclamante por 30 minutos”.
La primera en abrir los fuegos fue la minera. En su alegato, el abogado Patricio Leyton, en representación de Andes Iron, sostuvo que “me resulta extraño encontrarme por tercera vez en estos estrados para referirme sobre el proyecto Dominga. ¿Cuántas veces más tendré que concurrir para que la administración cumpla con sus obligaciones legales? Es que no pedimos nada más que eso, que se cumpla la ley. Sin embargo, lo que más me cuesta creer es que el objeto de lo que tengo que alegar en esta oportunidad es si los fallos de los Tribunales Ambientales deben ser cumplidos”.
“Me parece increíble que tengamos que discutir una vez más la línea de base del proyecto. En esta oportunidad agrego que si los fallos de los tribunales ambientales no deben ser cumplidos en su integridad, nuestro Estado habrá fracasado y de alguna manera en muchas dimensiones nuestro Estado ha fallado. No voy a hablar sobre los esfuerzos financieros de mi representada, pero no puedo dejar de referirme a la presión de las comunidades locales para que se haga este proyecto, por cierto la gran mayoría de ellos presente acá en esta audiencia”, agregó.
“¿Por qué el futuro de los habitantes de La Higuera puede ser negado por una administración que se rehúsa a analizar de manera imparcial y objetiva los antecedentes del caso? No puede ser que tengamos que concurrir por tercera vez ante este Tribunal Ambiental”, enfatizó el abogado.
“Nos encontramos ante el escenario que nunca se había dado en la historia de nuestro derecho ambiental y llevamos décadas de modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en línea de disminuir la variable política, de la técnica. De hecho, recientemente el Comité para la Sustentabilidad aprobó la eliminación del Comité de Ministros, justamente por esta razón. En la práctica, seguimos entrampados por esta misma razón: lo político versus lo técnico”, añadió. Patricio Leyton, abogado de Andes Iron.
En su alegato, Leyton también recordó que fue la Corte Suprema la que ordenó conocer el fondo de la discusión y su estricta evaluación ambiental. “En razón de lo anterior, el Tribunal Ambiental de Antofagasta elaboró los elementos sustantivos y completos que debían servir de marco para que el Comité de Ministros se ajustara esta vez a la legalidad. Todo ello fue ignorado por la administración. En un intento de justificar lo injustificable, despojó al Tribunal Ambiental de la facultad de pronunciarse con efecto vinculante”, detalló.
El abogado insistió en que los impactos que generará el proyecto al pingüino de Humboldt en el islote de Totoralillo norte es susceptible de ser mitigado, debido a que “la colonia es muy pequeña”. “Debemos considerar que en Isla Chañaran hay poco más de 1.000 nidos y en Islas Choros hay casi 3.000. Por eso, 14 nidos en el islote de Totoralillo era una cifra menor en opinión del Tribunal Ambiental. En esencia, se estableció un radio de 300 metros en torno al islote y la reducción al máximo de los movimientos de personas en el muelle, de manera de evitar el ruido entrópico”, acotó.
En relación con el efecto de las luminarias en la avifauna, el jurista destacó los cumplimientos voluntarios de la minera, como un plan de seguimiento para la avifauna, estudios aplicados sobre umbrales de luz y distancia segura para las aves, y el que se procurará que el Pato Yunco sea incorporado en el Plan Recoge.
Por otro lado, reiteró que el ruido submarino también fue abordado por el Tribunal Ambiental y lo desestimó como causal de rechazo. Más aún, sostuvo que no es que no se haya evaluado, sino que se había hecho al alero de otros impactos. Asimismo, añadió que la minera se comprometió a la disminución de la velocidad de los buques, a usar motores modernos para reducir vibraciones, tener un vigía durante el proyecto, reducir al mínimo ecosondas, a no usar sonares y a medidas de difusión del impacto acústico.
La abogada Camila Contesse, que alegó en favor del SEA y calificó a Dominga como un proyecto minero por sobre 5.000 toneladas al mes, cuyas rutas marítimas fueron incorporadas recién por el proponente después de tres años de la evaluación y dos procesos de participación ciudadana. También recordó que la iniciativa ha tenido una calificación desfavorable desde marzo de 2017 a agosto de 2021, sin que esta decisión haya sido alterada por una instancia judicial.
“No es correcto que el proyecto ha contado con un constante apoyo de las instancias técnicas y judiciales como ha pretendido la parte reclamante”, dijo. También señaló que “el proyecto Dominga ha sido calificado de manera desfavorablemente por el Comité de Ministros en dos instancias en administraciones distintas”. Por lo mismo, “afirmar pura y simplemente que la decisión de rechazar el proyecto se habría determinado por razones políticas y de manera previa a la revisión de las reclamaciones, no solamente es falso, sino que pretende omitir y descartar el análisis y trabajo que realiza un equipo de excelentes profesionales con un excelente estándar técnico y jurídico, como es el departamento de recursos de reclamación de la dirección ejecutiva del SEA”.
“El proponente ha ido variando y torciendo los hechos a su favor, destacando que los pronunciamientos que le favorecen, sí fueron dictados conforme a la ley y aquellos que han ido calificando de manera desfavorable el proyecto en distinta oportunidades, simplemente habrían sido motivados por aspectos ajenos a una revisión de recursos administrativos de acuerdo al derecho”, concluyó.
