SANTIAGO.– La presión estructural sobre los recursos hídricos y la creciente concentración de proyectos mineros en el norte de Chile están acelerando un debate que hasta hace pocos años parecía marginal: la necesidad de avanzar hacia infraestructura compartida como eje de eficiencia productiva, resiliencia climática y equidad territorial. En ese contexto, la presentación reciente de dos estudios técnicos volvió a instalar el tema en el centro de la agenda pública y minera.
Los informes, expuestos ante representantes del sector público, gremios, empresas y asociaciones técnicas, apuntan a un cambio de paradigma: pasar desde inversiones aisladas hacia modelos integrados y multicliente, especialmente en sistemas de agua y desalación, donde los costos, la tramitación y la huella territorial se han vuelto críticos.
Incentivos y barreras para modelos multicliente
El primer documento, elaborado por T&T Consultores y financiado por el programa de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía, identifica las principales barreras regulatorias, económicas y de coordinación que hoy dificultan la infraestructura compartida en minería. Entre ellas destacan la falta de incentivos explícitos, la complejidad contractual entre distintos usuarios y la ausencia de criterios claros para evaluar proyectos multipropósito.
Te puede interesar
ENAMI ajusta su estructura: salida de 2 altos ejecutivos abre nueva etapa en la estatal minera
Bonos de Codelco rentan 1,09% y abren el dilema de Kast ante una deuda de US$25.000 millones
El estudio plantea un conjunto de medidas orientadas a destrabar estos obstáculos, proponiendo esquemas donde activos como plantas desaladoras, ductos o sistemas de impulsión puedan diseñarse desde su origen para abastecer a más de una operación, e incluso extender beneficios a otros usos productivos o territoriales. El objetivo es claro: reducir duplicidades, optimizar inversiones y elevar la rentabilidad social de infraestructuras intensivas en capital.
Una red hídrica integrada para el norte
El segundo informe, desarrollado por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) con apoyo del Grupo Banco Mundial y el Gobierno de Japón, profundiza en la factibilidad técnica y económica de un sistema integrado de abastecimiento hídrico para el norte de Chile.
El trabajo combina modelamiento de sistemas, evaluación económica de distintos grados de integración y una propuesta de diseño óptimo de red, considerando escenarios de estrés hídrico y cambio climático. La conclusión central es que la integración, bien planificada, puede generar eficiencias relevantes, mejorar la resiliencia operativa y reducir conflictos territoriales asociados al uso del agua.
Visión de política pública
Durante la presentación, la ministra de Minería Aurora Williams subrayó que la minería chilena ya desarrolla infraestructura de alto estándar, pero que el desafío está en pensarla más allá de cada proyecto individual. “La infraestructura compartida es una aspiración importante. La minería construye sistemas robustos y debemos buscar maneras de compartirlos, no solo por eficiencia, sino también para integrar mejor a los territorios y agilizar la evaluación de proyectos”, señaló.
Un giro estratégico inevitable
Ambos estudios coinciden en que la discusión ya no es si avanzar o no en infraestructura compartida, sino cómo y bajo qué reglas. En un escenario de mayor exigencia ambiental, escasez hídrica y presión social, la coordinación público-privada aparece como una condición necesaria para sostener la competitividad del sector.
La frase clave que cruza los análisis es clara y objetiva: la infraestructura compartida permite reducir costos, mejorar la resiliencia hídrica y generar mayor valor territorial en la minería chilena. Convertir ese diagnóstico en política efectiva será uno de los desafíos estructurales del próximo ciclo minero.
