La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia plantea reunir en una misma instancia al Gobierno y a los actores de la industria para discutir minería ilegal, contrabando, abastecimiento de insumos y el futuro marco regulatorio.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) solicitará al Gobierno la realización de una plenaria nacional que reúna a los distintos actores vinculados a la actividad minera, en momentos en que el país discute una reforma de su legislación sectorial y enfrenta problemas relacionados con informalidad, contrabando, disponibilidad de insumos y condiciones para desarrollar nuevas inversiones.
El planteamiento será formalizado el 10 de agosto y apunta directamente a la metodología utilizada en la Cumbre Nacional Minera 2026. La organización sindical cuestiona que las conversaciones estén avanzando mediante reuniones separadas entre distintos grupos y plantea recuperar una instancia conjunta donde trabajadores, empresas, cooperativas, Estado y otros sectores puedan confrontar posiciones y construir acuerdos.
El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, sostuvo que una cumbre de estas características requiere la presencia simultánea de quienes participan directamente en la minería boliviana. La organización busca llevar a esa discusión materias que considera estructurales para la actividad, entre ellas la minería ilegal, el contrabando de minerales y el abastecimiento de insumos para las operaciones.
La solicitud agrega presión a una discusión regulatoria que será determinante para el futuro de una de las principales actividades generadoras de divisas de Bolivia.
Una discusión que va más allá del Código Minero
La controversia sobre el formato de la Cumbre Nacional Minera ocurre mientras el Gobierno avanza en la elaboración de un nuevo Código Minero destinado a reemplazar o reformular aspectos del marco que actualmente regula la actividad.
El proceso comenzó en diciembre de 2025 con reuniones destinadas a identificar problemas y propuestas sectoriales. El 23 de julio de 2026 ingresó a una etapa de construcción de propuestas organizada en seis ejes temáticos, con participación de actores estatales, privados, cooperativos y sociales. La hoja de ruta contempla avanzar hacia un borrador consensuado de la nueva normativa hacia fines de octubre.
Para la FSTMB, sin embargo, el diseño de reuniones separadas puede limitar la posibilidad de observar qué posiciones están defendiendo los distintos participantes y dificultar una discusión integral sobre el modelo minero que debería adoptar Bolivia.
El debate no es menor. Las decisiones que surjan de este proceso podrían incidir durante años en áreas como exploración, otorgamiento de derechos, inversión, fiscalización, relaciones entre minería estatal, privada y cooperativa, seguridad jurídica, gestión ambiental y mecanismos de control sobre operaciones informales.
Minería ilegal, contrabando e insumos entran en la agenda
Uno de los principales argumentos de los trabajadores para impulsar una plenaria es que varios de los problemas que enfrenta la minería no pueden ser tratados únicamente desde la perspectiva de un determinado subsector.
La minería ilegal se ha convertido en un problema económico, ambiental y de control territorial en distintas zonas del país. Su expansión compite con operaciones formalizadas, reduce la trazabilidad de la producción y dificulta el control sobre obligaciones tributarias, laborales y ambientales.
A ello se suma el contrabando de minerales y el denominado “juqueo” o robo de mineral desde operaciones formales, problemática particularmente sensible para determinadas faenas estatales.
La FSTMB también quiere incorporar al debate el abastecimiento de insumos. La actividad minera depende de combustibles, explosivos, reactivos, maquinaria, repuestos y componentes importados, por lo que las restricciones logísticas o financieras pueden trasladarse rápidamente hacia costos operacionales y continuidad productiva.
La discusión ocurre, además, después de meses de tensión económica y social en Bolivia, con protestas y bloqueos que afectaron el transporte, el suministro de combustibles y el funcionamiento de distintas actividades productivas durante 2026.
Un sector que ganó peso económico
El llamado de los trabajadores adquiere mayor relevancia por el peso que está alcanzando la minería dentro de la economía boliviana, especialmente frente a la pérdida de protagonismo de los hidrocarburos.
Durante 2025, el valor de la producción minera del país alcanzó US$7.941,2 millones, mostrando un fuerte incremento respecto de los US$5.730,2 millones registrados durante 2024. La actividad estuvo impulsada por minerales como oro, zinc, plata, estaño y plomo, junto con mejores cotizaciones internacionales para varios metales.
Solo entre enero y septiembre de 2025, el valor de la producción había llegado a US$5.349,7 millones, un aumento de 24,4% frente al mismo período del año anterior. Potosí, La Paz y Oruro continuaron concentrando una parte significativa de la actividad minera, aunque otras regiones también registraron operaciones y crecimiento sectorial.
La tendencia se mantuvo entrando a 2026. En enero, las exportaciones totales de Bolivia alcanzaron US$965 millones y las ventas externas asociadas a extracción de minerales aumentaron 7%, reforzando el papel del sector en la generación de moneda extranjera.
Estas cifras explican por qué cualquier cambio regulatorio tiene una dimensión que trasciende a las propias operaciones mineras. Bolivia necesita ingresos externos y nuevas inversiones productivas, mientras busca estabilizar una economía afectada por restricciones de divisas, problemas de abastecimiento y menor capacidad del sector de hidrocarburos para sostener las exportaciones.
Inversión y reglas para una nueva etapa minera
Uno de los desafíos centrales para Bolivia será convertir el actual ciclo favorable de precios de los minerales en una expansión sostenida de exploración, construcción de proyectos y producción.
El país dispone de una larga base productiva en zinc, plata, estaño, oro y plomo, además del potencial asociado al litio y otros minerales estratégicos. Sin embargo, el desarrollo de nuevos proyectos requiere plazos de inversión largos y reglas suficientemente predecibles para financiar exploración, estudios ambientales, infraestructura y construcción.
Por esa razón, el nuevo Código Minero será observado tanto por trabajadores como por cooperativas, empresas privadas, compañías estatales, comunidades y potenciales inversionistas.
La discusión sobre una plenaria abre así una segunda dimensión dentro del proceso regulatorio: no solo qué normas tendrá Bolivia, sino también cómo se construyen los acuerdos entre actores que operan bajo modelos productivos y económicos muy distintos.
La FSTMB busca que las definiciones sobre el futuro de la actividad no queden fragmentadas en mesas sectoriales independientes y plantea transparentar las posiciones frente a temas especialmente sensibles, desde la minería ilegal hasta el tipo de desarrollo productivo que debería priorizar el país.
Qué observará ahora la industria
El primer punto será la respuesta del Gobierno a la solicitud que los trabajadores tienen previsto presentar formalmente el 10 de agosto.
Si se abre una plenaria nacional, el proceso podría convertirse en una instancia para confrontar directamente las propuestas de minería estatal, privada, cooperativa y asalariada antes de que quede consolidado el borrador del nuevo Código Minero.
Si el Ejecutivo mantiene la metodología de reuniones diferenciadas, la discusión continuará mediante mesas y encuentros sectoriales mientras se acerca el plazo previsto para disponer de una propuesta normativa hacia fines de octubre.
En ambos escenarios, Bolivia enfrenta una definición relevante: transformar el actual peso económico de la minería en una política capaz de generar inversión, producción formal, empleo y mayores ingresos públicos, al mismo tiempo que fortalece el control sobre actividades ilegales y reduce las fricciones que hoy afectan al sector.
La disputa por el formato de la cumbre refleja, en el fondo, una discusión más amplia sobre cómo organizar la próxima etapa de la minería boliviana y qué espacio ocuparán trabajadores, Estado, empresas y cooperativas en ese proceso.
