El recorrido en el Salar de Surire se extendió durante dos días y que abarcó 10 puntos de observación.
El Primer Tribunal Ambiental realizó un recorrido de dos días por el Salar de Surire y las instalaciones de la planta El Águila de la empresa Quiborax. Esta diligencia judicial fue decretada en el marco de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), debido a lo que podría ser una afectación significativa al salar.
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La inspección personal del tribunal estuvo a cargo de los ministros Marcelo Hernández Rojas y Alamiro Alfaro Zepeda, quienes dirigieron el extenso recorrido que se extendió durante dos días y que abarcó 10 puntos de observación.
“Los principales aspectos observados fueron los distintos frentes de trabajo que la empresa tiene en el lugar, así como la realidad de este salar, de las lagunas y las especies que lo habitan”, manifestó el ministro Alfaro Zepeda.
En tanto, el ministro Marcelo Hernández explicó que pudieron verificar el proceso de extracción de ulexita y cómo esta actividad, junto con todo el proceso productivo, interactúa con los sistemas biológicos y ecosistemas del salar.
“Pudimos conocer el contexto territorial, comunidades indígenas, sistemas productivos de Quiborax, así como el ecosistema que sustenta la cadena trófica de los flamencos (especies carismáticas) del Sitio Ramsar y Monumento Natural Salar de Surire”, comentó el ministro Hernández.
Visitas inspectivas
Para el tribunal la diligencia judicial, como explicó el ministro Hernández, “es de mucha relevancia para conocer in situ los elementos de contexto territorial, ecosistémico y productivo en el Salar de Surire que están siendo demandados para la reparación del medioambiente”.
En esta oportunidad, contó con la participación de más de 40 personas, entre ellas funcionarios de diversos servicios públicos convocados por el 1TA, ya que de acuerdo con lo señalado por el ministro Alfaro, “el tribunal en sus inspecciones puede requerir el apoyo de distintos servicios públicos para que ilustren sobre las distintas materias de su competencia”.
Además, el tribunal requirió la asistencia de parte de personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente (Bridesma) de la Policía de Investigaciones y también de la Seremi de Medio Ambiente, todos de la Región de Arica y Parinacota. También estuvieron presentes miembros de la Comunidad Ancestral de Salar de Surire y Caracota, quienes al iniciar la visita realizaron una ceremonia denominada “Pawa”, a través del cual se solicitó permiso y bendición a la Pachamama (tierra) para la mejor realización de la actividad.
Fuente: Reporte Minero
