Santiago.— A pocas semanas de la entrada en vigencia de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), representantes de la pequeña y mediana minería encendieron las alarmas ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, advirtiendo posibles impactos regulatorios, económicos y territoriales que, a su juicio, amenazan la viabilidad de múltiples proyectos productivos.
La discusión se dio en un momento clave, considerando que el nuevo marco institucional comenzará a operar plenamente en febrero próximo, incorporando no solo el SBAP, sino también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Este nuevo esquema busca fortalecer la conservación de la biodiversidad, pero desde el sector minero de menor escala sostienen que su aplicación genera incertidumbre jurídica y operativa.
Durante la sesión expusieron Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera Antofagasta, junto a Patricio Gatica y Juan Carlos Urquidi, del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G. Este último fue especialmente crítico respecto del alcance de la normativa y sus reglamentos.
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Urquidi sostuvo que la ley entrega amplias facultades al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y al Ministerio del Medio Ambiente, permitiendo —según su interpretación— declarar extensas zonas del territorio como áreas protegidas, prioritarias, degradadas o de restauración ecológica, sin criterios técnicos suficientemente claros. A su juicio, ello podría derivar en la “congelación” de grandes superficies del país, afectando incluso derechos previamente adquiridos y propiedades privadas.
Desde la perspectiva de la pequeña y mediana minería, este escenario implicaría un aumento significativo de los costos de transacción y de cumplimiento ambiental, golpeando con mayor fuerza a operaciones de menor escala, que no cuentan con la espalda financiera ni los equipos técnicos de la gran minería. Además, advirtieron que los efectos no se limitarían al sector minero, sino que podrían extenderse a actividades como la construcción, la agricultura, la energía, el sector sanitario, forestal y pesquero.
Uno de los puntos más sensibles planteados en la comisión fue la posibilidad de que la nueva institucionalidad permita revisar o modificar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) ya otorgadas, incorporando nuevas exigencias, compensaciones ambientales o planes de manejo como condición para la continuidad de proyectos en operación. Para los representantes gremiales, esta situación introduce un riesgo relevante para la certeza regulatoria del país.
La sesión estuvo marcada también por la ausencia de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien se excusó de asistir. Frente a ello, parlamentarios señalaron la necesidad de que el Ejecutivo entregue aclaraciones formales que permitan distinguir si las aprensiones del sector responden a deficiencias de la ley propiamente tal o a la forma en que se están diseñando sus reglamentos.
No obstante, desde la comisión se recordó que durante la tramitación legislativa de la Ley SBAP participaron múltiples organizaciones y actores, sin que se manifestaran advertencias de la magnitud expuesta ahora. En ese contexto, se destacó que el Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G. fue constituido recién en octubre de 2025, precisamente como reacción a los efectos que el sector estima que tendrá la nueva normativa.
En paralelo, la Comisión de Medio Ambiente despachó a la Sala el segundo informe del proyecto que prohíbe temporalmente la importación de plásticos de un solo uso, reforzando una agenda ambiental que avanza mientras persisten tensiones con sectores productivos que piden mayor certeza y gradualidad en la implementación regulatoria.
